“Pienso que la seudo-quiebra llevará a la radicación de más casos”, dijo Craig McCann, perito en inversiones. (horizontal-x3)
“Pienso que la seudo-quiebra llevará a la radicación de más casos”, dijo Craig McCann, perito en inversiones.

La petición del Título III de PROMESA para el gobierno de Puerto Rico con el objetivo de que se le condone una parte de la deuda pública y otras obligaciones similares redundará en una nueva ola de querellas ante la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés), según un perito en inversiones y dos abogados litigantes en temas de valores.

De acuerdo con Craig McCann, perito en temas de inversiones y fundador de Securities Litigation & Consultation Group (SLCG), a pesar de que los eventos relacionados con la venta de bonos de Puerto Rico y de los fondos mutuos cerrados apuntan a una pobre diversificación en las cuentas por parte de los inversionistas locales y a una práctica de reciclaje de préstamos en perjuicio de los clientes, el número de reclamaciones ante el regulador de la industria de valores continúa siendo muy bajo.

“Pienso que la seudo-quiebra llevará a la radicación de más casos”, dijo McCann a El Nuevo Día.

La semana pasada, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acudió a la corte federal de distrito y solicitó a ese foro que extienda a Puerto Rico la protección contra litigios provista en el Título III de PROMESA.

Ese título frena la radicación de demandas de cobro contra el gobierno por otros 120 días, período de tiempo que a su vez, serviría para que el ente federal llegue a algún pacto con los acreedores de la Isla.

Una vez se radicó el Título III para el gobierno central y para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la JSF actúa como deudor en posesión en nombre del gobierno puertorriqueño, y tiene la encomienda de diseñar el plan de ajuste de deudas que tendrá que ser refrendado por los acreedores, o impuesto a aquellos que no lo acepten.

De acuerdo con McCann, quien ha servido como testigo en varios de los casos de inversionistas presentados contra las casas de corretaje en la Isla, algunos ahorristas locales perjudicados con la caída de los fondos y los bonos de la Isla rehúsan tomar acción, en parte, porque mantienen una relación cercana o de amistad con sus asesores financieros.

De igual forma, según McCann, muchos inversionistas también albergaban la expectativa de que recuperarían el 100% de su inversión.

“Ahora que es claro que los bonos (del gobierno) estarán valorados entre 30 y 40 centavos y que el valor neto de los activos de los fondos no responderá, habrá cientos de casos al menos”, agregó McCann, quien en un reporte a principios de año, concluyó que los hallazgos de mala gestión contra las firmas de inversiones en la Isla es tal que prácticamente la totalidad de los querellantes ganan los casos.

“Los accionistas de los fondos y los inversionistas en bonos estaban esperando a ver si esto mejoraba antes de presentar su reclamación ante Finra”, dijo por su parte Harold D. Vicente.

Además de representar individuos en procesos de arbitraje ante Finra, el abogado de valores radicó una demanda contra UBS Financial Services por la emisión de bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) que todavía se mantiene viva y encausó un litigio contra las operaciones de UBS Bank, la unidad de la casa de corretaje que emitió millones de dólares en líneas de crédito a inversionistas locales, a pesar de no tener licencia en la Isla.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) terminó investigando el tema, prohibiendo las operaciones de dicho banco y forzó la venta de los préstamos otorgados por UBS Bank a sus filiales en la Isla.

Según Vicente, tras la movida de la JSF, “de seguro”, los inversionistas perjudicados que no habían acudido a Finra, estarán “más inclinados a hacerlo ahora”.

Para el abogado Eric Quetglas, quien en marzo pasado logró una indemnización de unos $4.4 millones y sobre todo, la anulación de una línea de crédito promovida por UBS para la adquisición de otros valores de la firma, la determinación del Gobierno de invocar el Título III de PROMESA debe redundar en un incremento sustancial de las querellas de ahorristas locales ante Finra.

Hasta febrero pasado, según un análisis de SLCG, había unas 1,083 querellas esperando su día en el proceso de arbitraje ante Finra.

“Esto sí debe afectar y reducir aún más el valor de los bonos, y en especial, de los fondos cerrados, afectar su precio y el pago de dividendos”, dijo Quetglas.

Según Quetglas, hasta ahora, las casas de corretaje “habían logrado disuadir que más clientes reclamaran, haciéndoles creer, bajo falsas representaciones, que los valores iban a subir, que era cuestión de tiempo”, dijo.

Explicó que hasta ahora se le hacía creer a los inversionistas que estos no tienen pérdidas reales porque continúan recibiendo dividendos y que recibirán el dinero invertido cuando venzan estos bonos, lo que ocurría hasta dentro de 30 años. “Nada más lejos de la realidad”, dijo Quetglas.


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