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30 de enero de 2013
3:48 p.m. Modificado: 5:29 p.m. Calidad de vida
 

Justicia investigará a la AEE y la AAA

Además el gobernador envía medida para cortar grasa en ambas corporaciones públicas

 

Por Alba Y. Muñiz Gracia / alba.muniz@gfrmedia.com

El gobernador Alejandro García Padilla ordenó hoy al secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, una investigación en torno a las determinaciones que tomaron las juntas de gobierno de las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y Acueductos y Alcantarillados (AAA) antes de las elecciones y que presuntamente le han costado unos $400 millones al pueblo.

El mandatario también pidió la renuncia de todos los miembros de las juntas de ambas corporaciones nombrados durante la pasada administración, a raíz de las medidas que implantaron para reducir ficticiamente las facturas de los abonados de la AEE y la AAA de cara a las elecciones generales del 6 de noviembre.

No obstante, dejó entrever que el aumento en la tarifa que enfrentará la mayoría de los abonados de la AEE en los próximos tres meses podría ser inevitable. “Yo estoy trabajando para lograr la implantación de mi plan de gobierno, que incluye, no solo evitar aumentos, sino que procura una reducción en el costo (de la energía), y mi equipo de trabajo está trabajando bien duro para que se reduzca el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico”, respondió García Padilla a preguntas de este medio.


“Estamos trabajando, estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda y el plan de gobierno dice precisamente cómo, cuándo y cuánto. Claro, lo que ha surgido a la luz pública provoca unas consecuencias inmediatas que nosotros estamos trabajando para evitar, pero si no fueran evitables en este momento, vamos a continuar trabajando porque vamos a implantar el plan de gobierno”, reiteró.

La conferencia de prensa del gobernador fue convocada hoy, cuando El Nuevo Día informó del aumento temporero que la Junta de Gobierno implantaría a sus abonados regulares para subsanar la rebaja artificial que se les otorgó en los meses previos a las elecciones generales del 6 de noviembre. Estos abonados representan 900,000 de los 1.5 millones de clientes de la AEE.

El ajuste representaría un aumento de $15 en las facturas de los próximos tres meses.

A pesar de que la investigación ordenada al secretario de Justicia abarcaría a todos los miembros de ambas juntas, García Padilla aclaró que Juan Rosario y Agustín Irizarry, representantes del ciudadano en la AEE, cuentan con su confianza.

“(Rosario e Irizarry) han dicho que se les ocultó información, y yo les creo. Tienen todo mi respaldo, toda mi estima”, manifestó el gobernador en una rueda de prensa en La Fortaleza.

“A los demás miembros de la junta, con excepción del presidente (Harry Rodríguez, designado ayer), les solicito otra vez su renuncia. No confío en ellos, no son parte de quienes implementarán la política pública del gobierno, la que dicto yo”, agregó el mandatario, quien estuvo acompañado por el secretario de Justicia, el nuevo presidente de la AEE; el director de la AAA, Alberto Lázaro, y la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila.

Para atender la situación, anunció que someterá dos proyectos de ley, dirigidos a profesionalizar todas las juntas de gobierno de las corporaciones públicas y para eliminar los beneficios que reciben sus miembros. Entre esos beneficios, García Padilla mencionó salarios, dietas y demás emolumentos.

“Por décadas, demasiadas personas en los organismos directivos de la AEE se han creído que se mandan y establecen su propia política pública y han puesto sus intereses por encima de los intereses de la gente. Eso se tiene que acabar. La política que se va a implementar es mi política pública”, puntualizó García Padilla.

“Se acabó el utilizar como casino que siempre paga las juntas de gobierno de las corporaciones públicas, algunas que pagan dieta hasta cuando tienen reunión por teléfono”, añadió.

El gobernador indicó que las medidas irregulares tomadas por la Junta de Gobierno de la AEE consisten en la autorización del uso de $164 millones provenientes de una reestructuración de la deuda para bajar artificialmente la tarifa de los clientes residenciales en noviembre del 2011.

También mencionó que en octubre del 2012, la junta destinó los costos de producción de las unidades 5 y 6 de Costa Sur, que operan con gas natural y son más económicas, para reducir la tarifa residencial no subsidiada. Según García Padilla, esta acción viola la ley federal PURPA y discrimina contra los clientes comerciales e industriales.

Otra de las acciones tuvo lugar en agosto del 2012, cuando la AEE dejó de recuperar una porción del ajuste mensual de costo por combustible lo que, según García Padilla, se hubiese traducido en un alza en las tarifas previo a las elecciones. El gobernador dijo que esta práctica continuó de octubre a diciembre.

“Esta práctica continuó en los meses de octubre a diciembre, lo que provocó en enero un aumento en el déficit de $170 millones en su presupuesto. Todo, por el capricho político de tratar de influenciar el resultado electoral”, manifestó.

De igual forma, indicó que en la AAA se hizo una emisión de bonos en enero del 2012 de la que se destinaron $240 millones para cubrir gastos operacionales de la agencia y evitar un aumento en las tarifas.

“Estas medidas tuvieron un impacto de cerca de $400 millones entre ambas corporaciones. Por eso, le estoy requiriendo al recién nombrado director ejecutivo de la AEE que tome las acciones pertinentes para hacer cumplir mi plan de gobierno”, señaló.

“La autoridad no tiene opción ante ese plan de gobierno, lo tiene que implantar y lo tiene que implantar ya, y el que no esté de acuerdo con ese plan de gobierno, le acepto la renuncia”, reiteró.


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