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Un solo Puerto Rico

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1 de marzo de 2012
Puerto Rico participativo
 

Limitada la voz ciudadana en los municipios

Son escasas las intervenciones de quienes están ajenos al proceso político

 
Thinkstock

Por Iliana Fuentes Lugo / iliana.fuentes@elnuevodia.com

La participación  de los ciudadanos en  la  planificación y desarrollo de los municipios está limitada a las  organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos del Estado y a las juntas de comunidad que son escogidas por los alcaldes.

Esto, pese a que la Ley de Municipios Autónomos  y varios estatutos federales exigen que esa participación no esté limitada y establecen reglas específicas para garantizarla. 

Esta exigencia se basa en la idea de que, si se incluye a los ciudadanos en el proceso de planificación, mejorará la gobernanza y disminuirán las posibilidades de  corrupción en los municipios, según Leonardo Santana Rabell, profesor de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

“Es una forma de gobernar con la gente. Es un estilo de gobierno que se llama gobernanza democrática y que exige la participación de los ciudadanos”, explicó Santana Rabell.

La participación como requisito

Los cuatro programas federales que administra  la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y otras ayudas económicas que ofrece esa dependencia anualmente   requieren la celebración de vistas públicas que deben anunciarse en algún medio de comunicación.  Aunque estas reuniones en las que se desarrolla el Plan de Acción de la agencia están abiertas a todos los ciudadanos, en la práctica solo participan los recipientes directos de los fondos.

 “Recientemente, iniciamos la primera etapa de participación ciudadana para cumplir con los requisitos del Gobierno federal... Los que mayormente participaron fueron los representantes municipales y de las instituciones sin fines de lucro”, comentó el comisionado de Asuntos Municipales, Luis Rivera, sobre las vistas que se celebraron la semana pasada para determinar la distribución de recursos para desarrollo comunitario y vivienda.

Colaboración selectiva

Las comunidades  suelen quedar excluidas de esta planificación porque, aunque serán las que se beneficiarán de los programas, no manejarán los fondos que da el Gobierno. “Lo que se hace es una distribución del dinero a entidades. Las personas buscan el beneficio a través de las organizaciones”, dijo en entrevista telefónica un empleado de la división de participación ciudadana del Municipio de Bayamón que prefirió no ser identificado.

En el caso de la creación de códigos de orden público y de planes de uso de terreno, la participación ciudadana está vinculada a las Juntas de la Comunidad, organismo establecido por la Ley de Municipios Autónomos y cuyos integrantes son escogidos por los alcaldes.  Estos grupos solo participan en la planificación de proyectos que imponen nuevas normas a la comunidad.  

“Las reglas para distribución de fondos para seguridad, urbanismo y desarrollo imponen cargas y obligaciones a los ciudadanos”, señaló el Comisionado, quien aseguró que por eso es que la ley provee “mecanismos para escuchar a todos los sectores”.

Según la ley, las Juntas de la Comunidad deberían ser representativas de los distintos sectores ideológicos, sociales y económicos del municipio. Estos grupos deben asesorar a los municipios y vigilar por la implementación y cumplimiento de los planes establecidos. Sin embargo, explica Santana Rabell, esa representación  no siempre se consigue debido al “temor de los alcaldes a perder el poder”.  

“(La selección de las Juntas de la Comunidad) se da utilizando el partidismo y no realmente la participación ciudadana. Es una participación simbólica para cumplir con los requisitos formales, en particular con los programas federales”, afirmó el catedrático.

De igual forma, Santana Rabell señaló que existen municipios, como  Caguas y Cayey, que incluyen a los ciudadanos de todas sus comunidades en la planificación y aprobación de diversos planes de desarrollo. Asimismo, consideró que los ciudadanos deben exigir mayor participación en los espacios que ya están establecidos por ley.

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