Ordenó encarcelar sin el debido proceso
Por Daniel Rivera Vargas / drivera2@elnuevodia.com
Una jueza fue suspendida por un mes de su cargo por “impaciencia, falta de temperamento y severidad excesiva” al encarcelar por diez días a un hombre, en parte, porque no tenía abogado y la jueza no le quiso asignar uno, según el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“La jueza (Gloria) Sierra Enríquez actuó de forma atropelladora”, reza la opinión del pleno. “Su proceder atenta contra la fibra misma de nuestro sistema de justicia y quebranta la confianza que debe promover el sistema en los jueces y juezas”, se indicó.
Según la opinión de 32 páginas, Héctor L. Virella Marín -acusado de un delito menos grave que consistía en amenazar a una mujer policía por teléfono- pidió a Sierra Enríquez, jueza del tribunal de Manatí, que lo dejara representarse por derecho propio. La jueza denegó el pedido y le ordenó buscar abogado o le impondría desacato.
Luego, el acusado le pidió a la jueza un abogado de oficio porque solo gana $962 mensuales y tiene cinco dependientes. La jueza también lo denegó.
El día de la vista, Virella Marín llegó sin abogado, pero alegó que estaba representado por Yaítza Maldonado, del Programa de Ayuda Legal de Manatí. Esta abogada dijo, sin embargo, que solo se limitó a “orientar” al acusado.
Es aquí que la jueza decide meter preso a Virella Marín y multarlo en $500. “Son dos desacatos. Usted tenía que haber venido aquí con abogado, lo sabía. No sabemos si por eso fue que dijo que esta era su abogada. Así que no solamente vino sin abogado, sino que le miente al tribunal”, dijo la jueza.
Virella Marín fue encarcelado.
El Tribunal Supremo resolvió que se violaron cuatro cánones de ética judicial. Además, señala que la jueza “desconocía aspectos elementales del procedimiento criminal”, como el derecho de autorepresentarse y para asignar abogados de oficio.
“Es inaceptable, más que obviar la aplicación de un reglamento administrativo, violentar el debido proceso de ley de un ciudadano y condenarlo a la cárcel irreflexivamente”, recomendó la Comisión de Evaluación Judicial en el informe avalado por el Supremo.
Virella Marín estuvo diez días en la cárcel Guerrero de Aguadilla y, poco después, el caso por amenaza se archivó.