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Puerto Rico Hoy
31 de enero de 2012
 

Garras contra los estorbos

Nueva ley busca erradicar este problema urbano

 
Desde el 2001, el municipio de San Juan ha identificado unos 3,700 estorbos públicos. Arriba, una estructura declarada estorbo público en la comunidad El Gandul, en Santurce. ( El Nuevo Día / Mariel Mejía Ortiz)

Por Yaritza Santiago Caraballo / ysantiago1@elnuevodia.com

Una nueva ley da garras a los municipios para disponer de los estorbos públicos que abundan cada vez más en Puerto Rico.

La Ley 31 para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico, firmada por el gobernador Luis Fortuño el pasado 18 de enero, permite a los ayuntamientos expropiar inmuebles declarados estorbos públicos, demolerlos y transferirlos a quienes los rehabiliten.

El estatuto nace del proyecto 3037 que el representante José “Nuno” López originó en la Cámara de Representantes. La nueva herramienta, expuso el legislador, faculta a los alcaldes para obligar a los dueños de los estorbos a ponerlos en buenas condiciones, venderlos o entregarlos al ayuntamiento para que los venda.

Un estorbo público es aquella estructura -residencial o comercial- y solar abandonado cuyo deterioro perjudique la salud, la seguridad y el ambiente. También es estorbo lo que perjudique el bienestar de un vecindario u obstruya el tránsito ilegalmente.

No hay un registro oficial del total de estorbos en Puerto Rico. Pero funcionarios municipales indicaron que el número va en alza. San Juan ha identificado 3,700 estorbos desde el 2001. Toa Baja tiene 600, el doble de los casi 300 que registró hace dos años. Carolina tiene cerca de 200, Bayamón 50 y San Germán 10.

Cada municipio es responsable de aprobar ordenanzas para resolver el problema de estorbos y declararlos.

Los estorbos existen en todo tipo de vecindario: en zonas históricas como el caso antiguo de San Germán y en áreas turísticas como Ocean Park, en San Juan. Se encuentran tanto en barrios de clase media y pobre, como en vecindarios de alto costo.

La mayoría son viviendas. “En San Juan, el 80% (de los estorbos) son residencias”, dijo el alcalde Jorge Santini. Tiene casos en Barrio Obrero y la urbanización San Francisco, apuntó.

Y hay estructuras deshabitadas y en mal estado que, por diversas razones, no han sido declaradas estorbos.

Disputas por herencias

¿Por qué se da este fenómeno? Una razón son las disputas por herencias. La nueva ley no tiene disposiciones para estos casos, pero López dijo que es un asunto que se atenderá con enmiendas.

Además, “hay propiedades que la gente no puede pagar y se van. Otros vivían alquilados, se fueron y como el dueño no recibe la renta la deja abandonar”, sostuvo Santini.

Otra causa es la muerte del propietario y el consecuente abandono del inmueble. También sucede que familiares del difunto no tienen medios para reparar la estructura o no les interesa hacerlo.

Adiós a proceso engorroso

La nueva ley resultaría en un alivio para acabar con “el proceso bien engorroso” de disponer de los estorbos, expuso el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

Bajo el marco legal anterior, a los municipios se les ha dificultado salir de estas estructuras privadas. Tenían que localizar al propietario mediante agencias y edictos públicos, entre otros. Se topan con que el dueño está muerto o fuera de la Isla. Y cuando lo localizan, pocas veces el propietario se hace cargo de la estructura.

Rivera Cruz dijo que lidia esa lucha con una vivienda abandonada en la urbanización Sierra Bayamón. Relató que lleva cerca de cuatro años tratando de declararla estorbo público, pero cada vez que realiza las gestiones el dueño le detiene el proceso. “Ha sido una lucha porque el dueño limpia la propiedad, pero luego se desaparece, y uno tiene la presión de los vecinos”, dijo el alcalde.

Este diario vio que la casa no tiene puertas ni ventanas, la verja está rota y está rodeada de maleza. Según el alcalde, la casa es escondite de malhechores que asaltan a transeúntes. Hasta la usan para sostener sexo, comentó.

Además, el ayuntamiento tiene que limpiar lo que el dueño no limpia. “Para los municipios pequeños que tienen facultades económicas o presupuestos bajos es grande mantener estos estorbos porque es un proceso complejo. En la limpieza, si tiene que llevar equipo pesado, eso puede costar $3,000, más los gastos de llevar los técnicos todos los días al lugar, más los gastos administrativos”, dijo, por su parte, Iván Ayuso, director del Departamento de Permisos Urbanísticos de Carolina.

Santini indicó que San Juan ha tenido que clausurar o demoler estorbos peligrosos. “En el 2001 intervinimos con dos casas. Había múltiples querellas contra estas propiedades y cuando intervinimos las tumbamos. Había condones, animales muertos. Luego apareció el dueño”, contó.

El alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, ha colocado planchas de zinc y rejas en residencias abandonadas para clausurar hospitalillos de drogas.

En ese sentido, los estorbos son un problema de salubridad y seguridad para los vecinos. Lucy Pagán, residente en la primera sección de Levittown, en Toa Baja, contó que hace poco pasó tremendo susto con el incendio en una vecina casa abandonada.

“Solo se quemó un balcón”, dijo la mujer de 74 años, “pero pudo haber sido peor”. Cree que alguien ocasionó el fuego, pues la vieja casa de dos pisos ha sido tierra de nadie por casi 10 años, desde que murió la propietaria.

La otrora atractiva residencia es hoy un enorme cajón deteriorado, con basura, sin puertas ni ventanas. Es refugio para deambulantes y escondite para malhechores y adictos, según la mujer.

Años atrás, el municipio declaró la vivienda estorbo público, dijo el alcalde Aníbal Vega Borges, pero poco ha podido hacer con ella. “Los estorbos públicos son un problema para la comunidad y son los alcaldes los que tenemos que bregar con eso, y con la presión de la comunidad que quiere que los municipios actúen rápido con las propiedades abandonadas", declaró el alcalde.

Sabandijas y ladrones

Cerca de la casa abandonada en Levittown ubica la Academia Espíritu Santo. Delincuentes han tratado de robar autos estacionados en el área, dijo la principal Teresa Hoyo.

El estorbo afecta el valor de las propiedades aledañas. “No son fáciles de vender porque una de las primeras cosas que observa una persona que va a comprar o alquilar son los alrededores, y un estorbo público daña la imagen del área”, indicó la corredora de bienes raíces Lillian Irizarry. Pagán añadió que no ha podido alquilar nueve apartamentos por el estorbo en Levittown.

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