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10 de septiembre de 2013
5:19 p.m. Modificado: 5:40 p.m. Seguridad
 

Investigación corrobora que querellas de maltrato se cerraron ilegalmente

Siete empleados de Familia serán referidos al Departamento de Justicia

 

Por Ivelisse Rivera Quiñones / ivelisse.rivera@gfrmedia.com

Siete empleados del Departamento de la Familia se confabularon presuntamente para cerrar administrativamente y de forma ilegal 47,000 referidos de maltrato durante la pasada administración gubernamental, según arroja el resultado de una investigación hecha por la comisión senatorial de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, que preside Rossana López.

La senadora popular efectuó hoy, martes, una conferencia de prensa en El Capitolio en la que detalló los hallazgos de la investigación que se recogen en el informe final de la Resolución del Senado 9.

López, quien indicó que referirá el informe al Departamento de Justicia para que fije responsabilidades a los implicados, explicó que de los 47,000 casos, 5,000 corresponden a querellas por maltrato a ancianos y los restantes 42,000 por maltrato a menores de edad.

Las personas señaladas en el informe divulgado por la senadora son:

Olga Ribas, administradora auxiliar de protección, preservación y fortalecimiento familiar de la Administración de Familias y Niños (Adfan); Glysette Rodríguez, secretaria auxiliar de planificación de informática; Rafael Cruz, director de sistemas de información; Rossie Sánchez, exoficial de prensa de la agencia; María Cancio, directora asociada de la región de Bayamón; Denisse Hernández, directora de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) de Mayagüez; y José Crespo, trabajador social de UIE de Mayagüez.

Entre los siete empleados señalados no está la entonces secretaria de Familia, Yanitsia Irizarry, pero la senadora dejó entrever que la ahora exfuncionaria conocía de la situación, pues supervisaba directamente a los siete empleados implicados en el esquema.

"Todas esas personas que yo delineé ahí, que están en el organigrama, le respondían directamente a la señora Yanitsia Irizarry", contestó López cuando se le preguntó si la entonces Secretaria de la Familia era la supuesta líder del esquema.

A insistencia de los medios sobre si era o no Irizarry la cabecilla del esquema, López aceptó que Irizarry al menos conocía que se estaban manipulando las estadísticas sobre las querellas de maltrato que recibía la dependencia.

"Yo lo que estoy indicando es que todas esas personas que llevaron a cabo todo este proceso se reportaban directamente al secretariado. Yanitsia Irizarry por lo menos, con la evidencia que aquí se ostenta, conocía que las estadísticas existían", insistió López.

¿Y que fueron manipuladas?, se le cuestionó.

"Por los menos las personas que estaban ahí que le respondían directamente a ella fueron los que llevaron a cabo el esquema", dijo la senadora.

Las estadísticas mencionadas por López surgen de un correo electrónico que circuló presuntamente entre este grupo de empleados y contratistas, así como a Irizarry, a raíz de un reportaje publicado en el periódico El Nuevo Día en el que se denunció el problema con las querellas.

El asunto del mensaje electrónico era: "OJOOO: Nuevo Día Sin investigar 30,000 casos de maltrato".

En ese correo electrónico, la encargada de prensa Sánchez envío presuntamente una tabla con estadísticas adulteradas a Irizarry.

Las estadísticas se suponían que recogieran la cantidad de denuncias recibidas, el total de casos atendidos y el total de casos con fundamento de los años 2009 al 2012 (hasta finales de julio).

La agencia alegó que en el año 2011, recibió 32,121 querellas de maltrato de las que atendió 33,108, o sea, 987 casos más atendidos de los reportados.

"Por eso es que estamos poniéndola como evidencia porque sabemos que fue una tabla trabajada. Fue una tabla manipulada y esos números no son reales", puntualizó López.

Según la senadora, Ribas y Rodríguez le pidieron a la compañía programadora del sistema electrónico de Familia, SOFTEK que creará un nuevo campo para los cierres de casos, algo que nunca se había solicitado antes.

Esos cierres, además, no podían afectar adversamente la información que se transmitía a la base de datos federal ‘National Child Abuse and Neglect Information System’ (Ncands), se instruyó.

A su vez, Hernández fue transferida desde la UIE de Mayagüez hasta las oficinas centrales del DF en San Juan, para que se encargara del cierre de los casos. Ella a su vez le envió una lista de casos a cerrar a Cancio, comentó la senadora popular.

Ribas, además, le pidió a Cruz que le instruyera a SOFTEK que no le proveyera ninguna estadística a Liza Agosto, que era la persona responsable de este renglón en la agencia, explicó López.

Entre los hallazgos de la investigación, una trabajadora social de Bayamón, no identificada, dijo haber recibido instrucciones de Cancio para que cerrará una lista de querellas, referidos de los cuales se percató que "muchos tenían criterios para ser visitados y también se dio cuenta que ya habían sido cerrados desde Mayagüez", narró la legisladora sobre la participación alegada de cada uno de los implicados.

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