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18 de mayo de 2013
Puerto Rico Hoy
 

Madres lesbianas exigen derecho de adopción en Puerto Rico

Madres lesbianas exigen derechos

Por Alba Y. Muñiz Gracia / alba.muniz@gfrmedia.com

La aspiración de Ángeles Acosta Rodríguez de adoptar a la hija que ha criado con su pareja, Carmen Milagros Vélez Vega, podría convertirse en realidad si la Legislatura aprueba un proyecto de ley que enmendaría el Código Civil y permitiría que pudieran hacerlo las personas del mismo género.

La lucha de Acosta Rodríguez llegó hasta el Tribunal Supremo, foro que rechazó su petición e indicó que en la Asamblea Legislativa recaía la responsabilidad de cambiar el estatuto que impide que personas del mismo sexo adopten a un niño o a una niña.

La pareja, acompañada por su hija de 12 años, depuso ayer en la primera vista pública en torno al Proyecto 437, de la autoría de la senadora popular Mari Tere González, a menos de 24 horas de que el Senado diera un paso hacia la equidad de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT), al aprobar una medida que prohíbe el discrimen en el trabajo por orientación sexual.

El sufrimiento

“Lo único que estoy pidiendo es el mismo derecho que tienen los demás niños”, indicó Acosta Rodríguez en un aparte con la prensa frente al salón de actos Leopoldo Figueroa en el Capitolio, donde se efectuó la audiencia.

“Hemos sufrido las dos; para mí, es más duro porque yo no tengo los derechos (como madre) porque si, por ejemplo, Carmen, que tiene un trabajo bastante complejo, viaja y queremos encontrarnos en algún lugar, yo tengo que sacar un affidávit para sacar a la nena del país. Si Carmen viaja y le pasa algo a la niña, si se enfermara o tuviera una situación de emergencia, ¿cómo vamos a manejar esa situación?”, expresó Acosta Rodríguez.

La joven de 12 años estuvo sentada entre sus dos madres mientras estas presentaban su emotiva ponencia.

“Nuestras familias funcionan como las demás, pero no tienen las protecciones que las demás y, por tanto, viven en desventaja, oprimidas y carentes de la dignidad que nos promete la Constitución de Puerto Rico”, indicó Vélez Vega, quien llevó en su vientre a la menor.

“Lo más difícil ha sido explicarle (a la niña) por qué nuestra familia es excluida socialmente y por qué ella no puede acceder a las protecciones y condiciones de ciudadanía que sus pares. ¿Por qué ella no puede usar su apellido, el nombre de su familia, del cual se siente tan orgullosa?”, cuestionó.

Gracias a la ley vigente, que reglamenta los nombres en la Isla, la joven ha podido llevar el apellido de su segunda mamá, Acosta, como parte de uno de sus medios nombres. Vélez Vega explicó que la ley permite hasta cinco medios nombres.

“Es este el honorable cuerpo de la Legislatura en donde esperamos que nuestro largo y doloroso proceso finalice con la respuesta que merece esta maravillosa niña que da sentido a nuestras vidas, al igual que todos los maravillosos hijos e hijas que componen nuestras familias y adornan esta sala hoy y este país nuestro”, expresó Vélez Vega.

Apoyo de Justicia

“Yo les aseguro que la historia recordará con admiración su valentía y pondrá vergüenza en aquellos que lo han querido impedir. Porque, al final, siempre, siempre, triunfará el amor”, agregó.

Según el Departamento de Justicia, 20 estados en los Estados Unidos han incorporado, mediante jurisprudencia, la figura del segundo padre y la segunda madre, mientras que en California, Colorado, Connecticut y Vermont esa figura se ha legitimado mediante legislación, como se busca hacer en Puerto Rico. 

Según la ponencia, Alemania, España, Uruguay, Suecia, Islandia, Dinamarca, Reino Unido y Noruega también permiten que parejas del mismo sexo adopten a menores.

“Como responsable de implantar la política pública del país, la Rama Legislativa debe responder al cambio social buscando alternativas que viabilicen el establecimiento de normas de vanguardia que respondan a las necesidades actuales”, expresó Luis Sánchez Betances en su ponencia escrita.

“Con la presentación de este proyecto de ley, la Asamblea Legislativa ha cedido ante uno de los llamados de justicia que desde hace mucho tiempo hacen ciertos tipos de familia que, innegablemente, forman parte de la sociedad puertorriqueña”, indicó el secretario.

Mientras, el fundador y portavoz de la organización Puerto Rico para Tod@s, Pedro Julio Serrano Burgos, dijo que la democracia trata de garantizar derechos iguales a todos los ciudadanos y no de imponer creencias a minorías.

“Aunque la Constitución es clara y la jurisprudencia normativa, no menos, lo cierto es que cuando de orientación sexual o identidad de género se trata, la Constitución se olvida, las leyes se interpretan de manera ultrarrestrictiva y la jurisprudencia busca la vuelta para no tocar el asunto, obligando a seres humanos a tener que resignarse a vivir con el estigma del discrimen”, indicó Serrano Burgos.

“La exclusión de las parejas del mismo sexo de la Ley de Adopción es producto de una visión ideológica fundamentalista del Tribunal Supremo, amparada en una percepción equivocada de la tradición judeocristiana que nada tiene que ver con el análisis jurídico legal que se espera de nuestro más alto foro judicial”, manifestó el activista de los derechos humanos.

Serrano Burgos indicó que, según el Censo del 2010, más del 40% de las parejas del mismo sexo estaban criando a menores de 18 años. Por esto, urgió a los legisladores a aprobar el proyecto sin temer al costo político que podría tener hacerlo.

“No teman coste político alguno por cumplir su mandato constitucional de hacer valer la igualdad de todos los ciudadanos. Los candidatos que fueron respaldados por estos sectores fundamentalistas fueron derrotados en las urnas, y aquellos que fueron rechazados por los mismos grupos hoy están entre ustedes en los hemiciclos legislativos”, indicó el activista.

“La moral no se basa en preceptos religiosos: la moral se basa en la dignidad del ser humano y cómo esta es respetada por los demás conciudadanos, tanto así que la inviolabilidad de esa dignidad es defendida por nuestra Constitución", añadió. 

También se expresaron a favor del proyecto la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén; el decano de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José F. Cordero; el catedrático Efrén Rivera Ramos, de la Escuela de Derecho de la UPR; la catedrática Esther Vicente, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana; la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Nydia Ortiz Nolasco; el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Larry E. Alicea Rodríguez; el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Salvador Santiago, y la subsecretaria de la Familia, Roxana Varela Fernós.

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