Imperativo retar el nuevo Código Penal

No solamente hay que pedirle al gobernador Luis Fortuño que no firme el proyecto que crea el nuevo Código Penal, sino que -si se convierte en ley- hay que retarlo, dijo ayer el presidente de la Junta de Directores de Amnistía Internacional en Puerto Rico, Osvaldo Burgos.

El abogado y profesor constitucionalista, Carlos Ramos, concurrió con Burgos, pero advirtió que la acción “va a costar sangre, sudor y lágrimas”. “La única alternativa que le sigue quedando al país es la que históricamente ha sucedido: el llamado a seguir ejercitando sus derechos”.

“Soy de los que pienso que el llamado a la ciudadanía es a que rete la legislación y cuestionar la constitucionalidad a la hora de que se le aplique”, señaló Burgos.

“Muy peligroso”

Agregó que el Código Penal propuesto es “muy peligroso” puesto que atenta contra la fiscalización del pueblo al Estado. “Tiene un efecto inhibitorio en la ciudadanía. Va a haber gente que va a pensarlo tres veces a la hora de hacer una expresión libre del ejercicio de la libertad de expresión”.

“Por otro lado, esta medida lo que hace es que criminaliza el ejercicio de los derechos constitucionales. Eso es absurdo. Esos derechos reconocidos se convierten en conducta criminal”, destacó Burgos, quien hizo énfasis en hacerle un llamado al gobernador para que no dé paso al propuesto Código Penal “o vete las áreas problemáticas”.

El Código Penal -que fue aprobado hace una semana en la Legislatura- convierte en delito menos grave las manifestaciones como la huelga de la Universidad de Puerto Rico. También impone una pena fija de tres años de cárcel a quien “perturbe, interrumpa o impida” los trabajos legislativos o “cometa cualquier desorden frente a los legisladores estatales o municipales.

Causa sorpresa

Ramos se mostró sorprendido con el proyecto de ley a la luz de los recientes eventos que señalan a la administración de turno como una restrictiva de los derechos del pueblo. En esa línea, recordó el reciente informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que revela que la Policía de Puerto Rico hace uso excesivo de la fuerza, suprime el derecho a la libre expresión y realiza registros irrazonables. Además, el documento concluyó que la Policía de Puerto Rico ha violentado los derechos constitucionales de amplios sectores de la población y creó una crisis de derechos civiles en la Isla.

Más aún, la American Civil Liberties Union (ACLU) reveló recientemente que entre el 2010 y el 2011 en Puerto Rico ocurrieron, proporcionalmente, tres veces más muertes de civiles a manos de agentes policiales que en la ciudad de Nueva York. La ACLU es la más influyente organización pro derechos civiles en Estados Unidos.

“A mí me parece inconcebible porque es otra prueba más de que ni al Departamento de Justicia federal ni a la ACLU se le está tomando en serio. No salgo de mi asombro”, sentenció Ramos.

“Es la mejor prueba de la indiferencia hacia la libertad de expresión y los derechos civiles”, agregó el catedrático.

Además, Burgos vaticinó que el nuevo Código Penal será aplicado “selectivamente contra gente que el Estado entienda que atenta contra su gestión gubernamental”.

Entretanto, el secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza no fue categórico respecto a su postura ante el nuevo Código. Argumentó que no ha examinado las últimas enmiendas hechas al documento por la Comisión Conjunta de la Legislatura.

Somoza no está claro

“Estamos evaluando lo que llegó para saber qué enmiendas se le hizo en la Comisión Conjunta y la realidad es que por fin vamos a tener un Código Penal balanceado. El Código Penal de 2004 solamente iba dirigido a brindarle unos derechos a los acusados. Aquí va a haber un balance entre las víctimas, los acusados y la seguridad pública”, dijo.

Pero cuestionado sobre cómo podía tener tal certeza sin haber visto las enmiendas finales, el funcionario se refirió solo a las enmiendas que él trabajó para la pieza legislativa “por más de un año”.

Pareció avalar el contenido del propuesto Código Penal cuando se le preguntó sobre la limitación de la libertad de expresión. “Yo soy un fiel creyente de la libertad de expresión, pero mis derechos culminan donde comience el suyo y viceversa”, dijo el funcionario.

“Lo propio sería ver esa enmienda (referente a la libertad de expresión) y una vez se evalúe se atempera con lo que ha decidido tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico como el Tribunal Supremo federal”, agregó.

Somoza habló con la prensa mientras encabezaba labores de limpieza y ornato en la Escuela Elemental Abelardo Díaz Alfaro del barrio Caimito en Río Piedras, como parte del programa “Mi escuela en tus manos”.

Aurora Rivera colaboró en esta historia.