Rivera Schatz y Dalmau comunican acuerdo tras una vista a puerta cerrada
Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com
La minoría popular en la Comisión senatorial de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura tendrá un asesor que le asistirá en la investigación que realiza el ente legislativo sobre uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial.
Así lo informaron el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, al salir del edificio donde se realiza la vista a puerta cerrada para participar en la sesión de hoy.
“La minoría va a tener un asesor, como lo tiene la mayoría para que pueda asistirlos a ellos”, manifestó Rivera Schatz.
“Aquí se han hecho unas denuncias y de entrada se hicieron unos comentarios de corte político partidista, y lo puedo decir con mucha seriedad. Yo confío en que los planteamientos que hicimos hoy fueron atendidos y que la manera en que se conduzcan los trabajos en los próximos días cumpla a cabalidad con el deber en una investigación tan seria como ésta”, expresó por su parte Dalmau.
En la improvisada rueda de prensa trascendió que además del alguacil Alejandro Oyola, también ofrece declaraciones hoy un alguacil de apellido Mercano. Ni Rivera Schatz ni el presidente de la Comisión, Roger Iglesias, que se unió al grupo poco después, pudieron ofrecer el nombre completo del funcionario.
Iglesias informó que los trabajos de hoy podrían extenderse hasta las 5:30 p.m. y que continuarán el próximo jueves a partir de las 10:00 a.m. Asimismo, Iglesias indicó que la investigación podría extenderse durante todo el mes de febrero.
Rivera Schatz agregó que sí será necesario citar a declarar a la jueza administradora de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sonia Vélez.
El líder senatorial indicó además que la investigación en curso no impide que otras entidades realicen lo propio.
Acto seguido, rechazó que las controversias que han girado en torno de la investigación hayan desatado una crisis constitucional.
“No creo que haya una crisis constitucional. El Tribunal Supremo está funcionando, la Asamblea Legislativa está funcionando, y el ejecutivo también está haciendo lo que le corresponde. De la misma manera en que no se le puede permitir a un legislador como (Iván) Rodríguez Traverzo utilizar personal para su beneficio particular, no se le puede permitir a un alcalde, a un senador, al gobernador y al presidente del Tribunal Supremo, si ese fuera el caso”, manifestó.
“El presidente del Tribunal Supremo no puede reclamar independencia judicial para defenderse a sí mismo y para impedir que se revisen unas alegaciones públicas. Si alguien califica de partidista esta investigación, está señalando al presidente del Supremo como parte de un partido politico. Si alguien alega que hay bandos en el Supremo, está reconociendo que uno de los bandos pertenece a otro partido político, este no ha sido el caso aquí”, añadió.
Los senadores populares Alejandro García Padilla, presidente del PPD, y Eduardo Bhatia, portavoz alterno de la minoría, salieron poco después de la vista ejecutiva.
García Padilla indicó que es posible que tomen “una acción posterior” si no se atienden los reclamos que presentaron en una carta dirigida a Iglesias en la que reclamaron, entre otras cosas, que los documentos que se utilicen en la investigación se les hagan llegar tres días antes de que sean discutidos en vista ejecutiva, como dispone el reglamento del Senado.
De igual forma, señaló que la investigación parece no estar encaminada a atender “el fin legítimo” de proteger el uso de los fondos públicos.
“Estamos de acuerdo de que todo fondo público que se utilice, se utilice con fines públicos. Entiendo que esta investigación no responde a un fin legítimo de uso de fondos públicos”, manifestó García Padilla.
