Motín a bordo en el Tribunal Supremo

Los jueces asociados del Tribunal Supremo nombrados por administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) expresaron sorpresa hoy con la investigación independiente que realizará la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) sobre el uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial.

La investigación surgió a raíz de una querella que presentó el alguacil auxiliar Alejandro Oyola Pérez ante el Departamento de Justicia en contra de Hernández Denton, a principios de diciembre pasado.

Oyola Pérez alega que hace varios años el hijo de Hernández Denton utilizó un vehículo oficial para asuntos personales y que el juez presidente le pagó por esos servicios. También se señala un uso indebido de computadoras en la oficina de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Hernández Denton ha negado todas las imputaciones. "Mi récord público es claro. El País conoce mis ejecutorias", ha dicho el juez presidente.

 En una declaración escrita los jueces asociados Mildred Pabón Charneco, Rafael Martínez, Erick Kolthoff, Edgardo Rivera, Roberto Feliberti y Luis Estrella dijeron que la pesquisa de la OAT podría interferir con las investigaciones que actualmente enfrenta Hernández Denton y la OAT en el Departamento de Justicia y el Senado.

 Dichos jueces emitieron la siguiente declaración.

 “Desque juramos a nuestros cargos hemos insistidos en que los fondos y recursos de la Rama Judicial se utilicen adecuadamente y con transparencia. Velar por el buen uso de los recursos y fondos públicos es un fin legítimo y ha sido nuestra política que al pueblo se le rinda cuenta por ello. Sin embargo, ante las serias imputaciones que confronta el juez presidente Federico Hernández Denton, resulta altamente sospechosa e inoportuna la contratación de un exfiscal especial independiente (César López Cintrón) para realizar una investigación a razón de $200 la hora hasta un máximo de $100,000 en seis meses. Esto, en momentos en que los empleados de la Rama Judicial le exigen justicia salarial y se alega por parte de la OAT falta de recursos.

Nuestro deber ministerial es velar por la transparencia y la corrección de todos los procesos administrativos en nuestra rama. No es apropiado realizar transacciones con fondos públicos para interferir con procesos legítimos e investigativos de otras ramas de gobierno. Esto es de suma importancia ya que es de conocimiento general que varios alguaciles y otros funcionarios han testificado en dichos procesos los cuales están en curso al presente.

 Iniciar una investigación en estas circunstancias no constituye un fin público y lesiona el buen nombre de los jueces y juezas de toda la Rama Judicial”.