"La enmienda no se justifica"

El problema que el Gobierno pretende solucionar con la enmienda constitucional para limitar el derecho a la fianza en casos de asesinato, no existe, según un estudio realizado por la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), que provee representación legal gratuita a personas de escasos recursos económicos.

El estudio, basado en los expedientes de casos de asesinato en primer grado atendidos por la SAL durante un año, revela que ninguno de los imputados que prestaron fianza o que salieron libres por hábeas corpus, fue acusado de cometer un nuevo delito, según el director de la SAL, Federico Rentas.

El análisis sostiene que solo 11 de 100 imputados prestaron la fianza que les impuso el tribunal, mientras que el resto permaneció preso por no poder pagarla. De los que permanecieron presos, ocho fueron excarcelados por hábeas corpus, un recurso que permite a los imputados de delito que no pudieron prestar fianza salir en libertad al cabo de seis meses en espera de juicio.

El análisis de la SAL se basó en los casos de asesinato en primer grado (cometidos con malicia premeditada y deliberación) que atendió la entidad entre el 31 de marzo de 2011 y el 1 de abril de 2012, uno de los periodos más sangrientos en la Isla.

El argumento principal del Gobierno para defender la limitación al derecho a la fianza es precisamente evitar que las personas imputadas de asesinato cometan nuevos delitos mientras se encuentran libres en espera de juicio.

“La inmensa mayoría de los imputados está preso hasta que se les celebra juicio. El problema no existe, y si existiera, se podría solucionar con las Reglas de Procedimiento Criminal. La enmienda no se justifica empíricamente. ¿Cuál es la justificación real? Nadie la ha dicho”, reiteró Rentas.

La resolución del Senado que propone el referéndum para enmendar el derecho a la fianza se basa en datos de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que no especifican si los números sobre los imputados de delitos que quedaron libres bajo fianza corresponden a casos por asesinato o otros delitos graves, como escalamiento, apropiación ilegal de vehículos, incendio malicioso, daño a la propiedad y escalamientos a propiedades del Gobierno.

Asimismo, la medida indica que durante los pasados tres años más de 800 imputados de delito grave que estaban libres bajo fianza violaron las condiciones o delinquieron nuevamente.

“En los pasados cinco años, un promedio del 2.7% de los clientes de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) incumplieron con las condiciones de la fianza, no necesariamente por cometer un nuevo delito. Hay por salir del área permitida o hasta por salir positivo a droga. La mayoría cumple con las condiciones”, dijo Rentas.

La constitucionalista Judith Berkan agregó que la medida no reducirá la incidencia criminal en la Isla debido a que no se está atacando la raíz del problema, anclado en los problemas sociales, económicos y de drogadicción que afectan a gran parte de la población.

“No hay ninguna relación entre la medida propuesta y su supuesto fin. Estamos enfrentando un serio problema de criminalidad y hay que ver si esto puede tener algún efecto. La fianza no es para castigar. La fianza es para que la persona comparezca al juicio”, indicó.

Asimismo, el abogado criminalista Efraín Guzmán advirtió que la enmienda discrimina contra las personas sin recursos económicos, que no tienen acceso a representación legal justo después de su arresto y que no conocen políticos.

“La gente que no tiene recursos, cuando vaya a Regla 6 no pueden defender si es un asesinato en primer grado o no. Les van a imponer la no fianza, ahí están los pobres, las mujeres y los extranjeros”, puntualizó.