Rosselló aseguró que está satisfecho con el acuerdo porque considera que será beneficioso para Puerto Rico. (horizontal-x3)
Rosselló aseguró que está satisfecho con el acuerdo porque considera que será beneficioso para Puerto Rico. (Xavier J. Araújo Berríos)

Si lo pactado en papel se convierte en realidad, la administración de Ricardo Rosselló Nevares completará la primera reestructuración de una parte de la deuda pública de la Isla para septiembre próximo, transacción que antes tendrá que ser aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y, en su momento, la corte de distrito federal.

El acuerdo entre ciertos bonistas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) también incluirá a los municipios y otras agencias, en calidad de depositantes, y sería el primero en gestarse y completarse bajo el título VI de la ley federal PROMESA.

Ayer, Rosselló Nevares celebró el acuerdo para la reestructuración de la deuda (RSA, en inglés) —cuyos términos finales se pactaron el sábado pasado, según fuentes de El Nuevo Día— señalando que este obra en el mejor interés de los bonistas y los depositantes, entre ellos, municipios y corporaciones públicas.

“Este acuerdo es un ejemplo de que el Gobierno está recuperando la credibilidad que había perdido durante los pasados años. Nos sentimos satisfechos con este acuerdo que redundará en los mejores intereses para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Rosselló en una conferencia de prensa en el jardín de La Fortaleza.

Rosselló hizo sus declaraciones en compañía del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela; el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, y de representantes de algunos bonistas, entre estos, líderes del sector cooperativo y el empresario y presidente de la organización Bonistas del Patio, Rafael Rojo.

El RSA pactado en el fin de semana sería el segundo acuerdo voluntario con acreedores de Puerto Rico. El primero fue el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero este —aunque modificado este año— se aprobó antes de la vigencia de PROMESA.

Los bonistas

“Ha sido un trabajo arduo, de una gran responsabilidad. Sin embargo, también tengo que reforzar que fue un equipo de trabajo sobre la mesa, de buscar alternativas genuinas y viables y destacar la apertura en la mesa de trabajo; han sido unos trabajos transparentes”, dijo la presidenta ejecutiva de la Cooperativa de Camuy y portavoz de la Alianza Cooperativa, Michelle Franqui.

“Si bien estamos aceptando voluntariamente sostener pérdidas significativas, de hasta 45% de los ahorros que puertorriqueños trabajaron, es porque primero que bonistas, somos puertorriqueños, y reconocemos las circunstancias en las que se encuentra Puerto Rico”, dijo Rojo.

Mientras,  Bradley Meyer, ejecutivo de Ducera Partners, firma que sirvió como asesora financiera del grupo organizado de fondos de cobertura de riesgo (Ad Hoc-BGF), sostuvo en declaraciones escritas que las negociaciones se condujeron de manera “responsable, transparente y colaborativa”.

“El grupo Ad Hoc (BGF) espera con interés la finalización de la documentación definitiva y la rápida implementación del RSA bajo el Título VI de PROMESA”, agregó el ejecutivo.

Para los bonistas, el acuerdo que se adjudica Ducera y  Davis Polk & Wardwell es más beneficioso que el pacto inicial que lograron en mayo de 2016. Entonces, cuando el BGF no pudo pagar sus obligaciones, las partes llegaron a un acuerdo preliminar, aceptando recuperar 47 centavos de dólar.

Bajo el nuevo acuerdo, los recortes al principal serán compensados con más o menos tasas de interés y no habrá una moratoria en el pago de intereses o principal, por lo que los bonistas comenzarán a cobrar su nueva acreencia tan pronto se complete la transacción.

El fruto de las malas prácticas

Aunque el Gobierno y los acreedores parecían celebrar que encontraron terreno común, los términos de la transacción no dejan a ninguna parte victoriosa.

“Lo que fueron las malas prácticas del pasado, hoy las estamos tratando de remediar de una manera que no afecte adversamente tanto la economía de los bonistas locales, la inversión foránea o externa y también poder mantener un balance con los municipios y demás tenedores en el banco”, dijo Sobrino en referencia al acuerdo que, en principio, consiguió el aval de casi la mitad de los acreedores.

En realidad, el anuncio del Gobierno no es otra cosa que la confirmación de pérdidas para las entidades e individuos que confiaron en el otrora agente fiscal y le prestaron dinero.

En el caso de los depositantes —entre ellos, municipios, corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico— el acuerdo podría considerarse una movida similar “al corralito que se dio en Argentina”. 

Esto, porque los depositantes también tendrán que aceptar la idea de que no recuperarán buena parte de sus ahorros o ingresos, incluyendo en algunos casos los impuestos a la propiedad o por concepto del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) municipal que pagaron los ciudadanos.

“Aunque fue un acuerdo consensual, no necesariamente teníamos que llegar a este nivel”, dijo con cierta resignación Sobrino al señalar que, por espacio de 70 años, fue el BGF la institución que hizo posible buena parte de la inversión en infraestructura de la Isla.

Un acuerdo “justo”

“Nos parece un (acuerdo) justo para los bonistas y también para Puerto Rico”, indicó Portela a El Nuevo Día.

De acuerdo con Portela, la AAFAF, de la mano con los asesores Rothschild & Co., Bank of America y Ankura Consulting —que sirve como asesor del BGF— articularon una solución que responde a las necesidades particulares de diferentes tipos de bonistas.

“Con esta estructura innovadora, se le da la flexibilidad al bonista de elegir en función de su perfil de riesgo”, explicó Portela.

Mientras, el funcionario sostuvo que, si bien los municipios no recibirán la totalidad de los depósitos que tenían en el banco, estos podrán intercambiar sus ahorros por los nuevos bonos  y vender estos, de ser necesario.

“Para los municipios, puede ser favorable porque el instrumento puede tener un precio positivo en el mercado secundario”, dijo Portela.

En síntesis, el intercambio propone los recortes más severos para aquellos que necesiten liquidez de manera inmediata a corto plazo.

Esto porque, aunque el recorte de principal sería mayor, el bonista recibirá intereses más altos que los bonos que se poseen en la actualidad.

Aquellos que estén dispuestos a esperar más tiempo para recuperar el principal invertido recibirán un recorte más pequeño en principal, pero también una tasa de interés más baja.

En números, habrá tres series de bonos que supondrán pérdidas de principal de 45, 40 y 25 centavos de dólar, pero tasas de interés de 7.5%, 5.5% y 3.5%, respectivamente.

Si el acuerdo se fuera a analizar con un recorte promedio de principal, este rondaría unos 31 centavos de dólar.

El vencimiento de los bonos sería en 23 años.

De otra parte, a diferencia de la moratoria de cinco años que se pretende de los bonistas con garantías constitucionales, los bonistas del BGF cobrarían desde el mismo momento en que se complete la transacción.

El proyecto de ley y la JSF

Para emitir los nuevos bonos y, sobre todo, para segmentar la fuente de repago, habrá que crear dos fideicomisos.

Ello, dijo Portela, requerirá un proyecto de ley en el que ya trabajan.


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