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11 de julio de 2013
1:26 p.m. Modificado: 1:49 p.m. Seguridad
 

Imponen servicio comunitario y multas a Rivera Guerra

El exrepresentante tendrá que cumplir 40 días y pagar $2,900 por violaciones éticas

 

Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com

El exrepresentante José Luis Rivera Guerra fue sentenciado este jueves a 40 días de servicio comunitario y multas ascendentes a $2,900 por las violaciones éticas relacionadas con residir en una vivienda sin permiso de uso y no reportar a la Oficina de Ética Gubernamental la construcción de una piscina.

La jueza superior Isabel Llompart, del Tribunal de San Juan, advirtió que impuso contra el exlegislador la pena máxima permitida en los dos cargos que enfrentaba por violar el artículo 268 del Código Penal, que sanciona la negativa a contestar o suplir información fiscal, y el tercer cargo por violar la Ley de Permisos.

La jueza Llompart pautó una vista de seguimiento para el 24 de septiembre, cuando se deberá conocer dónde fue ubicado el exrepresentante para cumplir con las horas de servicio comunitario.

Al salir de la sala 1108 del tribunal, Rivera Guerra dijo estar "positivo y mirando al futuro".

"Hay que cumplir con las cosas que uno tiene que cumplir", sostuvo el exlegislador por el distrito 17 (Moca y Aguadilla) del Partido Nuevo Progresista, quien expresó que actualmente labora en un colmado que es propiedad de su padre.

A pesar de su convicción, Rivera Guerra rechazó haberle fallado a la ciudadanía, e intentó justificar los delitos cometidos con la atención que, según dijo, prestó a sus funciones legislativas.

"No le fallé (al pueblo) como legislador, eso lo dijo el propio FEI. Estuve atendiendo al pueblo más que a mi familia, y por eso es que viví mi casa sin permiso de uso, de lo que me hice culpable en mayo. Atendí más a mi pueblo que a mi familia, y lo estoy pagando de esta manera", sostuvo.

Tras llegar a un acuerdo en mayo con la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), Rivera Guerra se declaró culpable de los tres cargos en su contra.

Como parte del acuerdo, los dos cargos graves por violar la Ley de Ética Gubernamental fueron reclasificados como dos cargos menos graves del Código Penal por no suplir informacion fiscal, mientras que la denuncia original por violar un artículo de la Ley de Permisos cambió también de grave a menos grave al ser reclasificada por otro artículo en el mismo estatuto.

La fiscal especial independienente Luz Ivette Burgos se mostró satisfecha con la imposición de la pena máxima, y dijo que la convicción envía un mensaje en contra de la impunidad, aun con la rebaja en los cargos.

"Esto ha sido un buen ejemplo para todos los funcionarios públicos de este país... Todo funcionario público tiene unos deberes para su cargo, y todo funcionario que quiera ingresar al sistema público de este país tiene que pensarlo dos veces porque tiene que venir a trabajar para el pueblo, no trabajar para él", subrayó Burgos.

La defensa del exlegislador no solicitó prórroga para pagar las multas que suman $2,900, y hacían trámites para saldar el monto hoy mismo.


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