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Las preocupaciones del liderato cooperativo han ido en crescendo esta semana. (Archivo)

Ante la creciente posibilidad de que el sector cooperativo registre millones de dólares en pérdidas por causa de sus inversiones en bonos de Puerto Rico, líderes del sector, así como el regulador cooperativo barajan nuevas alternativas para hacer frente a la situación, mientras un análisis del Departamento del Tesoro federal apunta a la necesidad de hacer cambios al marco legal que rige esa actividad en la Isla, supo El Nuevo Día.

De acuerdo con fuentes de El Nuevo Día, las preocupaciones del liderato cooperativo han ido en crescendo esta semana, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revelara su intención de llegar a acuerdos voluntarios con bonistas, a través del título VI de la ley federal PROMESA.

Si bien el título VI facilita un proceso de negociación extrajudicial y las cooperativas serían el principal bonista (lo que le daría fuerza en la negociación) en algunos casos, dicho proceso también implicaría llegar a acuerdos partiendo de los recursos individuales que tenga cada emisor de deuda del Gobierno.

En el caso de las cooperativas y de buena parte de los inversionistas puertorriqueños, los bonos que estos poseen son aquellos con las menores protecciones y trafican con los descuentos más significativos.

Ante la situación, según fuentes de El Nuevo Día, se producen movimientos en diversos planos.

Presagio de cambios en el sector

Según fuentes de este diario, hace poco más de un mes, el Tesoro federal presentó a la JSF varios factores que causan “preocupación” acerca del sector cooperativo de la Isla, como los retos de liquidez del sector y la posible existencia de conflictos de interés al interior del movimiento. Iguales señalamientos se comunicaron a los integrantes del equipo que asesora al gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares.

La situación del sector cooperativo y su regulador captó la atención del Tesoro federal en 2014. Entonces, el regulador y el movimiento cooperativo lograron legislación para crear una ley especial para atender las posibles pérdidas con los bonos del Gobierno. Las preocupaciones en torno al sector se agudizaron este año, cuando Cossec dio paso -en medio de un confuso proceso- a un acuerdo de intercambio de acciones preferidas por bonos de Puerto Rico. La transacción no se ha consumado y tendría que ser avalada por la JSF.

Inversión federal

Según fuentes de este diario, desde el Tesoro federal y al interior del movimiento cooperativo se han analizado otros escenarios. Entre estos, la fusión de varias cooperativas de ahorro y crédito y la compra de activos cooperativos por parte de las uniones de crédito o cooperativas federales que operan en Puerto Rico.

Empero, una tercera posibilidad fue discutida con el saliente comisionado residente Pedro Pierluisi a mediados de octubre de este año. Esta propone queel gobierno federal mejore la liquidez del sistema cooperativo de Puerto Rico, utilizando como referencia iniciativas similares puestas en vigor con las uniones de crédito, reguladas por la National Credit Union Administration (NCUA), una entidad del gobierno federal.

La propuesta fue elaborada por un grupo de líderes cooperativos, entre estos, la directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, Mildred Santiago, el presidente ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, José J. Álvarez, el contador público Fernando Llavona, el principal oficial financiero de la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM), Pedro González y el consultor estratégico Mario Puchi.

De acuerdo con un resumen de la propuesta examinado por El Nuevo Día, una de las iniciativas que podrían emplearse consiste en que el gobierno federal garantice ciertos instrumentos de capital, allegando liquidez a las cooperativas. Otra posibilidad estriba en que el Tesoro federal invierta en acciones emitidas por Cossec, una propuesta que guarda cierta tangencia con el intercambio de preferidas del G25.

Una tercera propuesta consiste en que las cooperativas de la Isla puedan acceder a financiamiento otorgado por uniones de crédito bajo ciertos requisitos.

Según el documento, las alternativas deberían ponerse en vigor no más tarde del primer trimestre de 2017.

La propuesta de los líderes cooperativos destaca que las estrategias podrían ayudar al sector, pero también servirían para beneficiar a la economía de la Isla, en la medida en que las cooperativas podrían continuar otorgando financiamiento a las iniciativas de individuos o empresas en la Isla.


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