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16 de marzo de 2013
8:31 a.m. Modificado: 09:59 a.m. Seguridad
 

Juez determinará constitucionalidad de la ley Tito Kayak

En juicio contra seis personas arrestadas por protestar la instalación de aerogeneradores en Santa Isabel

 

Por Michelle Estrada Torres / michelle.estrada@gfrmedia.com

El juez Eduardo Busquets Pesquera, del Centro Judicial de Ponce, tendrá que decidir si el Artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico, popularmente conocido como la ley Tito Kayak, es o no inconstitucional como plantea la defensa de las únicas seis personas acusadas de violar esta disposición.

El juicio contra Robinson Rodríguez, Raúl Mari Fernández, Luis Omar García Mercado, Rose Marie Vázquez Cruz, Edwin Velázquez González y Javier Smith Torres debía iniciar esta semana, pero se pospuso para fin de mes, luego de que sus abogados le plantearan al juez que la ley por la que se les acusa es inconstitucional. El motivo que han esbozado es que violenta su derecho a la libertad de expresión.

Estas personas fueron arrestadas en diciembre del 2011 por protestar la instalación de aerogeneradores sobre tierras agrícolas en Santa Isabel y posteriormente fueron acusados de violar el Artículo 208-A, como se llamaba la ley en el viejo Código Penal.

“El licenciado Martín Guillermo González Vélez planteó la inconstitucionalidad de la ley y yo añadí que el 'chilling effect' o efecto paralizador del artículo se había comprobado en este caso, porque luego de los arrestos no hubo más protestas, al punto de que se construyeron los aerogeneradores”, explicó el abogado Martín González, padre, en entrevista con este medio.

El parque eólico, propiedad de Pattern Energy, está en funciones desde octubre pasado.

El juez Busquests Pesquera determinó que las partes tenían hasta el lunes, 18 de marzo, para someter un memorial de derecho donde argumenten por qué la ley es constitucional o por qué no lo es, y les comunicó que resolvería por escrito. El juicio fue pospuesto para el miércoles, 27 de marzo.

Si el juez concluyera que la ley es inconstitucional, terminaría el proceso criminal contra los imputados, a menos que la fiscalía apelara. El asunto podría llegar hasta el Tribunal Supremo.

Este proceso judicial ocurre al tiempo que en la Legislatura se discute la posible derogación de la ley, que fue bautizada con el apodo del activista ambiental Alberto de Jesús, conocido por sus protestas en proyectos que entiende perjudican los recursos naturales.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que derogaría la ley y el Senado ya realiza vistas públicas sobre una medida con propósito similar.

El gobernador Alejandro García Padilla, que prometió durante su campaña política que derogaría el artículo, cambió de postura recientemente, luego de que el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, expresara que la ley debe enmendarse en vez de suprimirse.

Entre los funcionarios públicos que han dicho que esta ley es inconstitucional se encuentran el representante popular Luis Vega Ramos y el presidente del Senado, Eduardo Bhatia. El gobernador, antes de ocupar el cargo, verbalizó que el artículo debía anularse porque “criminaliza la expresión pública”.

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