Piden información de plana mayor de la Rama Judicial y familiares
Por israel Rodríguez Sánchez / israel.rodriguez@elnuevodia.com
La pesquisa del Senado sobre el uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial, centrada en el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, se extiende a sus antecesores en esa silla, José Andreu García y Miriam Naveira Merly, confirmó ayer El Nuevo Día.
La ampliación de la investigación se desprende de un requerimiento de información -de 12 páginas- que le hizo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura del Senado, Roger Iglesias, a la directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez Colón, que menciona con nombre y apellido a los tres juristas.
“Se le apercibe que la incomparecencia de una persona y/o falta de producción de documentos y/o información debidamente citada podrá ser referida al Departamento de Justicia para la formulación de acusaciones correspondientes y/o se podrá acudir al Tribunal General de Justicia para ordenar la producción de la misma, so pena de desacato”, lee el requerimiento en poder de este diario, firmado por Iglesias el 25 de enero pasado.
La OAT tiene hasta mañana para entregar toda la información, que incluye documentos sobre los vehículos y escoltas que brindan o brindaron servicio al juez presidente y los jueces asociados del Supremo, la directora de la OAT, al juez administrador del Tribunal de Apelaciones y a los jueces administradores de las regiones judiciales y a sus familiares desde el 1997 al presente.
Sin embargo, el requerimiento dedica cuatro apartados para solicitar información precisa sobre Hernández Denton, Andreu García, Naveira Merly, Vélez Colón y sus cónyuges.
Específicamente, el Senado solicitó a la OAT copia de toda norma, resolución, memorando, orden, directriz y documentación relacionada con la utilización de personal adscrito a la oficina del juez presidente y otras dependencias para brindar transportación y seguridad a la esposa de Hernández Denton, Isabel Picó.
Esa misma información se requirió sobre el esposo de Naveira Merly y la esposa de Andreu García, con relación al periodo en que ambos exjueces ocuparon la presidencia del alto foro. Pero la única cónyuge mencionada por su nombre y apellido fue Picó.
Asimismo, se solicitó la lista de vehículos de motor adscritos a la oficina del juez presidente, su Negociado de Servicios Administrativos, al Tribunal General de Justicia y la OAT movilizados para ofrecer transportación a los cónyuges de Hernández Denton, Andreu García, Naveira Merly y Vélez Colón.
“Esperamos cumplir”
En cuanto a la fecha límite para entregar la documentación, un portavoz de la OAT indicó a preguntas de este diario que “se está trabajando y se espera cumplir a tiempo con el requerimiento”.
No fue posible obtener ayer una reacción de Naveira Merly, quien se encuentra de vacaciones fuera de Puerto Rico, ni de Andreu García. El matrimonio Hernández Picó reaccionó indignado la semana pasada cuando trascendió que uno de los focos de la pesquisa senatorial se había movido a la esposa del juez presidente.
El extenso requerimiento también pide copia certificada de todos los contratos de la oficina del juez presidente con el ex fiscal especial independiente (FEI) César López Cintrón y de todos sus asesores del 2004 al presente.
Hernández Denton juramentó como juez presidente del Supremo en agosto de 2004.
El requerimiento del Senado exige, a su vez, a la OAT copias certificadas de los contratos de la oficina del juez presidente con los bufetes Fidler, González & Rodríguez, McConell Valdés, O’Neill & Borges, Goldman, Antonetti & Córdova y Pietrantoni, Méndez & Álvarez desde 1997, así como expedientes administrativos de casos judiciales específicos, entre muchos otros.
La pesquisa del Senado surgió a raíz de una querella que presentó ante el Departamento de Justicia el alguacil Alejandro Oyola Pérez en diciembre pasado, imputándole al juez presidente Hernández Denton utilizar vehículos y escoltas para beneficio personal de familiares suyos.
Oyola Pérez alegó, además, que Hernández Denton pagó la celebración de su aniversario de bodas número 40 con fondos públicos de la Rama Judicial. La evidencia de los pagos de esa celebración con fondos privados del matrimonio Hernández Picó, que ya ha trascendido públicamente, también fue solicitada por el Senado a la OAT.
A raíz de estas investigaciones fue que la OAT contrató en enero a López Cintrón para que realizara una pesquisa independiente sobre el uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial.
Pero esa encomienda no se llevó a cabo porque la mayoría de los jueces del Supremo ordenó a Vélez Colón rescindir el contrato de López Cintrón y creó un reglamento para realizar pesquisas de ese tipo. Ese choque ha desembocado en una crisis constitucional.
Continúan las vistas
Mientras, tanto, la investigación del Senado sobre la Rama Judicial se reanuda hoy con la comparecencia de los alguaciles Miguel Pérez y Miguel Hernández en una vista a puerta cerrada.
El proceso se llevará a cabo bajo nuevos cuestionamientos de los miembros del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, quienes exigen que Iglesias y la mayoría senatorial les entreguen un plan de trabajo completo sobre la pesquisa, como se acordó en el tribunal la semana pasada.
“Yo voy a estar solicitando que se nos entregue un verdadero plan de trabajo, que tenga fechas, horas, días. Un plan de trabajo que contenga algo”, expresó el senador popular Eduardo Bhatia, quien es miembro de la comisión.
Agregó que se ha enterado de un “montón” de requerimientos que ha hecho el Senado sin haberlos informado a la minoría popular en la comisión.
“Nada, nada”, repitió Bhatia cuando se le preguntó qué información tenía sobre la vista que se celebrará hoy. “Si ellos no tienen más nada, algo de trasfondo, entonces es una improvisación que están haciendo con cada testigo”, dijo.
