Sin límite esta nueva investigación
Por Sandra Caquías Cruz / scaquias@elnuevodia.com
La División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia confirmó ayer que está inmersa en la investigación y la citación de testigos en el caso contra el representante penepé José Luis Rivera Guerra.
“Estamos recopilando información y entrevistando personas”, aseguró la fiscal Yolanda Morales Ramos, quien se identificó como una de las que colabora con el fiscal Jorge Masuz, encargado de la pesquisa junto a la directora de esa división, Maricarmen Rodríguez. También hay una agente investigador.
La fiscal Morales Ramos aseguró que entre las personas citadas a declarar hay empleados gubernamentales, así como del sector privado. “Hay de ambas”, señaló la fiscal, quien no descartó también sentar en esa silla al representante Rivera Guerra.
Morales Ramos no precisó si la lista de testigos llegó a la veintena. El Nuevo Día supo que entre los citados están el ingeniero que diseñó el plano de la residencia, el contratista que le construyó la piscina, empleados de las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).
La pesquisa, destacó la fiscal, cubrirá “ramificaciones” que van surgiendo de los testimonios y que eso ha ido aumentando la lista de los entrevistados.
“Vamos a investigar todo lo que surja de la misma investigación”, señaló antes de contestar que “una persona (entrevistada) puede dar información adicional” que los lleva a aumentar la lista de personas citadas.
El representante novoprogresista es investigado por Justicia tras un referido que hizo La Fortaleza. Eso ocurrió horas después de que la Comisión cameral de lo Jurídico y de Ética decidiera que las imputaciones que se le hacen por construir la casa sin permisos, no pagar contribuciones sobre la propiedad y el que se hogar cuente con los servicios de agua y luz sin ser abonado directo de las corporaciones públicas que los ofrecen solo eran motivo para una reprimenda y quitarle diez días de dietas.
El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y gobernador, Luis Fortuño, además de referir el caso a Justicia, envió las querellas en contra del representante, así como documentos que surgieron sobre el caso, al Directorio de esa colectividad. A esos efectos la Comisión de Quejas y Agravios de la Palma realiza una investigación sobre las imputaciones al representante.
La citada comisión deberá recomendar, antes de la reunión del Directorio pautada para el 17 de febrero, si Rivera Guerra debe estar en una papeleta bajo la insignia de la Palma o no.
El Departamento de Justicia investiga la posibilidad de que Rivera Guerra hubiese cometido algún delito y en ese caso lo referirían a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, esto porque los hechos que se le imputan ocurrieron mientras era funcionario con un cargo electivo.
