• Se propone descriminalizar y legalizar las drogas.

• El mandato constitucional para la rehabilitación debe concretarse, estableciendo alternativas al encarcelamiento (como proveer tratamiento) para ofensores a la Ley de Drogas que no hayan cometido actos violentos, asignando recursos fiscales y humanos para proveer servicios en las cárceles dirigidos a la rehabilitación (trabajo social, adiestramiento laboral). Además, se debe procurar que los/as confinados/as en áreas de seguridad mínima puedan trabajar en labores agrícolas o en otros sectores como medida para reintegrarse a la comunidad. Además, que se le ofrezca incentivos a todo patrono que emplee a personas rehabilitadas que tengan antecedentes penales.

• Iniciar un plan de trabajo que conlleve mayores responsabilidades para el/la reincidente. Este modelo está basado en un concepto de integración a la comunidad del/la reincidente. Este modelo se ha utilizado en varios lugares con buenos resultados.

• Desarrollar un modelo de rehabilitación basado en la integración a la comunidad en etapas que incluyen evaluación multidisciplinaria, educación y solidificación económica, entre otras.

• Crear, mediante legislación, incentivos económicos en el sector privado para el reempleo de adictos/as a drogas que se hayan rehabilitado, como medida de tratamiento y para la prevención de la reincidencia.