Frío olímpico con los viajes

El proyecto de la Cámara que pretende prohibirle a los funcionarios del gobierno viajar junto a las delegaciones deportivas pagados por el Comité Olímpico podría abrir la puerta para limitar otro tipo de viajes costeados por entidades que también reciben dinero del Fondo General.

La medida aprobada esta semana en el Senado, busca eliminar el posible conflicto de que funcionarios gestionen donaciones para el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) y luego pidan viajar como “invitados” para observar a los atletas boricuas cuando estos juegan fuera de la Isla.

Pero una frase en la medida, que estipula que tampoco se permitirán viajes pagados por otras entidades, levanta duda sobre la verdadera intención del proyecto.

Para la Asociación de Alcaldes, única entidad que se opuso, la iniciativa es una intromisión sobre un asunto como los viajes de los funcionarios públicos que ya son regulados por la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.

Opuestos los alcaldes

Para Josean Santiago, presidente de los alcaldes asociados y alcalde de Comerío, ya existen leyes y ordenanzas municipales que regulan la manera en que los funcionarios pueden viajar con fondos públicos o costeados por organizaciones privadas.

“Además hay que rendir informes y esos gastos son auditados por la Oficina del Contralor”, destacó.

“Le estás poniendo un escollo a iniciativas legítimas y genuinas que puedan haber, como los viajes que auspician las universidades sobre distintos proyectos que puedan servir para el beneficio del país”, sentenció el alcalde.

Santiago señaló, por ejemplo, que tanto él como otros alcaldes han viajado invitados por el Sistema Universitario Ana G. Méndez para estudiar el modelo de ciudad de Curitiba en Colombia para evaluar su implantación en la Isla.

“Esos viajes, que podrían tener un beneficio para el país, ¿se van a prohibir también?”, cuestionó Santiago.

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez favoreció, la intención de la medida pero no la penalidad que propone.

“Eso no, está muy exagerado”, dijo Rodríguez.

El proyecto de la Cámara 926 estipula que la violación al estatuto será considerado un delito grave de cuarto grado. La medida ha provocado reacciones encontradas por parte de otros alcaldes.

“Eso es exagerado”, dijo la ejecutiva municipal.

José Avilés, alcalde de Moca, por su parte, no avaló la medida al señalar que “es importante que los funcionarios públicos que sirven al país puedan asistir a estos lugares”.

“No es que el funcionario lleve una delegación de 25 personas pero se debe dar la oportunidad para que algunas personas puedan evaluar el trabajo que se hacen en otros lugares”, dijo Avilés, quien coincidió en que la penalidad que establece la medida no guarda relación con lo que propone.

Mientras, el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, favoreció la medida por entender que los fondos deben ser destinados solo para los atletas.

La excontralora Ileana Colón Carlo señaló que este tipo de medida trata de legislar la moral y la ética de los funcionarios públicos en lugar de establecer criterios rigurosos para regular esas conductas.

Fin a una costumbre

El proyecto es iniciativa del representante novoprogresista Pedro “Banchy” Cintrón, quien el pasado cuatrienio investigó los alegados malos manejos presupuestarios y administrativos por parte del entonces presidente, COPUR, Héctor Cardona.

En ese entonces salió a relucir que el COPUR pagó los gastos de viaje de varios funcionarios públicos y legisladores para que fueran de invitados a distintos eventos deportivos. Cardona siempre alegó que esos viajes eran costeados con los fondos privados que recibe el COPUR.

Tras la investigación Cintrón radicó una medida similar que no fue aprobada en el Senado. Al comenzar este cuatrienio, Cintrón volvió a radicar el proyecto logrando que la Cámara lo aprobara en octubre de 2010.

Estancada en el trámite

Larry Seilhamer, presidente de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, dijo a El Nuevo Día que la medida llegó a su jurisdicción en mayo pasado, un año y medio después de haber sido aprobada por el cuerpo hermano.

“Yo no te tengo una explicación sobre porqué bajo ahora. Nosotros estamos sacando todo lo que tenemos acumulado en la comisión para bajarlo a aprobación”, dijo Seilhamer.

Esta es la última sesión legislativa de este cuatrienio y el último día para aprobar medidas es el lunes 25 de junio.

El senador Carmelo Ríos, que preside la Comisión de Gobierno que evaluó la medida en el Senado dijo que le dio paso al proyecto porque venía con el aval del presidente del COPUR, David Bernier.

“El dinero que recibe el Comité Olímpico debe ser para los atletas”, dijo Ríos.

Pero la medida debe regresar a la Cámara de Representantes porque el Senado la enmendó para corregir una palabra que estaba mal escrita en la versión original.

Si la Cámara concurre antes del cierre de la sesión el próximo 30 de junio, el proyecto pasaría al despacho del gobernador Luis Fortuño para evaluación.

El senador Ríos anticipó que el gobernador se inclina a impartirle su firma.