Mejora económica cortesía del Gobierno

Hace unos tres años el Gobierno despidió a unos 12,505 empleados para evitar la degradación crediticia, pero el año pasado volvió a llenar casi la totalidad de esos puestos, y lo hizo justo antes del año eleccionario.

Esa es la lectura que ofrecen 36 meses de datos compilados por el Negociado de Estadísticas del Trabajo (adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o DTRH) y del cual se concluye que luego de dos años de reducción, el Gobierno estatal contrató a unos 9,800 trabajadores el año pasado. La cifra llegó a 11,700 puestos en noviembre del 2011 en relación al onceavo mes del 2010.

El dato estadístico no aparece detallado en el Informe de Actividad Económica (IAE) divulgado hace unos días por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y tampoco en los partes de prensa del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Pero sin duda, la estadística -inmersa en la serie de empleo asalariado no agrícola- debió contribuir a la merma en la tasa de desempleo de la Isla y a la mejoría de la actividad económica.

Casi en terreno positivo

El IAE es la principal herramienta de análisis para conocer periódicamente el rumbo de la economía local. Este guarda una correlación de 98% con el Producto Interno Bruto (PIB).

En noviembre del 2011, el IAE mejoró por tercer mes consecutivo, ubicándose en 128.2 puntos. En términos porcentuales, el IAE registró un desempeño negativo de una décima (-0.1%) en relación a noviembre de 2010.

En arroz y habichuelas, eso significa que el IAE está a punto de moverse a terreno positivo. Y también significa la mejor noticia económica desde el inicio de la depresión, en el 2006.

No obstante, la contratación gubernamental se reanuda después de que el Gobierno emitió al menos $9,200 millones en deuda pública para financiar el ajuste fiscal y cubrir déficits presupuestarios. Y esa lista de obligaciones incluía compensar, readiestrar o relocalizar a los empleados despedidos hace tres años.

Un pasito para atrás

A José Alameda, la contratación de empleados públicos no le sorprende. Incluso, manifestó que las contrataciones eran necesarias, si se dieron en sectores como educación, salud o seguridad. Lo que sí sorprende al economista es que la contratación se haya puesto en vigor durante una administración de gobierno que aboga por la reducción del aparato gubernamental.

“No es que sea malo el modelo neoliberal que se pretendió implantar. Es que implantarlo en esta estructura económica no funciona”, dijo Alameda.

“Estamos muy cerca de las elecciones y la máquina económica tiene que echarse a correr” agregó el catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (RUM).

De acuerdo con el economista Orlando Sotomayor, si bien es cierto que por primera vez desde el 2005, el empleo asalariado total aumentó, el cambio neto de 2,200 puestos de trabajo (a diciembre del 2011) “se debió a la distribución de 9,200 plazas en el sector de gobierno”, lo que incluye los gobiernos federal y municipal.

Según el también profesor de Economía en el RUM, mientras el empleo gubernamental aumentó, los sectores económicos que demuestran la menor debilidad en Puerto Rico son precisamente aquellos que tienen una participación importante de gasto público: educación, salud y construcción.

Sube y Baja

Al cierre del 2011, el alza en la contratación gubernamental cobró tanto peso que fue el segundo grupo industrial que más empleos creó después de la minería, tala y construcción (MTC). El cambio porcentual para el grupo MTC fue 6.8%; para el grupo industrial Gobierno, el aumento interanual fue de 3.5%.

En cambio, resaltó Sotomayor, el empleo en los sectores de manufactura y de comercio, transportación y utilidades (CTU) se contrajo en 4.1% y 5.7%, respectivamente.

Para el economista Joaquín Villamil, la contratación en el sector público puede ser un factor favorable a la actividad económica en la coyuntura que se experimenta.

“Me parece que hay un reconocimiento de que el tema del empleo es crítico y eso lleva a repensar unas medidas”, agregó el presidente de los directores de Estudios Técnicos.

“Han pasado dos años desde que se implementó el plan de austeridad y las condiciones han cambiado”, dijo Villamil. “Probablemente, el Gobierno ha visto la necesidad de emplear personas en áreas críticas y no lo veo negativo”.

A diciembre, aunque la tasa de desempleo registró su nivel más bajo, el número de desocupados quedó en unas 200,000 personas.

Dinero por la borda

Aun cuando la contratación gubernamental beneficia a la economía, la decisión se pone en vigor después de que se planteó la necesidad de reducir gastos operacionales, a raíz del déficit estructural y la advertencia de una degradación por parte de las casas Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service. Entonces, la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) recomendó la reducción del gasto de nómina, lo que representaría ahorros de al menos $800 millones al fisco.

Para lograr ese ahorro, se asignaron unos $2,000 millones en deuda al Fondo de Estabilización que se creó como parte de la Ley de Emergencia Fiscal (Ley 7).

Tales emisiones se efectuaron a través de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), corporación pública que en unos cinco años agotó su margen prestatario práctico, y cuya deuda se repagará en su totalidad en unos 50 años.