En medio de batalla con el partido. Se convierte en legislador de minoría
Por Alba Y. Muñiz Gracia/alba.muniz@gfrmedia.com
El representante José Luis Rivera Guerra, a quien el Partido Nuevo Progresista (PNP) sacó de su papeleta legislativa por los señalamientos e investigaciones que enfrenta, se desafilió hoy de la colectividad azul.
Así lo confirmó la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, en un comunicado de prensa enviado esta tarde.
La líder cameral explicó que, al desafiliarse de la Palma, el legislador renunció también a la delegación de mayoría en la Cámara y a la presidencia de la Comisión de Turismo.
“Acogemos su determinación y procederemos con los ajustes pertinentes que se requieren. La presidencia de la Comisión de Turismo estará en manos del representante por el precinto 4 de San Juan, Víctor Parés", anunció González por escrito.
"El representante Rivera Guerra queda, además, fuera del caucus de mayoría y tendrá una reducción en su presupuesto. El compañero pasa a ser un representante de minoría a partir de hoy mismo", acotó González Colón.
Dos fuentes habían confirmado la información a este medio previamente y habían pedido anonimato en espera de la comunicación oficial de González.
Rivera Guerra ha estado bajo fuego desde que trascendió que recibía agua potable y energía eléctrica en una residencia en Moca sin ser abonado de las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Energía Eléctrica (AAA), y por no tener los permisos correspondientes a una vivienda en Aguadilla, así como por irregularidades en la construcción de una piscina.
Estos señalamientos propiciaron un proceso ético en la Cámara de Representantes, que culminó con una amonestación pública.
Los hechos también fueron investigados por el Departamento de Justicia, que este martes refirió el caso al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI). El referido se produjo un día después que el Tribunal Supremo reiterara una determinación del Apelativo que lo dejaba fuera de la papeleta del 6 de noviembre.
En ese momento, la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División de Integridad Pública del DJ, indicó que existe causa suficiente para creer que el legislador incurrió en delitos al no divulgar información sustancial, como el costo, el gasto y la deuda incurrida en la construcción de la piscina en su residencia en Aguadilla en los informes financieros que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) correspondientes a los años 2007 al 2010.
En su informe, Justicia también concluyó que Rivera Guerra violó la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico al utilizar como residencia principal una estructura sin el permiso de uso que expide la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y que, con relación al servicio de agua potable, el legislador incurrió en delito menos grave al tener una derivación en violación a la ley y reglamentos de la AAA.
El legislador también enfrenta una demanda por cobro de dinero por la construcción de la piscina en su casa de Aguadilla. Presuntamente debe $8,800.
