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La jueza Laura Taylor Swain atenderá la reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA. (horizontal-x3)
La jueza Laura Taylor Swain atenderá la reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA. (Archivo / GFR Media)

Al vencerse ayer la fecha límite para presentar objeciones o pedidos, la jueza Laura Taylor Swain —que atiende la solicitud de Título III del gobierno de Puerto Rico— recibió al menos 63 notificaciones, mociones y objeciones de acreedores, quienes esperan presentar argumentos orales o frenar el intento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de renegociar la deuda pública por la vía judicial.

Entre los pedidos más urgentes, figura la moción del fiduciario Bank of New York Mellon (BNY Mellon), entidad a cargo de enviar los pagos de los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

El banco fiduciario, que ya enfrenta una demanda de ciertos bonistas de Cofina en el estado de Nueva York, solicitó a la jueza Taylor Swain que determine si debe efectuar el pago correspondiente a los bonistas de esa entidad el próximo 1 de junio.

Asimismo, el representante legal del Comité de Pensionados que interesa representar a ese grupo de acreedores de Puerto Rico pidió que se le escuche ante la posibilidad de que se apruebe un proceso de mediación y la conveniencia de que los jubilados participen de ese proceso.

Mientras, la aseguradora municipal National Public Finance Guarantee espera que la jueza Taylor Swain no acoja plenamente las reglas locales de procedimientos de bancarrota al caso de la Isla y a que el pedido de Título III del Gobierno central se atienda de manera conjunta —para efectos administrativos— con aquel de Cofina.

Asimismo, National levantó objeciones al proceso que impulsa la JSF, por entender que no todas las partes estarían debidamente informadas para participar de los procesos.

“Los procedimientos propuestos por los deudores imponen efectivamente una miniaudiencia antes que uno pueda ni siquiera solicitar una audiencia de emergencia”, alegó, por su parte, la familia de fondos locales que poseen bonos de Cofina y otras obligaciones del gobierno puertorriqueño.

Tales pedidos son la antesala a la primera audiencia del Título III de Puerto Rico, considerado el mayor caso de bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos, proceso que la JSF busca atender de manera relativamente expedita mientras, a su vez, el Gobierno continúa en negociaciones con los diversos grupos de bonistas de Puerto Rico.

La primera audiencia, en la que deben decidirse asuntos vinculados al manejo de los casos de Título III radicados a la fecha, se llevará a cabo mañana en el edificio de la corte federal de distrito en Hato Rey bajo estrictas medidas de seguridad y con un cupo limitado para el público, tanto en la sala tres, donde se llevará a cabo el proceso como en las otras dos salas donde se transmitiría el proceso por circuito cerrado.

La semana pasada, en un intento por agilizar el caso, la JSF presentó a la corte varias mociones para comenzar el proceso de Título III en el caso del Gobierno central y Cofina.

Entre otras cosas, la JSFpidió a la corte un mecanismo expedito para informar a los acreedores del gobierno del inicio del proceso y que se apliquen las reglas locales de procedimientos de bancarrota.

Empero, partiendo del expediente del caso, los acreedores entienden que el proceso propuesto por la JSF no servirá sus intereses.

Aparte de la representación legal de los pensionados, varios abogados ya solicitaron presentar argumentos orales. Entre estos, figura John Mudd, en representación de su cliente CMA Architects & Engineers y el abogado Daniel Molina, en representación de la droguería César Castillo, uno de los suplidores de MiSalud.

Molina indicó a Taylor Swain el interés de su cliente de que cree un comité de acreedores no asegurados y objetó la administración conjunta de casos que busca la JSF.

De igual forma, la aseguradora Assured Guaranty solicitó ser escuchada.

En tanto, el número de abogados que ha solicitado ser parte del caso ya excede los 50. Hasta ayer, la jueza había dado su aval a la representación de la JSF, el Comité de Pensionados y aquellos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), así como a abogados de varios bonistas y aseguradoras municipales.

De igual forma, Taylor Swain habría reconocido la participación de los abogados de la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales, a la que se adscribe el Sindicado de Servidores Públicos Unidos.


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