Imputado el Comité Fortuño

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) le canceló un contrato de $5.6 millones a la constructora de un escuela del Siglo 21 y el presidente de la empresa imputa en una demanda contra el Gobierno que la cancelación pudo haber sido a consecuencia de haberse negado a recaudar miles de dólares para la campaña de reelección del gobernador Luis Fortuño, según consta en documentos judiciales.

Cuando el contratista, JJ&G Construction Inc., demandó a la AFI en marzo pasado, alegando que fue declarado en incumplimiento y despojado del contrato en forma arbitraria y sin fundamento legal válido, el bufete Nevares & Sánchez-Álvarez compareció en representación de AFI.

El socio fundador de dicho bufete, Andrés Nevares, es el presidente del Comité de Finanzas de Fortuño 2012 y fue quien suscribió la carta en la que intentó reclutar al presidente de JJ&G, el ingeniero Julio Camacho Torres, como recaudador de fondos para la campaña, según consta en el expediente del caso en el Tribunal Superior de San Juan.

La carta a Camacho fue enviada con copia al “licenciado Luis G. Fortuño”.

Nevares no ha estado disponible para ofrecer su versión sobre estas alegaciones. Se le dejó mensaje en su oficina y a través del director de campaña de Fortuño, Ángel Cintrón, pero no respondió. El director de AFI, José Basora, tampoco respondió peticiones hechas a través del portavoz de AFI, Marcos López.

Camacho también declinó hacer comentarios sobre el caso por instrucciones de sus abogados. Los abogados Luis A. Molero, José A. Cabiya y Virgilio Machado tampoco quisieron comentar.

En la demanda, Camacho no alega específicamente que el contrato le fue cancelado como represalia porque no haya accedido a recaudar fondos para la campaña de Fortuño. Pero planteó al tribunal que la terminación del contrato coincidió con las fechas en que no asistió a las actividades de recaudación de fondos a las que fue convocado y sugiere que esa podría ser la razón.

La empresa JJ&G Construction, incorporada en 1999 y cuyo presidente tiene su licencia de ingeniero al día, obtuvo uno de los primeros contratos de Alianza Público-Privada en el programa de Escuelas del Siglo 21 de AFI. El 20 de enero de 2011, Camacho Torres suscribió el contrato para el diseño y obra de construcción y remodelación de la escuela vocacional Santiago Rivera García en Yauco, según el expediente judicial e información de AFI.

El 3 de octubre de 2011, mientras la AFI tenía ante sí, para su aprobación, los planos de JJ&G para el proyecto, el presidente del Comité de Finanzas del Comité Fortuño 2012, Nevares, le envió una carta a Camacho solicitándole que pasara a ser recaudador para la campaña de Fortuño. La carta de Nevares, con membrete oficial de “Fortuño gobernador 2012”, forma parte del expediente de la demanda de JJ&G contra AFI.

“Un nuevo rol”

“Estimado Julio, en 2008 ayudaste para hacer posible la elección de nuestro amigo y gobernador Luis Fortuño. Sé que has seguido dando tu valiosa ayuda. Ahora solicito que asumas un nuevo rol de liderato y lo ayudes a obtener la reelección en el 2012”, le escribió Nevares en la misiva dos semanas después de que su empresa entregara los planos.

En la carta a Camacho, quien había sido candidato a alcalde de Yauco y a representante por el PNP, el licenciado Nevares le invita a ingresar al programa de líderes del Comité de Finanzas, lo cual requería recaudar un mínimo de $25,000 para la campaña a partir de esa fecha (septiembre 2011) hasta el final del 2012. “Te exhortamos a que recaudes más del mínimo y te conviertas en Líder 2012 de categoría más alta como: Bronce - $35,000; Plata-$50,000; Oro-$75,000 o Platino-$100,000”, le indica Nevares a Camacho en la carta que el ingeniero nunca respondió.

Al final de la carta aparece una nota en la que Nevares le solicita a Camacho su ayuda para vender taquillas para “el último evento de recaudo grande del 2011”, el cual tuvo lugar el 2 de noviembre en el hotel San Juan Marriott, y le invita a una reunión el 13 de octubre de 2011 en el Club Náutico de San Juan para compartir con Fortuño.

Camacho no asistió a la reunión con Fortuño el 13 de octubre, según plantea en una moción dentro del pleito, y seis días después, el 19 de octubre, recibió por carta la notificación de AFI indicándole que estaban insatisfechos con su desempeño y que tenían la intención de declararlo en incumplimiento o ‘default’, según el expediente.

La AFI alega que canceló el contrato por retraso en el comienzo de las obras y falta de mano de obra. JJ&G reconoce los atrasos, pero culpa a AFI, que se tardó dos meses en aprobar los planos, un trámite sin el cual no se podía comenzar la construcción. Al intentar explicar al tribunal por qué, aún así, se le había cancelado el contrato, el demandante aludió a la carta de Nevares.

En alusión a la reunión con Fortuño del 13 de octubre y el coctel de recaudación de fondos del 2 de noviembre, el demandante Camacho planteó que “lo significativo de estas dos fechas es su coincidencia con la expedición por parte de AFI del ‘Cure Notice’ donde se le advierte a JJ&G que le terminarían el contrato, fechada el 11 de octubre de 2011, así como de la carta declarando en incumplimiento de contrato a JJ&G, fechada el 11 de noviembre de 2011”, dice la moción suscrita por los abogados Javier González y Virgilio Machado y juramentada por Camacho.

Coinciden las fechas

“No obstante, quizás lo más significativo de la referida carta (en la que se le invita a recaudar fondos) es que está firmada por el Socio Administrador que hoy representa los intereses de AFI en el presente litigio en el trámite mismo de querer despojar a JJ&G de su contrato”, añade la moción en alusión a Nevares.

Sobre esto AFI solo responde en una nota al calce de su réplica que no harán comentarios y se remiten al canon 29 de los Cánones de Ética de la Abogacía, que califica de impropio de un abogado hacer imputaciones falsas que afecten la reputación y el buen nombre de un colega.

Al ratificar su posición y declarar a JJ&G en incumplimiento, la AFI activó otras cláusulas del contrato y acordó con la empresa fiadora del proyecto, United Surety & Indemnity Company (USIC), que esta asumiera las responsabilidades contractuales y subcontratara a otra compañía. USIC subcontrató a JOVAN, Inc., que tiene ahora el proyecto.

JJ&G radicó demanda de interdicto preliminar y permanente contra AFI el 16 de marzo pasado, solicitando al tribunal que le ordenara a AFI que le permitiera seguir con la obra, que ordenara someter la controversia contractual a arbitraje, que le ordenara a la AFI pagarle $461,581.93 por trabajos ya hechos, más $1 millón por los alegados daños causados al haberla declarado indebidamente en incumplimiento.

La AFI se opuso argumentando que ya se había designado un nuevo consorcio para la obra, que el interés económico del demandante no podía ir por encima del interés en concluir una obra necesaria para la educación y que JJ&G no enfrentaba un daño irreparable porque de prevalecer en su reclamo de que fue AFI quien incumplió el contrato podría ser indemnizada.

El caso no ha sido resuelto.