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4 de abril de 2013
Puerto Rico Hoy
 

Informes devastadores

Dos investigaciones achacan a Muñoz y a De la Torre la pérdida de $30 millones

 
El Dr. Manuel Gómez, director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería (CRCI), compareció ante la comisión senatorial. (ANDRE.KANG@GFRMEDIA.COM)

Por Melisa Ortega Marrero / melisa.ortega@gfrmedia.com

Amparado en la protección de una vista ejecutiva, el vicepresidente de Investigación y Tecnología de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José A. Lasalde, ofreció ayer, de forma privada alegada evidencia que adjudica responsabilidades por la congelación de los fondos que la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) ofrece a dos centros de la institución educativa para investigaciones científicas.

Lasalde brindó a la Legislatura supuesta información reveladora horas después de que dos comisiones camerales recomendaran referir la controversia a varias agencias locales y federales, incluyendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“Tuvimos que desarrollar la conversión de los procedimientos, no porque no quisiéramos garantizar que se siga con la discusión pública, sino porque él (Lasalde) quiso esa protección y quiso revelar a la comisión una información particular con relación a los informes de tiempo y esfuerzo, y a la situación de la NSF”, explicó la senadora Mari Tere González, presidenta de la Comisión senatorial de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo que investiga el lío con los fondos de la NSF.

Poco después de las 3:00 p.m., el funcionario ocupó la silla de deponentes junto a otros dos empleados de la vicepresidencia y solicitó hablar en privado, a lo que González accedió y se ordenó la salida de la prensa y visitantes de la sala Luis Negrón del Capitolio.

“Hicimos y garantizamos conforme al reglamento y conforme a la regla 6.6 de la Comisión de Educación la conversión de los procedimientos para garantizar en una vista ejecutiva que esta persona no se sintiera amedrentada, incómoda ni amenazada para poder revelar información vital ante el desarrollo del informe que vamos a preparar”, señaló González.

EVIDENCIA CONTUNDENTE

Se le preguntó a la senadora cuán importante es la información que proveyó Lasalde y su respuesta fue contundente.

“Es tan importante que adjudica responsabilidad y contribuye con evidencia fehaciente en documentos entregados. Presentó documentos que sustentan lo que está diciendo y denunciando”, respondió la senadora sin entrar en detalles.

De acuerdo con la legisladora popular, Lasalde no solicitó inmunidad y tampoco pidió estar asistido por abogados.

La comisión senatorial desarrolla una pesquisa similar a la que ya completaron la Comisión de Asuntos Federales y Asuntos del Veterano y la Comisión de Educación y para el Fomento de las Artes y la Cultura de la Cámara de Representantes.

Estos organismos radicaron precisamente ayer su informe final en el que atribuyen responsabilidad directa de la congelación de sobre $30 millones de la NSF a la Administración Central (AC) de la UPR, al presidente de la institución, Miguel Muñoz, y a su predecesor, José Ramón de la Torre.

“Por lo que concluimos, basados en la evidencia y testimonio, las dilaciones que resultaron en las sanciones por parte de la NSF fueron totalmente injustificadas y denotan la falta de compromiso e interés de la alta jerarquía universitaria en resolver el particular”, reza el documento.

El informe resalta la falta de Muñoz en notificar a la comunidad universitaria los señalamientos que hizo en el 2010 la NSF en torno al incumplimiento de las regulaciones federales en el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del Recinto Universitario de Mayagüez y al Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería (CRCI) de la AC con relación a los informes de tiempo y esfuerzo de los investigadores y el plan correctivo que se elaboró posteriormente.

De acuerdo con el informe, el grupo de trabajo que desarrolló el plan de acción correctiva (CAP, en inglés) -liderado por Manuel Gómez, director del CRCI- provocó dilaciones en la implementación de las medidas necesarias para evitar la congelación de fondos.

En el 2011, el CAP fue delegado a Lasalde, quien –según el documento legislativo– hizo varios acercamientos a Muñoz para implementar nuevas políticas sobre los informes de tiempo y esfuerzo, pero ellas recibieron una lenta respuesta del presidente.

En su informe, las comisiones camerales recomendaron referir el asunto al Departamento de Justicia local para que esta realice una investigación por posibles delitos contra la función pública; a Ética Gubernamental, por posible conflictos de intereses; a la Oficina del Contralor, para que realice una auditoría exhaustiva, y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y a Justicia federal, por posible violación de estatutos estadounidenses.

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