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2 de febrero de 2014
Puerto Rico Hoy
 

Legislatura crea comisión para atender el status

El equipo estará a cargo de impulsar la Asamblea de Status

 

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

El senador Ángel Rosa (arriba) y el representante José “Conny” Varela presidirán la comisión que evaluará la propuesta del presidente de realizar un referéndum en la Isla. (Archivo)

WASHINGTON– La Legislatura de Puerto Rico va a encaminar, a través de la comisión conjunta creada para analizar los proyectos de ley que proponen una Asamblea de Status, una discusión amplia sobre cuál debe ser el próximo proceso de status en la Isla.

En momentos en que la prioridad de las autoridades de Washington y San Juan está en seguir de cerca la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico, el próximo debate en torno al status va a quedar en manos de la comisión especial que presiden el senador Ángel Rosa y el representante José “Conny” Varela, ambos del Partido Popular Democrático (PPD).

“La idea es dar curso al tema de la Asamblea de Status y seguir de cerca el desarrollo de la posibilidad de un referéndum como ha propuesto el presidente (Barack) Obama. Todo se va a canalizar a través de esa comisión”, indicó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, en una entrevista telefónica.

Legisladores y alcaldes del PPD han comenzado a cerrar filas a favor de que el gobierno de Puerto Rico convoque primero a una Asamblea de Status, para que ese sea el organismo a cargo de una futura negociación con el gobierno del presidente Obama y el Congreso en torno a las condiciones de un posible próximo plebiscito.

A mediados de mes, el presidente Obama convirtió en ley una medida que incluye una asignación de $2.5 millones que le entregaría el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para ayudar a financiar una campaña educativa sobre las opciones de status de una próxima consulta.

La entrega de los fondos –si es que al Gobierno de Puerto Rico le interesa– estaría condicionada a que el secretario de Justicia de Estados Unidos revise primero si las alternativas de status, la campaña educativa y materiales relacionados cumplen con la constitucionalidad, legalidad y política pública del gobierno federal.

Aunque su representante en Washington ha cuestionado la fuerza legal del proceso adoptado en el Congreso, el gobernador Alejandro García Padilla dijo que cumplirá tanto con las recomendaciones de la nueva ley federal como con el programa de gobierno del PPD, que propuso una Asamblea Constitucional de Status si en 2013 no se aprobaba un proyecto de ley que ordenara un plebiscito vinculante para el Congreso federal.

“No estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las opciones (procesales). Quisiera escuchar un poco más”, indicó Bhatia. El asunto deberá discutirse también pronto en la Junta de Gobierno del PPD, según legisladores populares.

El miércoles, en un foro en Puerto Rico, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá se expresó “convencido de que estos momentos de crisis son los adecuados y/o necesarios para resolver el status”.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), el comisionado residente Pedro Pierluisi, ha pedido utilizar la oferta de la ley federal para reglamentar en Puerto Rico un referéndum estadidad sí o no, una propuesta que hizo a la Cámara de Representantes federal en 2013 a través de su proyecto de ley 2000, pero que no ha avanzado y que se cree solo conseguirá, si acaso, un audiencia pública este año.

Entusiasmado con la reafirmación hecha por la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de que el caso político de Puerto Rico seguirá en su agenda, aunque no diera paso en este momento a la admisión del movimiento independentista boricua como miembro asociado, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, abogó por el inicio de las audiencias en la Legislatura de Puerto Rico.

“Se impone ahora que comiencen de inmediato en la Legislatura de Puerto Rico los trabajos de la comisión conjunta ya nombrada para que finalmente se convoque a una Asamblea de Status. Junto a los esfuerzos que ya han rendido fruto a nivel internacional, dicha Asamblea nos permitirá presionar a los Estados Unidos para que cumpla con su obligación descolonizadora”, indicó Berríos Martínez.

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