Familias del pleito Rosa Lydia Vélez irán a vista mañana
Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com
El gobernador Luis Fortuño no pudo atenderlos ayer cuando fueron a visitarlo en La Fortaleza, pero los miembros del Comité Timón de Padres de Niños con Impedimentos, del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, lo invitaron a que los acompañe mañana, cuando se llevará a cabo un vista del caso en la sala 505 del Tribunal de San Juan.
La invitación fue extensiva al secretario del Departamento de Educación (DE), Jesús Rivera Sánchez.
“Es la primera vez en la historia que no comparece ni uno ni otro (a vistas judiciales del caso)”, le dijo Carmen Warren, portavoz del Comité Timón, a María Jaunarena, asesora del Gobernador. Se refirió también a los dos anteriores secretarios de Educación que ha tenido el actual gobierno.
Jaunarena fue quien atendió a los cerca de 13 padres y madres que fueron a preguntarle a Fortuño si es cierto que su Gobierno no quiere indemnizar a las familias cobijadas por el pleito de clase que data del 1980, cuando el DE fue demandado por no proveer los servicios educativos a los que tienen derecho las personas con discapacidades.
En una rueda de prensa, los demandantes recordaron que, después de 30 años, el DE no ha cumplido a cabalidad con los servicios que debe proveer.
denuncian violaciones éticas
Además, alegaron que el Estado, a través de funcionarios y abogados, ha violado cánones de ética y disposiciones de reglas de procedimiento civil al mentir, divulgar información confidencial de la negociación e interferir con la representación legal de los demandantes invitándoles a reunirse sin sus abogados.
El Estado, por su parte, exige a la clase identificar a cada uno de sus miembros y definir sus necesidades si quieren ser indemnizados. “¡Quienes tienen los expedientes y los datos (de cada estudiante de educación especial de 1980 en adelante) son ellos!”, exclamó ayer Juan Santiago, abogado de la clase.
Recordó que si exigieran indemnización según la Ley de Pleitos Contra el Estado, que paga $75,000, el costo de indemnizar a unos 200,000 integrantes de la clase -según estima- ascendería a $2,500 millones. Aseguró, sin dar cifra, que no pidieron ni siquiera $1,000 millones (como alegó el secretario de Educación) y que, además, propusieron un plan de pago. “El Gobierno de Puerto Rico en el pleito Morales Feliciano (incoado por confinados) ha invertido $600 millones en sanciones y yo no he escuchado a ningún político decir que es dinero mal invertido”, contrastó.
Ayer, Guillermo Somoza, secretario del Departamento de Justicia, insistió en que la clase debe identificar a sus miembros, y se ofreció para facilitar el acceso de sus abogados a los expedientes del DE con las debidas salvaguardas de confidencialidad.
