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5 de febrero de 2013
Puerto Rico Hoy
 

Movilización de pueblo contra la APP del aeropuerto

El grupo PUEDA anunció como primer paso un piquete mañana frente a La Fortaleza

 

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com

Inspirados por experiencias previas en las que la militancia de los ciudadanos en la calle ha provocado cambios en decisiones gubernamentales, un grupo de personas anunció el comienzo de protestas para expresar repudio a la propuesta privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina.

Juan Camacho, portavoz del grupo, denominado Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (PUEDA), informó en una conferencia de prensa que mañana, miércoles, a partir de las 5:00 p.m., efectuarán un piquete frente a La Fortaleza para exigirle al gobernador Alejandro García Padilla que no permita que las operaciones del Muñoz Marín queden en manos privadas.

“Le pedimos al gobernador que termine el contrato (de privatización) y, si hay que pagar, que se pague, porque se trata de un contrato dañino para el país donde la parte ancha (de beneficios) es para el privatizador y la angosta, para el pueblo”, sostuvo ayer Camacho.

Según el portavoz de PUEDA, el grupo surgió de intercambios de ideas en las redes sociales, y está confiado en que la lucha en la calle detendrá la privatización. Camacho destacó que, tras el piquete en La Fortaleza, el próximo 17 de febrero, llevarán a cabo una marcha que culminará en el aeropuerto, así como otra protesta dominical el 24 de febrero. “La marcha (del 17 de febrero) partirá desde la Plaza Colón (en el Viejo San Juan) a la 1:00 p.m. y culminará con una manifestación masiva en el aeropuerto”, precisó Camacho, rodeado de líderes sindicales y comunitarios.

Al grupo también se unieron líderes políticos del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el Movimiento Unión Soberanista (MUS) y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH).

El excandidato a gobernador del PPT, Rafael Bernabe, intervino para subrayar que es reprochable que al Gobierno “le preocupe más lo que dicen los bonistas que lo que dice el pueblo trabajador”.

Bernabe cuestionó,además,cómo si para la empresa privada la operación del aeropuerto supone ganancias millonarias, esto no pueda ser igual para el Gobierno.

“Ellos no lo hacen por caridad (la negociación). Si es bueno para ellos, por qué no podemos seguir administrándolo nosotros”, insistió, y calificó como “un fetiche la crisis fiscal”, al referirse a que la insuficiencia de fondos públicos se plantea como justificación para encomendar por 40 años las operaciones del aeropuerto a la empresa privada.

El médico Héctor Pesquera, líder del MINH, cuestionó la transacción pendiente, al subrayar que ningún propietario deja su bien más preciado a un desconocido. “¿Dejaría usted la llave de su casa a un desconocido? El aeropuerto internacional es la llave de nuestra casa”, subrayó Pesquera.

De inmediato, destacó que el aeropuerto Luis Muñoz Marín genera unos $50 millones de ganancias al año, pero si se privatiza quedarían en precario las operaciones de los aeropuertos regionales, así como los muelles de Fajardo y de las islas municipios.

La abogada María de Lourdes Guzmán, derrotada candidata a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington D.C. por el Movimiento Unión Soberanista (MUS), opinó que el Gobierno, en sus primeros 30 días de gestión, ya olvidó su lema principal de campaña al ceder ante la privatización del LMM.

“O es Primero la gente o son Primeros los inversionistas. Si es primero la gente, el Gobierno le está dando la espalda”, sostuvo Guzmán ante esta situación, y auguró participación masiva en las manifestaciones prepuestas por PUEDA.

Otros activistas de PUEDA, como Salvador Tió, aludieron al alto número de puertorriqueños que residen en los Estados Unidos y otros países. En tal sentido, expresaron preocupación de que eventualmente les resulte más oneroso el uso del aeropuerto internacional.

Mientras, Scott Barbés, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, dijo que urge pensar en cómo democratizar las empresas portuarias del país, pero la privatización, definitivamente, no va en esa dirección.

Los portavoces de PUEDA insistieron en que, por el momento, sus acciones se centrarán en las protestas en la calle, así como en el cabildeo legislativo que iniciaron hace varias semanas, pero tampoco descartaron alguna acción judicial futura.

El grupo considera que el gobernador Alejandro García Padilla tiene mecanismos para frenar el avance de la negociación de la alianza público-privada iniciada por la pasada administración para ceder la operación estatal a una empresa mexicana.

PUEDA consideró que la Legislatura tiene facultad para evitar la privatización, pero censuró al presidente cameral, Jaime Perelló, por entender que “se está ablandando”, aunque inicialmente fue enérgico en combatir la privatización. <

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