Oposición de jueces asociados no la detiene
Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com
La pugna entre facciones del Tribunal Supremo alcanzó ayer su punto más álgido cuando los jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) tildaron de “altamente sospechosa e inoportuna” la pesquisa ordenada por la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT).
Mientras, el juez presidente Federico Hernández Denton y Sonia Vélez, jueza administradora de los Tribunales, se mantuvieron firmes en que el ex fiscal especial independiente César López Cintrón realizará una extensa investigación sobre el uso de los recursos en la Rama Judicial, incluido el Tribunal Supremo.
“El contrato (del exfiscal López Cintrón) no se va a rescindir”, expresó la OAT en respuesta a la reacción de los jueces asociados.
La pesquisa comisionada por la OAT surge a raíz de la querella que presentó el alguacil auxiliar Alejandro Oyola Pérez ante el Departamento de Justicia en contra de Hernández Denton, a principios de diciembre pasado.
El alguacil alega uso que el hijo de Hernández Denton utilizó para asuntos personales el vehículo oficial del juez presidente y que a él se le pagó por los servicios de chofer. Hernández Denton ha rechazado las imputaciones.
Jueces con grito en el cielo
Tras enterarse por El Nuevo Día de la investigación que realizará López Cintrón, los jueces asociados Mildred Pabón Charneco, Rafael Martínez, Erick Kolthoff, Edgardo Rivera, Roberto Feliberti y Luis Estrella -nombrados por el gobernador Luis Fortuño- expresaron ayer tarde en una declaración conjunta que la pesquisa podría interferir con las investigaciones que realizan el Departamento de Justicia y el Senado sobre las alegaciones de Oyola Pérez contra Hernández Denton.
“Ante las serias imputaciones que confronta el juez presidente Federico Hernández Denton, resulta altamente sospechosa e inoportuna la contratación de un ex fiscal especial independiente para realizar una investigación a razón de $200 la hora hasta un máximo de $100,000 en seis meses”, declararon los jueces asociados.
Cuestionaron el gasto “en momentos en que los empleados de la Rama Judicial le exigen justicia salarial y se alega por parte de la OAT falta de recursos”.
Agregaron que la pesquisa podría hacer daño a la Rama Judicial. “Nuestro deber ministerial es velar por la transparencia y la corrección de todos los procesos administrativos en nuestra rama. No es apropiado realizar transacciones con fondos públicos para interferir con procesos legítimos e investigativos de otras ramas de Gobierno”, dice el escrito.
Además añaden que “es de conocimiento general que varios alguaciles y otros funcionarios han testificado en dichos procesos, los cuales están en curso al presente”.
Por su parte, las juezas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta, nombradas por el Partido Popular Democrático, no se expresaron sobre la controversia.
La OAT indicó que escogió al abogado López Cintrón por su peritaje. Sin embargo, es de conocimiento público las fuertes controversias entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y López Cintrón por las investigaciones que este realizó contra líderes del PNP cuando fungía como FEI.
