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12 de junio de 2013
Puerto Rico Hoy
 

“Habemus presupuesto”

De acuerdo con Melba Acosta, el impacto de los nuevos impuestos sería mínimo para los negocios

 

Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

Líderes de las ramas Ejecutiva y Legislativa acordaron ayer limitar a un pequeño grupo de industrias el impacto del propuesto Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) a los servicios entre negocios y, en cambio, optaron por implantar una patente estatal cuya tasa dependerá del volumen de ventas de los negocios.

Además, decidieron volver a las tasas contributivas de las corporaciones establecidas en 1994.


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La propuesta del IVU a los servicios entre negocios, también conocido como business to business (B2B), se redujo en un 73%, lo que según la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, implicaría un impacto mínimo para la economía del país. El cómputo es que el B2B generaría unos $287 millones al año, de los $1,490 que se buscaban para mitigar el déficit del Gobierno.

Los cambios en las tasas contributivas y la patente estatal generarían, por su parte, $270 millones y $522 millones. Esto, según explicó la secretaria, es lo suficiente para sustituir la parte rebajada del B2B que proponía el gobierno.

“Habemus presupuesto”, dijo Acosta tras salir de la reunión con el liderato legislativo que negociaba los cambios al B2B. “Hemos llegado a un consenso en cuanto a las medidas fiscales para balancear el presupuesto. Estamos tomando un paso firme para evitar la degradación del crédito que tendría un efecto real y duradero para todos los puertorriqueños”, dijo Acosta.

“Al final del camino hemos logrado consenso para aprobar las medidas que son correctas ante el reto del país”, dijo, por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.


Se explicó que la patente municipal tendrá un tributo máximo de 0.7% del ingreso bruto de los negocios. Los negocios que pagarían esta patente serían aquellos que generen más de un millón de dólares en ventas. La tasa, dijo Acosta, se ajustará precisamente de acuerdo con ese volumen.

“La idea es que las compañías que menos ingresos tienen paguen las patentes más pequeñas”, señaló la secretaria, que ayer fungía como gobernadora interina. La expectativa es que las corporaciones que pagan contribuciones federales puedan deducir el pago de la patente en sus impuestos federales.

La secretaria no pudo precisar si los nuevos impuestos serán temporeros o permanentes. Señaló que próximamente entrarán en un proceso de revisar el sistema contributivo completo, ya que necesita muchos ajustes. En ese análisis auscultarán cuáles de estos nuevos tributos podrán prescindir y cuáles se mantendrán.

Atención al crédito

Los estimados de Hacienda proponen que estos cambios traerán al Fondo General unos $1,490 millones, lo suficiente para mitigar el déficit del Gobierno que en enero de este año rondaba los $2,200 millones.

La secretaria se mostró confiada en que con estos cambios se evitará una degradación del crédito de Puerto Rico a niveles chatarra. Según la funcionaria, en las reuniones que han tenido con las casas acreditadoras se explicó que pretendían eliminar el déficit presupuestario del Gobierno en dos años. La reducción en este primer año rondó en los $1,500 millones. El déficit que mantiene el Gobierno para el próximo año fiscal es de $775 millones.

El acuerdo, que deberá ser revisado hoy miércoles por el gobernador Alejandro García Padilla, representa un punto medio entre las posturas del Ejecutivo, en defensa del IVU entre negocios, y la oposición legislativa que se hizo eco de los argumentos del sector privado alertando que el tributo tendría el efecto de elevar el costo de los servicios y los productos, afectando así la economía.

Entre hoy y el viernes, se espera que las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado incorporen las enmiendas negociadas al PC-1073 y se comience con la redacción de los informes recomendando la aprobación del proyecto.

Según el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, se espera que estos cambios contributivos sean aprobados a inicios de la próxima semana. La idea es que el presupuesto se apruebe junto a estas medidas negociadas. El Senado podrá aprobar el paquete legislativo después que pase el crisol cameral. Una vez eso se concrete, las medidas serían firmadas por el gobernador, lo que las convertiría en ley.

Las negociaciones entre el liderato legislativo y la secretaria de Hacienda, quien hasta ayer fungía además como gobernadora interina, duraron alrededor de dos semanas.

En la primera reunión, cada una de las partes presentó sus propuestas para recaudar los $1,490 millones que se necesitaban para atajar el déficit del Gobierno.

Tras el encuentro, Hacienda comenzó un proceso de análisis de las propuestas legislativas con la intención de validar los estimados de recaudos que se presumía tendrían las medidas.

En la segunda reunión se comenzó a definir cómo sería el nuevo cuadre de medidas impositivas y se procedió a comenzar un proceso de redacción de las enmiendas que requería el PC-1073. Ayer, en la tercera reunión de las partes, se tomaron las determinaciones finales. El proceso tuvo momentos tensos, especialmente cuando Hacienda reveló que las propuestas de la Cámara para eliminar el B2B tenían estimados de recaudos inflados.

NUEVA ENCOMIENDA

La próxima tarea de las partes será buscar los fondos que se necesitan para cumplir con el pago de la deuda de $2,200 millones que mantiene la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Se estima que para cumplir los pagos la corporación pública necesita unos $250 millones anuales, dinero que actualmente no tiene puesto que desde la privatización del expreso PR-22 esta corporación pública opera en déficit.

Ya la Legislatura ha constituido un comité, en el que participan ambos cuerpos parlamentarios, buscando salidas para esta deuda, que también amenaza con causar una degradación del crédito del Gobierno a nivel chatarra.

Algunos legisladores han adelantado que para el pago de esta deuda se necesitará poner nuevos impuestos en asuntos relacionados con el transporte. Entre las medidas que se han mencionado se encuentra un alza en el arbitrio de la gasolina, contribuciones especiales en venta de artículos de lujo, sobre todo automóviles y embarcaciones de más de 25 pies de eslora.

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