Indiferencia ante el reporte de la Reserva

dos semanas después de que la Reserva Federal de Nueva York publicara un informe acerca de la competitividad de Puerto Rico, dicho trabajo no ha encontrado eco en los círculos académicos o empresariales de la Isla.

De igual forma, ninguno de los principales candidatos a la gobernación ha contestado a El Nuevo Día si crearía una entidad para evaluar de manera independiente la efectividad de los créditos o incentivos que se otorgan a diversos sectores económicos, considerada por algunos la recomendación más sobresaliente del informe de la Reserva.

“Este tipo de medida se ha sugerido muchas veces, pero a la clase política no le gustaría implementarla porque significa ceder un poder que tienen ahora”, indicó el presidente de la Asociación de Economistas, Joaquín Villamil.

Villamil, quien tiene objeciones al informe publicado a finales de junio, lamentó que el reporte no se haya discutido ampliamente en los foros locales, pero conminó el interés de la Reserva neoyorquina por ofrecer alternativas para reencaminar la economía local.

Miedo a la pérdida de control

“Mientras más control tenga el Gobierno sobre los datos estadísticos de una fuente independiente pueden justificar decisiones de política pública aunque sean desacertadas”, dijo por su parte el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, el único candidato cuyo portavoz de prensa estaba familiarizado con el trabajo de la Reserva al momento de que El Nuevo Día le solicitara una reacción.

Dalmau dijo que catalogó como “decepcionantes” la mayoría de las recomendaciones vertidas por la Reserva, salvo aquella que promueve la evaluación independiente de las políticas económicas a ser implementadas por el Gobierno.

Específicamente, el reporte sugiere ampliar las responsabilidades de la Oficina del Contralor o crear un organismo similar a la Oficina Independiente de Presupuesto de la Ciudad de Nueva York. “La calidad de las políticas gubernamentales depende de la precisión y periodicidad de datos económicos y demográficos. Sin embargo, esa data escasea en la Isla”, indica el reporte.

“Al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), esta administración le redujo el presupuesto al punto de que apenas da para que opere a nivel del director y una secretaria”, continuó Dalmau.

Mario Marazzi Santiago, director ejecutivo del IEPR, prefirió limitarse a reiterar el compromiso de la dependencia en mantener “un sistema de estadísticas completas, confiables y de acceso rápido y universal que sirva de instrumento en la toma de decisiones asertivas para el futuro de Puerto Rico”.

¿Un informe más?

El poco o escaso interés de la clase política o empresarial de la Isla por el reporte podría interpretarse como otra oportunidad perdida para Puerto Rico, habida cuenta de que su adopción, de ser factible, requerirá la intervención de tales sectores. Incluso, el día de la presentación en la convención de la Cámara de Comercio, el presidente de la Reserva neoyorquina, William Dudley, ni siquiera ofreció su discurso en vídeoconferencia porque no tenía audiencia a quien dirigirse.

De acuerdo con dos de los autores del informe, James Orr y Jason Bram, implementar sus recomendaciones podría significar “un reto político” o requerirá “convencer” al Congreso federal para que se tome acción.

Invitación al diálogo

Orr explicó que la Reserva decidió mirar a Puerto Rico con la expectativa de promover la discusión en torno a cómo reactivar la economía isleña. Así las cosas, ambos peritos insistieron en que ninguna de las recomendaciones debía interpretarse como una imposición o directriz de política económica por parte del banco central estadounidense.

En ese sentido, Bram agregó que el informe sería el primero con recomendaciones específicas, ya que publicaciones anteriores buscaban entender en mayor grado las dinámicas prevalecientes en la economía de la Isla.

Para efectos de la política monetaria estadounidense y del sistema financiero, Puerto Rico está adscrito a la Reserva Federal de Nueva York.

Los economistas explicaron que las recomendaciones, que incluyen desde aumentar la productivad de la Isla hasta la necesidad de conferir independencia a la evaluación de políticas económicas, son fruto de un extenso proceso de entrevistas a la comunidad empresarial, gubernamental y académica de la Isla y de un amplio análisis de datos estadísticos, que en muchos casos estaban incompletos.

empleo

Para atender la baja productividad de la Isla, los economistas destacaron la necesidad de estrategias tanto desde el lado de la demanda como la oferta de empleo.

Orr explicó que la reducción del salario mínimo a personas menores de 25 años permitiría a jóvenes sin experiencia o destrezas suficientes insertarse en el mundo laboral y posteriormente, su compensación aumentaría.

En paralelo, Bram señaló que aumentar la baja tasa de participación laboral requerirá modificar políticas de asistencia social para que en lugar de desincentivar el trabajo, los beneficios complementen el ingreso por trabajar.

A preguntas de El Nuevo Día, Orr indicó que desconocía si alguna otra jurisdicción estadounidense ha ensayado una reducción amplia del salario mínimo, pero se ha discutido en teoría.

Leyes de Cabotaje

En el caso de la exención temporera de las leyes de cabotaje, lo que requeriría una determinación del Congreso federal, los economistas plantearon que la iniciativa podría tener un impacto “considerable” en el contexto del potencial de la Isla como un enclave de trasbordo marítimo en la región caribeña.

Empero, Orr subrayó que la medida es parte de la recomendación de reducir los costos de hacer negocios en la Isla.

El Nuevo Día cuestionó si el alto coste de transporte marítimo que se alega en Puerto Rico está asociado expresamente a la ley federal Jones, habida cuenta de que la amplia mayoría de las importaciones a la Isla provienen del continente, o si se trata de rutas ineficientes por los bajos niveles de exportación de bienes de la Isla.

Ante la pregunta, Bram indicó que el estudio de la Oficina de Contabilidad General (GAO, por sus siglas en inglés) contribuirá a tener una idea más clara del impacto de la referida disposición federal.

En ese sentido, la suspensión temporera del estatuto, que no aplica a las Islas Vírgenes estadounidenses, enriquecería el análisis.

Por otra parte, el dúo de economistas reconoció que el informe no profundizó en la debilidad del sistema financiero local, factor decisivo para mejorar la competitividad de la Isla.

Empero, no fueron concluyentes al preguntarles si estudiarían el tema posteriormente.