El ahora exmiembro de la Junta de la AEE, José Pérez Canabal supuestamente intercedió para que se le diera el contrato a Tropical, propiedad de su contador y vecino Ricardo Torres
Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com
El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, afirmó hoy, martes, que el contrato con la compañía productora de energía renovable Tropical Solar Farm siguió un trámite regular, y rechazó cualquier intervención indebida de algún miembro de ese cuerpo rector.
De esta forma, Ortiz negó los señalamientos que hicieron temprano en el día los candidatos populares al Senado, Ángel Rosa y Miguel Pereira, quienes aseguraron que durante la adjudicación del contrato medió la intervención del destituido integrante de la junta, José Pérez Canabal.
“Aquí es bien claro que el proyecto siguió todos los pasos necesarios. Se tardó 14 meses en la Autoridad”, enfatizó Ortiz.
Rosa y Pereira señalaron a Pérez Canabal por supuestamente interceder para que se le concediera el contrato a Tropical Solar Farm para establecer un parque de energía fotovoltaica con capacidad de 40 megavatios en Guayanilla.
La empresa es propiedad de Ricardo Torres, vecino y contador público autorizado que rinde servicios a Pérez Canabal.
Ortiz dijo que desconocía sobre la relación entre ambos, pero destacó que, cuando se le concedió el contrato a la empresa -el 3 de noviembre pasado- él no integraba la Junta de Gobierno de la AEE. El también director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados entró a ese organismo el 18 de noviembre.
Hoy la Oficina de Auditoría Interna de la AEE determinó que el contrato otorgado a Tropical Solar Farm siguió el curso regular, y no se identificaron documentos que sugirieran la existencia o la apariencia de conflictos de intereses en el proceso.
Luego que trascendió hace unas semanas la alegada intervención de Pérez Canabal en el otorgamiento del contrato, el gobernador Luis Fortuño lo destituyó de la Junta de Gobierno, y refirió el asunto a la atención del Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.
El acuerdo de compra de energía con Tropical Solar Farm fue dejado sin efecto en mayo, y la Junta de Gobierno suscribió uno con iguales términos con la empresa Jonas Solar Energy, también propiedad de Torres.
Rosa, quien aspira a un escaño por acumulación en el Senado, dijo que cuando se suscribió el nuevo acuerdo, la Junta de Gobierno también aprobó mediante un referéndum una resolución que fijaba en 3.5 centavos el kilovatio hora el precio de los certificados de energía renovable de la compañía.
Este cambio, según Rosa, le supuso a la empresa un incremento de cerca de $1.5 millones sobre lo que la AEE debía pagar originalmente.
Ortiz explicó que la resolución no fue aprobada exclusivamente para enmendar los términos con Jonas Solar Energy, sino que el ajuste en el precio se realizó para uniformar lo que pagaría la corporación pública a todas las empresas con las que establezca acuerdos de compra de energía.
“Los (acuerdos) que se habían negociado en el 2011 tenían condiciones desventajosas”, aseguró Ortiz.
Asimismo, dijo que el cambio de la corporación a Jonas Solar Energy obedeció a que la institución que le daría el financiamiento le exigió que estuviera incorporada en el estado de Delaware.
Según ambos candidatos populares, el proyecto fue rechazado por el gerente del Departamento de Planificación y Estudios del Sistema de Transmisión de la AEE. La razón de la oposición, de acuerdo a documentos presentados por Rosa y Pereira, fue que el proyecto podía provocar alzas en el costo de electricidad, y podría crear inestabilidad en el sistema eléctrico del sur.
Sin embargo, tanto Ortiz como documentos oficiales provistos por Rosa y Pereira señalan que recibió el aval del Directorado de Planificación.
