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25 de febrero de 2013
Puerto Rico Hoy
 

Maniobras de última hora

Se espera que la FAA informe esta semana si aprueba o no el arrendamiento del aeropuerto. Fotos

Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

Los opositores y defensores de la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín intentan influenciar a último minuto la decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que, según varios reportes extraoficiales, parece inclinarse a aprobar o retrasar la aprobación del arrendamiento de la principal instalación aérea del país.

Marchas en las inmediaciones del aeropuerto y varias cartas oponiéndose al contrato, una de ellas firmada por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, figuraban ayer entre los eventos más visibles de la oposición al contrato que dejaría la instalación portuaria en manos del consorcio de empresarios mexicanos y estadounidenses Aerostar Airport Holdings por un periodo de 40 años.


Entretanto, hoy lunes se espera que el pleno de la Cámara baja apruebe el informe, que condenará el acuerdo contractual firmado por el exgobernador Luis Fortuño y respaldado tímidamente por el actual mandatario, Alejandro García Padilla.

Según el representante José “Conny” Varela, una vez sea aprobado, el documento será traducido y enviado a la FAA, acción que, aunque inmediata, muy bien podría considerarse como tardía puesto que la agencia federal tiene hasta mediados de esta semana para determinar si avala o no el arrendamiento.

“Sabemos que estamos contra el reloj en este momento”, dijo Varela, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara baja. Ayer ni el consorcio Aerostar ni el director de la Autoridad de los Puertos, Víctor Suárez, contestaron las peticiones de entrevista de este diario.

Los favorecedores del acuerdo han concentrado sus argumentos en la necesidad de mejorar la infraestructura de la instalación portuaria y que los fondos que recibirá Puertos, en el tramite inicial, aliviarán significativamente la deuda que carga la agencia.

La oposición al contrato, que se ha venido cuajando en las últimas semanas, ha evolucionado de cuestionamientos laborales y tarifarios a una crítica a las cláusulas económicas del acuerdo que, según el presidente cameral, Jaime Perelló, están cargadas a favor del consorcio y en contra de los intereses económicos del Gobierno y, en especial, de la Autoridad de los Puertos.

AL BORDE DE LA BANCARROTA

Puertos está actualmente al borde de la bancarrota. Esta corporación pública confronta una insuficiencia de fondos que le impide pagar los $60 millones que les debe a sus suplidores y los préstamos que rondan los $1,000 millones.

Bajo el panorama actual, Puertos se ve imposibilitado, inclusive, de volver a la vieja y criticada práctica de tomar dinero prestado para cubrir los gastos operacionales. Esto porque ya no le queda margen prestatario.

Según Perelló, al menos tres estudios económicos coinciden en que a mediano y largo plazo el contrato no despeja a Puertos de una bancarrota, sino que, a lo sumo, la posterga.

El arrendamiento del aeropuerto, según el líder cameral, reducirá significativamente las ganancias que tiene la corporación pública, ya que estas serán colectadas por la empresa Aerostar. No obstante, Puertos se mantendrá con la mismas obligaciones en el pago de su deuda.

“Con el contrato, Puertos se quedará con las deudas a largo plazo, pero sin el aeropuerto no tendrá los ingresos que necesita para pagarlas porque esos chavos los tendrá Aerostar de ganancia”, precisó Perelló.

Los argumentos a favor del contrato giran en torno al panorama más inmediato de deterioro en el aeropuerto y la inyección de $650 millones que tendría Puertos cuando entre en vigor el contrato, si es aprobado por la FAA.

Este dinero, según documentos evaluados por la FAA, será usado en gran medida para crear una reserva en el Banco Gubernamental de Fomento que libere al banco de las garantías dadas por una emisión de bonos hecha el año pasado por la administración de Fortuño.

García Padilla, por su parte, ha exigido otras garantías que aseguren la permanencia de muchos de los empleos en el aeropuerto, la estabilización en las tarifas aéreas y el desarrollo de los aeropuertos regionales

Este último escollo es de particular importancia por una cláusula en el contrato que indica que el Gobierno tendría que compensar a Aerostar por la actividad económica que dejen de recibir por el movimiento de pasajeros y carga a los aeropuertos regionales.

Este asunto, junto con la preocupación de los despidos de empleados, fue parcialmente subsanado con la firma de dos documentos suplementarios que garantizan la retención de algunos empleos y el desarrollo de las pistas fuera del área metropolitana. Puertos trabaja en un plan de relocalización de empleados por si la FAA avala la transacción.

DUDAS CON LOS EMPLEOS

No se ha precisado, sin embargo, si Aerostar no podrá despedir empleados por los primeros diez años del contrato, como buscaba el Gobierno. Tampoco se ha precisado qué pasará con los 1,300 empleados en los concesionarios dentro del aeropuerto ni con los puestos federales que, según la Federación Americana de Empleados de Gobierno, se perderán con la reagrupación de puntos de cotejo e inspección de equipaje que pretende hacer Aerostar.

Se estima que el consorcio pagará $2,457 millones por el arrendamiento del aeropuerto durante unl periodo de 40 años. Esto, según Perelló, está muy por debajo del potencial económico que tiene el aeropuerto de mantenerse bajo la Autoridad de los Puertos.

Además, el consorcio de empresarios mexicanos y estadounidenses inyectará $200 millones en mejoras a las instalaciones portuarias, cifra que, según los estudios económicos en manos de la Cámara, es muy baja si se cuenta con el apoyo económico federal.

“Económicamente, se ha mostrado hasta la saciedad que la transacción no es la mejor para el país”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández. Según estimados de la propia Aerostar, en los inicios del contrato tendrán ganancias de entre $11 millones y $17 millones anuales.

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