“Luz roja” por la nueva ley de estorbos públicos

El nuevo estatuto que facilita la expropiación y remoción de estructuras identificadas como estorbos públicos es percibido como un acto de atropello a los pobres del País y podría ser inconstitucional, según líderes comunitarios y expertos en el tema de la pobreza.

La Ley 31 para Viabilizar la Restauración de las Comunidades, firmada por el gobernador Luis Fortuño el pasado 18 de enero, permite a los ayuntamientos expropiar inmuebles declarados estorbos públicos, demolerlos y transferirlos a quienes los rehabiliten.

El profesor de Derecho y Pobreza, Osvaldo Burgos, dijo que históricamente los municipios usan estas leyes para fomentar las expropiaciones forzosas.

“Hay que estar bien pendiente de la aplicación de esta ley, porque de su faz puede ser constitucional, pero en su aplicación puede resultar inconstitucional si selectivamente persigue a las comunidades pobres”, expresó Burgos.

Tanto Burgos como el líder comunitario Jorge Oyola expresaron por separado su preocupación de que la nueva ley sea usada contra personas de escasos recursos que sencillamente no tienen dinero para arreglar sus propiedades.

“Puede que no sea una propiedad bonita, pero son las casas donde vive la gente pobre”, expresó Burgos.

“Hay veces que son personas mayores, que no tienen la habilidad para ellos mismos arreglar su casa. Hay veces que en esas casas vive gente, pero nadie lo sabe hasta que van a buscar un cuerpo en descomposición”, indicó Oyola, de la comunidad Los Filtros en Guaynabo.

Oyola llamó la atención a que este tipo de legislación parece no incluir los grandes edificios abandonados que pertenecen a personas adineradas.

El líder comunitario exhortó a los municipios a arreglar esas estructuras y entregarlas a los pobres. “Sabido es que hay personas que viven dentro de autos. La fila para obtener vivienda pública es como para vacunarse. La pregunta que hay que hacerse es qué van a hacer los municipios con esas estructuras”, dijo.

Mientras, Mirta Colón, de la comunidad Las Gladiolas -un residencial demolido por el gobierno-, puso en duda los criterios para determinar si la estructura puede repararse.

“La problemática de los estorbos públicos debe atenderse, pero ¿la única forma es esa?... ¿por qué tenemos que pensar en destruir, y no en reparar, ante la necesidad de vivienda del país?”, dijo. “Muchas cosas que se están legislando en este momento van en detrimento de las clases marginadas”, agregó.