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20 de febrero de 2014
8:57 p.m. Actualidad
 

Medida para incentivar industria para reparar aviones en Puerto Rico

El Senado aprobó el proyecto que podría desarrollarse en las antiguas bases Ramey, en Aguadilla, y Roosevelt Roads, en Ceiba

 

Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com

Las instalaciones de las antiguas bases Ramey en Aguadilla y Roosevelt Roads en Ceiba podrían ser usadas para levantar una industria de reparación de aviones en Puerto Rico. (Suministrada)

A tono con los planes del Gobierno de reactivar la economía y diversificar la base industrial, el Senado aceleró este jueves la aprobación de un proyecto de ley de la administración de Alejandro García Padilla para incentivar el establecimiento en Puerto Rico de empresas dedicadas al mantenimiento y la reparación de aviones.

El proyecto que crearía la "Ley para la Promoción de la Industria de Mantenimiento, Reparación y Acondicionamiento de Naves Aéreas" fue aprobado el miércoles en la Cámara de Representantes, y aunque fue referido a la Comisión senatorial de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, la mayoría en el Senado determinó a última hora relevar al organismo legislativo del análisis, y aprobaron la medida por descargue.

El proyecto de administración fue ratificado con la única oposición de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, y aunque el senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel "Chayanne" Martínez pidió que fuera devuelto a la comisión legislativa para mayor estudio, esa delegación finalmente le votó a favor.

Entre las razones para oponerse a la legislación, Santiago mencionó que la medida extiende a las compañías dedicadas al mantenimiento de naves aéreas los beneficios de la "Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico” a un plazo de 20 años extensible por 10 años adicionales.

"El pueblo se tiene que comprometer a tres décadas de trato privilegiado sin medir de manera precisa la eficacia de lo que se persigue", sostuvo la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) al consignar su rechazo durante la sesión legislativa.

Santiago se opuso, incluso, a la utilización de la referida ley de incentivos para promover la incipiente industria. "Me parece un contrasentido absoluto que se utilice ese mecanismo cuestionado aun por esta administración como el vehículo para atraer una industria sobre la que realmente sabemos muy poco", argumentó.

El senador popular Cirilo Tirado reconoció sus reservas en torno al uso del mecanismo de descargue para considerar el proyecto de ley, pero defendió la pieza al señalar que la crisis económica obliga a atenderla con urgencia.

"La falta de un modelo económico nuevo y, ante la crisis que estamos viviendo, tenemos que ver qué alternativas vamos a tomar. Aunque este no debe ser el camino correcto (el descargue de la medida), debemos dejar plasmado algo en términos legislativos para seguir generando empleos, y máxime cuando el futuro de la economía está en uno de los componentes aeroespacial, el mantenimiento, la reparación de naves aéreas, y ese es uno de los campos, en el futuro, de mayor crecimiento", sostuvo Tirado.

Señaló que los terrenos de las antiguas bases Ramey, en Aguadilla, y Roosevelt Roads, en Ceiba, servirían de posibles focos de actividad para esta industria.

De otra parte, el Alto Cuerpo dio paso, también con el voto en contra de Santiago, a un proyecto de ley del senador Aníbal José Torres que enmendaría la "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores" para tipificar como delito menos grave el uso de menores de 14 años para realizar colectas, maratones de recaudación de fondos, pedidos de dinero o venta de artículos en las vías públicas.

La discusión de la medida generó un extenso debate sobre la necesidad de aprobar una nueva ley en torno a una práctica que ya sanciona la "Ley de Vehículos y Tránsito" (Ley 22-2000), y respecto al alcance de sus disposiciones y la posibilidad que se castiguen algunas prácticas con un fin legítimo, como la recaudación de fondos para viajes educativos o deportivos.

Torres, sin embargo, resaltó que el objetivo del proyecto es penalizar una práctica que, a su juicio, podría rayar en actos de trata humana. De convertirse en ley, la exposición de menores de 14 años a colectas y ventas en las calles, por parte de los progenitores, custodios o personas a cargo, acarrearía una pena fija de seis meses de cárcel o $500 de multa, o ambas condenas, según determine un juez.

"Lo que (el proyecto) pretende es que no se trate de explotar a los menores exponiéndolos a pedir dinero en las luces, a veces para causas justas, y a veces, para causas no justas. Los padres deben ser más responsables, y hay alternativas para ello", dijo Torres.

Además, el Senado aprobó de manera unánime una medida para imponer nuevas multas y penalidades contra quienes violen la "Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor" que contiene la Ley 22-2000.

El Proyecto de la Cámara 1564 establece una distinción en aquellos casos en que la violación a los derechos de los ciclistas provoca daños graves o fatales, y tipifica esa conducta como delito grave, e impone en esas instancias una pena de cárcel de tres años o una multa de $5,000, o ambas sanciones a discreción del tribunal. Asimismo, en los casos menos graves, se aumenta la pena máxima de multa de $500 a $5,000.

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