• Fijar responsabilidades más significativas a los proponentes cuando un proyecto no cumple con los fines para los cuales fue creado, como lo ha sido la tarjeta inteligente de la salud.

• Establecer un tope máximo para los gastos de publicidad en todas las dependencias del gobierno, así como reducir en un 50% los gastos de actividades oficiales.

• Limitar los viajes oficiales pagados con fondos públicos a menos que el viajero sea un experto en la materia y que, a su regreso, rinda un informe que se espera sea de gran beneficio para la ciudadanía.

• Obligar la divulgación masiva de las transacciones de contratos y compraventa del erario para que la ciudadanía pueda reaccionar a los mismos e identificar posibles actos impropios.

• Establecer o mejorar afiches permanentes en todas las agencias del gobierno sobre la ética, responsabilidades y penalidades en el manejo de fondos públicos para que sean visibles, y referencias constantes para servidores públicos y ciudadanos.

• Desarrollar un proceso de reingeniería laboral mediante el cual un comité analice las necesidades, aumentos y desempeño de los empleados públicos, para eliminar no solamente a quienes fueron reclutados/as por razones políticas, sino a muchos/as empleados/as gubernamentales que no rinden su labor.

• Eliminar los estipendios a los/as funcionarios/as de alto rango y a los legisladores/as, y que no puedan aumentar su compensación y beneficios por sí mismos.