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14 de septiembre de 2012
4:28 p.m. Modificado: 4:48 p.m. Calidad de vida
 

Falla el gobierno en implementar con efectividad la Ley 54

Mujeres señalan que se está confrontando una interpretación un tanto restrictiva en cuanto al alcance de la ley y a las personas que protege

 
María Dolores Fernós, Esther Vicente y Mercedes Rodríguez
María Dolores Fernós, Esther Vicente y Mercedes Rodríguez en un panel organizado por la Coordinadora Paz para la Mujer sobre la Ley 54. (JOSE RODRIGUEZ@GFRMEDIA.COM)

Por Alex Figueroa Cancel / alex.figueroa@gfrmedia.com

Qué no se culpe a la Ley 54 por la alarmante cifra de mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género en Puerto Rico.

Así lo manifestaron líderes que defienden los derechos de la mujer, quienes coincidieron en que la Ley 54 de Violencia Doméstica sigue tan vigente hoy como cuando se creó hace 23 años, a pesar de la cantidad de casos que se han registrado recientemente en Puerto Rico.

En un panel organizado por el grupo Coordinadora Paz para la Mujer sobre la Ley 54, la exprocuradora de las Mujeres, María Dolores Fernós; la sicóloga Mercedes Rodríguez y la licenciada Esther Vicente -quien participó en la redacción de la ley- señalaron que el fallo en la efectividad de la disposición legal está en los responsables de implementarla.

"La Ley 54 ha funcionado. Estamos mejor con ella que sin ella", sostuvo Vicente. "Muchas mujeres se han beneficiado de las disposiciones de la ley y los remedios que provee".

"Lo que estamos confrontando es una interpretación un tanto restrictiva en cuanto al alcance de la ley y cuanto a las personas que protege", agregó. "También hay una falta de coordinación entre las diversas agencias del Gobierno que tienen funciones que realizar para conseguir el funcionamiento de la ley, para que sea más ágil y adecuado para que proteja a todo el mundo".

19 mujeres han muerto en incidentes violencia de género

Según las estadísticas oficiales de la Policía de Puerto Rico, un total de 13 mujeres han muerto en incidentes de violencia de género en lo que va de este año. Sin embargo, de acuerdo a la organización Coordinadora Paz para la Mujer, han sido 19 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas. La diferencia en las cifras, según la organización, son los criterios que utilizan ambos grupos para considerar el crimen como uno de violencia de género.

Para Fernós, el avance que significó la Ley 54 es indudable, al señalar que cuando fue aprobada en 1989, la incidencia estudiada apuntaba a que 40 mujeres eran asesinadas por sus parejas cada año, aunque las estadísticas de las autoridades no mostraban dicho análisis.

Fernós recordó que al entrar como la primera Procuradora de las Mujeres en 2001, se inició un largo proceso de varios años en el que se revisaron y establecieron protocolos, reglamentos y manuales de diversas agencias de Gobierno con el propósito de que se cumpliera con la protección que contempla la Ley 54. En la actualidad considera que se ha bajado la guardia en la labor de fiscalizar el que se cumpla con esos recursos y entiende que los despidos por la Ley 7 afectaron los servicios de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

"Para implementar una legislación, hace falta un personal adiestrado, con sensibilidad y que sepa lo que tiene que hacer. A esos efectos, para eso son los adiestramientos. No pueden ser dos horas una vez al año", sostuvo Fernós. "Tiene que haber supervisión. De lo contrario, para qué sirven los manuales y los protocolos… todo lo que se ha trabajado para que haya coordinación efectiva en la manera en que se atienden los casos".

Además se introdujeron algunas enmiendas y se eliminaron "muchos programas de desvío que no servían para nada", añadió.

"Al volver a la cátedra, me entero que hay una larga lista de programas de desvío. Hay que ver si se está velando por el funcionamiento de esos programas", dijo Fernós. "Y las mujeres necesitan querellarse. No pueden quejarse, ellas (las víctimas) y las personas que están con ellas, tienen que hacer las querellas cuando entiendan que algún policía, fiscal o juez no ha atendido su caso como debe o con la sensibilidad requerida".

Fernós señaló que igual de importante para el funcionamiento de la ley es que exista "voluntad política".

"El tema se tiene que entender como algo de ciudadanía. Aquí se discute la criminalidad y no se menciona la criminalidad contra las mujeres y las están matando todos los días. Esto tiene que estar incluido", apuntó. "En todo el mundo se sabe que cuando en una sociedad aumenta la violencia, sube la violencia contra las mujeres y los grupos desprotegidos".

Para Vicente, la Ley 54 sufrió varios golpes desde 2003, cuando el Tribunal Supremo interpretó "de forma restrictiva" su alcance. Mencionó una opinión que "dejó sin protección a las personas que sufren violencia por parte de personas del mismo sexo", precedente que considera que debe ser impugnado en la Corte Suprema de Estados Unidos por considerarlo inconstitucional bajo la igual protección de las leyes.

"El problema con las interpretaciones que fue haciendo el Tribunal Supremo es que interpretó que el propósito de la Ley 54 es proteger a la familia, cuando en Puerto Rico por familia se entiende que es el matrimonio entre un hombre y una mujer", dijo Vicente. "En ningún sitio en la ley se habla de familia, de hombre o mujer. La Ley 54 tampoco habla de proteger a la pareja, sino para proteger a las personas que sufren violencia dentro de relaciones de pareja".

"A partir de esas interpretaciones, que han venido del más alto foro de Puerto Rico, otros funcionarios del sistema de justicia han bajado un poco la guardia. Por eso, el movimiento de mujeres y de personas que trabajan con víctimas de violencia está de nuevo reclamando que se implante la ley de forma adecuada y no discriminatoria", consignó.

Por su parte, Rodríguez considera que las protecciones que ofrece la Ley 54, en gran medida, fallan en llegar a sectores de la sociedad alejados de las autoridades, tanto por ubicación geográfica, como demográfica.

"Es increíble que hoy el Estado tenga tanta información de estos casos y no pueda hacer más", expresó Rodríguez.

La sicóloga entiende que el Gobierno tiene la responsabilidad de corregir las fallas en la implementación de la Ley 54 y que los remedios pueden depender de que las mujeres sometan querellas contra los funcionarios que fallen en su deber.

"Tiene que haber otras rutas", indicó. "La ley no ha llegado a muchos lugares de Puerto Rico. Me refiero a mujeres que viven en la ruralía y a mujeres de mayor edad… Si no ha llegado, tenemos buscar de qué manera hacemos que llegue. Hay un Puerto Rico aislado, sin transportación y mujeres en condición de pobreza… Para esos sectores hay que poner unos apoyos diferentes porque han estado en total desamparo".

La discusión en el panel estuvo matizada por la reciente ola de incidentes en los que mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Solamente entre junio y agosto de este año, 10 mujeres fueron asesinadas, según datos de Coordinadora Paz para la Mujer.

"Es una pregunta difícil, si las mujeres están más protegidas hoy", manifestó Vilma González Castro, coordinadora general de la organización. "Para nosotras, mientras sigan habiendo muertes (de mujeres) y no puedan acceder a los servicios, no va a ser suficiente".

"Aunque si bien es cierto que hay un conocimiento más generalizado que da protección en situaciones de violencia doméstica, nunca vamos a estar satisfechos hasta que no exista más violencia", afirmó. "Aunque existe la ley y se ha avanzado mucho, hay asuntos que debemos seguir señalando".

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