• Se propone establecer una política energética basada en servicios distribuidos, eficiencia y mantenimiento preventivo de los sistemas. Estos principios también deben aplicar a los recursos acuíferos y a los combustibles para transportación.

• Establecer al menos un 15% de recursos renovables en nuestra cartera energética que incluya: energía solar, termal, eólica y biomasa, así como el uso de productos financieros conocidos como certificados en energía renovable, que son créditos por la inhibición en la generación de gases de invernadero.

• Permitir el ofrecimiento de venta de energía verde generada por residentes, comerciantes y municipios que estimule la adopción de fuentes de energía alternas.

• Se propone revisar la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para promover la adopción de estas propuestas a base del interés público a largo plazo, en lugar de que sean los intereses de corto plazo de la corporación los que dicten la política energética.