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Cossec quedó bajo las directrices de la JSF en octubre pasado. (GFR Media)

En cuestión de semanas, la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec), así como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tendrán un cuadro más claro del impacto que ha tenido el impago de la deuda pública en la salud de las cooperativas de Puerto Rico, luego de que el regulador cooperativo exigiera a estas entidades presentar sus estados financieros, utilizando los estándares de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, en inglés).

El pedido de estados financieros conforme a GAAP está contenido en una carta circulada por Cossec y en la que se señala que la información solicitada es indispensable para el plan fiscal de la corporación pública.

“A raíz de la designación de la Cossec como entidad territorial cubierta, nuestra corporación se encuentra en el proceso de desarrollo de un plan fiscal en cumplimiento. Para ello es necesario obtener de las cooperativas información adicional a la comúnmente solicitada en aras de cumplir con las exigencias de PROMESA en relación a los estimados de ingresos y gastos conforme a los estándares de GAAP”, reza la carta con fecha del 6 de diciembre.

Hasta agosto pasado, los bonos de Puerto Rico en los libros de las cooperativas exhibían unos $563 millones en pérdidas no realizadas y ante la situación, Cossec se vio precisado a tomar reservas adicionales, propiciando que por primera vez, el regulador tuviera que registrar pérdidas en su operación.

Cossec quedó bajo las directrices de la JSF en octubre pasado, cuando los directivos del ente que tiene la última palabra en las finanzas de la Isla, determinaron aplicarle las disposiciones de la ley PROMESA. Esto, luego de que Cossec diera paso a un intercambio de acciones preferidas por bonos de Puerto Rico, transacción que ha sido objeto de discrepancias entre el grupo de cooperativas proponentes.

Recientemente, El Nuevo Día reveló que otro grupo de líderes cooperativos presentó diversas propuestas para que el Tesoro federal otorgue liquidez o garantice ciertas transacciones que permitan allegar efectivo a las cooperativas de ahorro y crédito de la Isla, ante la posibilidad de que las pérdidas en papel se concreten. Esto, una vez la JSF proceda con un ajuste de la deuda pública.

GAAP vs la Ley 220

La solicitud de información financiera a las cooperativas bajo GAAP ha caído como un balde de agua fría al sector, pues hasta ahora, las cooperativas analizaban el impacto de la caída en los bonos de Puerto Rico utilizando una regla especial que el propio sector cabildeó en la Legislatura y que se convirtió en la Ley 220. Bajo este estatuto, las cooperativas pueden amortizar las pérdidas con los bonos de Puerto Rico por hasta 15 años, lo que evita crear reservas adicionales y por ende, entrar en un ciclo de pérdidas. Bajo los estándares GAAP, en contraste, las inversiones deben evaluarse periódicamente y la entidad que las posea debe ajustar sus libros para reflejar los cambios en el valor de tales instrumentos.

Según fuentes de El Nuevo Día, hace poco más de un mes, el Tesoro federal presentó a la JSF un análisis del sector y de varios factores que causan “preocupación” acerca de las cooperativas de la Isla. Entre estos, el Tesoro destacó los retos de liquidez del sector y la posible existencia de conflictos de interés al interior del movimiento. Iguales señalamientos se comunicaron a los integrantes del equipo que asesora al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Dado que unas cooperativas son depositantes en otras o poseen inversiones mutuas en fondos o aseguradoras, en caso de pérdidas significativas con la deuda de la Isla, ello podría perjudicar a todo el movimiento, incluyendo a entidades cooperativas que no poseen deuda del Gobierno.

Las fuentes explican que Rosselló Nevares -tras recibir el insumo del Tesoro federal- podría radicar legislación para atender los señalamientos del Tesoro, en particular aquellos vinculados con la gobernanza del sector. Las enmiendas, aunque no están definidas a cabalidad, podrían radicarse como parte del paquete de reformas que acompañarían el nuevo plan fiscal de Puerto Rico.


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