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8 de septiembre de 2013
2:31 p.m. Modificado: 6:24 p.m. Política
 

Exigen que se tome acción sobre la limpieza de muralla histórica

PNP pidió que se fijen responsabilidades tras realizar las obras sin permiso del ICP

 

Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com

A dos semanas de la limpieza de una de las murallas históricas del Viejo San Juan con una máquina de presión, líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) criticaron este domingo el silencio de la administración de Alejandro García Padilla respecto a las obras realizadas sin el permiso de las entidades correspondientes, y exigieron que se tome acción inmediata contra los responsables.

El director ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, mostró copia de alegados correos electrónicos entre el personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) que demuestran que, luego de los trabajos de limpieza, la directora designada de esa entidad, Lilliana Ramos Collado, fue advertida de que fueron ejecutados sin permiso y sin seguir los protocolos de manejo de propiedades históricas, en violación de leyes federales y estatales.

La limpieza que eliminó toda la capa protectora que, por siglos, se extendió a lo largo de la muralla fue promovida a iniciativa del administrador de La Fortaleza, Harold González, sin el consentimiento del ICP ni de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH).

"Aquí está claramente -en la comunicaciones- que están avisados, de que se violaron reglamentos y leyes federales, y el gobernador no ha dicho ni esta boca es mía. El gobernador, ya es hora de que coja con seriedad estos asuntos", argumentó Dávila durante una rueda de prensa en la sede del PNP, en Hato Rey.

"El gobernador sabe que se violaron la leyes, lo que no ha permitido es que se actúe y que se le imponga responsabilidad a los que actuaron en contra de la ley", añadió el director ejecutivo de la colectividad en compañía de los representantes Jenniffer González, Jorge Navarro Suárez y José "Nuno" López.

No fue posible obtener una reacción inmediata de La Fortaleza, pero Ramos Collado negó en declaraciones escritas que se haya violentado algún estatuto.

La designada titular del ICP anticipó que, en las próximas semanas, el Gobierno adoptará un “protocolo único” que permita a las agencias actuar de manera integrada en el mantenimiento y conservación de la zona amurallada del caso antiguo de la capital.

“El propósito de este nuevo protocolo es minimizar las diferencias de interpretación entre las agencias concernidas en cuanto a los métodos de conservación, restauración y mantenimiento de este bien patrimonial, así como a los procedimientos de aprobación de permisos para efectuar dichas obras”, explicó.

Ramos Collado enfatizó que ninguno de los funcionarios que intervino en el caso de la muralla contigua a la mansión ejecutiva violó alguna ley, ni ha ocultado información, ni ha actuado de forma contraria al interés público.

Por su parte, la representante González precisó que el gobierno de García Padilla incumplió con la ley que en el 2000 creó la OECH, agencia responsable de la conservación y mantenimiento de los monumentos históricos. De igual forma, la expresidenta cameral dijo que se violentó el National Historic Preservation Act de 1966 que dio base a la creación de la entidad estatal que ejecuta la política para proteger las propiedades con valor histórico.

Asimismo, la portavoz de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes dijo que esta administración ha sido negligente en la coordinación de esfuerzos para la conservación de recursos arqueológicos, no ha brindado apoyo a las agencias estatales ni federales en esas tareas, y no ha adoptado una política efectiva para la preservación de estructuras históricas, a pesar de que el programa de gobierno del Partido Popular Democrático incluye ese asunto entre los compromisos de campaña.

"Aquí hay una responsabilidad directa del gobernador de Puerto Rico y los funcionarios a cargo de la preservación histórica de actuar, ejecutar en el cumplimiento de los reglamentos y las disposiciones federales y locales sobre esta ley (de la OECH). No he visto que se hayan tomado acciones concretas para evitar que esto vuelva a ocurrir y castigar a aquellos que han incumplido con la ley", puntualizó González.


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