Llueve y no escampa

El abogado del representante José Luis Rivera Guerra, Rolando Santiago, interpretó el referido de la investigación criminal contra su cliente a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) como un intento de intimidación que busca tronchar las aspiraciones del legislador, aún vivas, de alcanzar la reelección por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Santiago aseguró que las investigaciones criminales ya hechas han reiterado que Rivera Guerra no ha cometido delito, por lo que no debió proceder el referido que, a su entender, obedece solo a consideraciones partidistas.

“A mi juicio lo hacen única y exclusivamente para tratar de sacarlo de la política... Esto es muy peligroso, porque se está dejando a un lado el proceso democrático y el derecho de los ciudadanos a ser candidatos para convertir el proceso en una dedocracia”, dijo Santiago, al insinuar que el PNP ya buscó a una persona para que corra por el distrito representativo Aguadilla-Moca.

El referido al FEI, según el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, indicó que la investigación contra el legislador novoprogresista cubriría asuntos relacionados a la obtención de los permisos de construcción de la vivienda del representante en Aguadilla y posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, entre otros.

Según la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División de Integridad Pública de Justicia, surge de la investigación que Rivera Guerra no divulgó información sustancial -como el costo, el gasto y la deuda incurrida en la construcción de la piscina en su residencia de Aguadilla- en los informes financieros que presentó en la Oficina de Ética Gubernamental del 2007 al 2010. Rodríguez Barea señaló que existe causa suficiente para creer que el representante infringió el artículo 4.11 (A) de la Ley de Ética Gubernamental.

Asimismo, el informe concluye que Rivera Guerra violó las disposiciones de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, al utilizar como residencia principal una estructura sin el permiso de uso que expide la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). Añade el informe que, con relación al servicio de agua potable, el legislador incurrió en delito menos grave al tener una derivación en violación a la ley y reglamentos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

En enero, el gobernador Luis Fortuño, refirió el caso a Justicia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, reaccionó alegando que una vez el FEI haga su determinación, “actuaremos conforme a derecho”. La Cámara había investigado estos hechos y solo amonestó al legislador.

Este es el segundo golpe que recibe esta semana el representante, ya que el lunes el Tribunal Supremo ratificó una decisión del Apelativo que lo deja fuera de la papeleta.

Rivera Guerra estuvo bajo el escrutinio público luego de que trascendiera que no tenía los permisos correspondientes para su vivienda en Aguadilla y que no era cliente de la AAA en otra residencia en Moca.