Más protección para las víctimas de violencia de género

Al aprobar este domingo una resolución para asignar $3 millones a la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos, el gobernador Luis Fortuño afirmó que los recursos estaban destinados a ampliar los ofrecimientos hacia las víctimas de violencia de género, pero el texto de la legislación dispone otros propósitos.

El primer ejecutivo firmó la medida en La Fortaleza en compañía de los líderes legislativos y la procuradora de las Mujeres, y destacó que la pieza asignaba al Fondo de Compensación a Víctimas recursos adicionales para continuar brindando servicios como ayuda sicológica, pago de gastos médicos, reubicación a una nueva residencia, entre otros, a las personas que hayan sido víctimas de violencia de género.

“Estos fondos adicionales, por su puesto, van a estar disponibles a cualquier víctima que se haya visto envuelta, desgraciadamente, en este ciclo de violencia”, manifestó el gobernador durante una rueda de prensa.

Sin embargo, el texto de la Resolución Conjunta de la Cámara 1488, de la autoría de la presidenta cameral, Jenniffer González, indica que el dinero corresponde a una reasignación “para la implantación del sistema de mecanización, la adquisición de vehículos, materiales, equipo y mobiliario, los gastos de nómina y de reclasificación de empleados, la orientación sobre los servicios que ofrece, y otros gastos de naturaleza similar” de la referida oficina.

Mariana Pérez, directora de la oficina adscrita al Departamento de Justicia, confirmó que no se trata de una asignación adicional, sino que “el proyecto de ley libera $3 millones del Fondo” para los propósitos que establece la medida.

Fortuño, además, convirtió en ley un proyecto para extender de seis meses a un año el plazo en el que los perjudicados y perjudicadas de incidentes de violencia de género pueden acudir ante la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos a buscar ayuda.

Según Fortuño, por diversas razones, las víctimas de violencia de género demoran en buscar asistencia, y la nueva ley lo que busca es ampliar el margen en el que esa dependencia puede ofrecerles sus servicios.

De igual forma, Fortuño firmó un proyecto de la autoría de la senadora Itzamar Peña para otorgarles a los jueces la facultad y la discreción para ordenar a aquellas personas contra las que se expide una orden de protección a tomar también un taller educativo sobre cómo cesar conductas violentas.

"Nuestra meta es romper la cadena y ponerle freno a estos ciclos de violencia antes de que cobre su efecto nocivo sobre la familia", manifestó Fortuño.

Peña indicó que los seminarios orientarían a las personas contra quienes pesa una orden de protección sobre las conductas que violan la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, también conocida como Ley 54, y cuáles son los efectos de actuar de esa manera.

“Una vez se expide la orden, tiene la persona tres días laborables para poder evidenciar que ya hizo la gestión para comenzar este seminario. El taller tiene una duración de no menos de 30 horas”, precisó Peña.

“Si la persona no cumple y se vence el término de la vigencia de la orden de protección, se puede automáticamente nuevamente renovar esa orden de protección por el término de vigencia que tenía”, añadió.