El caso de Rivera Guerra fue evaluado en la Comisión de Ética de la Cámara, que recomendó que el legislador solamente fuera amonestado
Por ELNUEVODIA.COM
La presidenta de la Cámara de Representantes Jenniffer González Colón, le dio la bienvenida esta tarde a la determinación del secretario de Justicia, Guillermo Somoza, de referir al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), el caso del representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra.
"El gobernador Luis Fortuno había referido al representante Rivera Guerra al Departamento de Justicia con la solicitud de que se le investigara. Si ese es el resultado, se respeta", dijo la líder cameral en un comunicado.
"Estaré atenta a la determinación que tome el Panel del Fiscal Especial Independiente, como hice en anteriores referidos, como lo fue el de la representante popular Carmen Yulín Cruz. Una vez el FEI haga su determinación final, actuaremos conforme a derecho", agregó la también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El caso de Rivera Guerra fue evaluado en la Comisión de Ética de la Cámara, que recomendó que el legislador solamente fuera amonestado.
"Este asunto ha estado discutiéndose desde finales del año pasado y espero que concluya pronto. Cada cual trabajó el asunto conforme a sus reglamentos y disposiciones. Ahora le corresponde al FEI”, puntualizó González Colón.
En el comunicado de prensa que circuló Justicia temprano en la tarde, la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División de Integridad Pública del DJ, indicó que existe causa suficiente para creer que el legislador incurrió en delitos al no divulgar información sustancial, como el costo, el gasto y la deuda incurrida en la construcción de la piscina en su residencia en Aguadilla en los informes financieros que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) correspondientes a los años 2007 al 2010.
La fiscal explicó que, relacionado a la falta de información en torno a la piscina, el legislador pudo haber infringido el Artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental (Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985).
De igual forma, se indicó que el informe de Justicia también concluye que Rivera Guerra violó la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico al utilizar como residencia principal una estructura sin el permiso de uso que expide la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Justicia también reveló que, con relación al servicio de agua potable, el legislador incurrió en delito menos grave al tener una derivación en violación a la ley y reglamentos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Este es el segundo golpe que recibe esta semana el legislador estadista, ya que ayer el Tribunal Supremo ratificó una decisión del Tribunal Apelativo que lo deja fuera de la papeleta de las elecciones del 6 de noviembre.
Rivera Guerra estuvo bajo el escrutinio público luego de que trascendiera que no tenía los permisos correspondientes para su vivienda en Aguadilla y que no era cliente de la AAA en otra residencia en Moca.
El legislador también enfrenta una demanda por cobro de dinero por la construcción de la piscina en su casa de Aguadilla. Presuntamente debe $8,800.
También había trascendido que el contratista William Rivera construyó la piscina supuestamente a cambio de que el representante lo ayudara a conseguir un préstamo de $174,000 con el Banco de Desarrollo Económico (BDE), que le fue denegado.
