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El principal oficial ejecutivo de Assured Guaranty, Dominic J. Frederico. (GFR Media/Archivo)

Justo en medio del proceso de mediación que lleva a cabo el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el principal oficial ejecutivo de Assured Guaranty, Dominic J. Frederico, pidió este jueves al ente federal que revoque la certificación del Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR), señalando que el documento es contrario a lo dispuesto en la ley federal PROMESA.

En una carta, a la que tuvo acceso El Nuevo Día, Frederico dejó para el récord que la JSF no habría contestado sus reclamos de información en dos misivas previas, en las que el asegurador municipal indaga acerca de los cómputos en el PFPR y las razones para que el ente federal anteponga el pago de servicios a la población antes que los pagos a los bonistas.

“En vista la ilegalidad obvia del PFPR según fue certificado, Assured renueva su solicitud para que la Junta cumpla con sus deberes estatutarios, revocando prontamente la certificación (del plan)”, reza la carta de Frederico.

Assured es una de las cuatro aseguradoras municipales que garantizan parte de la deuda emitida por Puerto Rico.

Específicamente, Assured y su filial Assured Guaranty Municipal Corp. garantizan unos $1,750 millones en bonos emitidos por el Gobierno central y otros $1,947 millones en bonos emitidos por la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad del Distrito de Convenciones, la Universidad de Puerto Rico y Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). La aseguradora también es parte de la negociación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En la carta, Frederico levanta 14 señalamientos acerca del plan fiscal entre los que se cuestiona por qué la JSF incluye en los recaudos del Gobierno, fondos restrictos para el pago de la deuda de corporaciones públicas y de Cofina y por qué, al cabo de los 10 años del plan, los gastos del gobierno aumentan en mayor ritmo que la tasa de inflación que se utilizó para calcularlos y por qué en lugar de cerrarlo, el déficit de dependencias no vinculadas al Fondo General continuaría en crescendo totalizando unos $750 millones.

“En lugar de prohibir esas transferencias ilegales de propiedad de una agencia de gobierno a otra, el plan fiscal requiere esas transferencias ilegales, asumiendo la toma de los ingresos comprometidos de la ACT, ADC y AFI y de sus respectivos bonistas hacia el Gobierno central”, sostuvo Frederico.

La fuerza de Assured

La misiva de Frederico a los integrantes de la JSF surge en momentos en que el ente federal y el equipo de asesores de la Autoridad de Asesoría Financiera (AAFAF) entran en una etapa crítica en el proceso de mediación que encabeza el juez de bancarrota Allan L. Gropper.

El Nuevo Día reportó hoy que el Gobierno y la JSF intentan lograr un acuerdo de indulgencia con los acreedores sentados a la mesa, para evitar la radicación o continuación de litigios, ante la expiración de la suspensión automática en litigios el próximo lunes, 1 de mayo. Asimismo, se esperaba que esta semana, el Gobierno presentara su oferta a los acreedores y se discutieran las ofertas que habrían presentado ciertos acreedores de la Isla.

El Nuevo Día también reveló hoy que ciertos acreedores de Puerto Rico cabildean en el Congreso federal para que se adopte legislación que pueda posponer la radicación de una petición de bancarrota, es decir bajo el Título III, limitando así el marco de acción de la JSF.

Desde mediados de 2015, cuando el exgobernador Alejandro García Padilla declaró que la deuda es impagable, Frederico planteó su disponibilidad para llegar a un entendido con la Isla, pero también ha sido una de las figuras más críticas del gobierno puertorriqueño y abogó por que las finanzas de la Isla quedaran bajo el control de un ente federal.

Tras el impago, y hasta febrero pasado, la aseguradora había pagado unos $226 millones en reclamaciones de bonistas asegurados de Puerto Rico.

En febrero pasado, cuando Frederico presentó los resultados de la aseguradora al mercado inversor, el ejecutivo parecía favorecer la gestión del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por su enfoque “más consensuado” hacia los acreedores de la Isla.

Empero, en esa conferencia con inversionistas, Frederico aseguró que defendería los derechos de la firma e indicó que, en el caso de la AEE, aunque Assured no es el principal acreedor y, por ende, no tiene poder para “forzar” un acuerdo, “sí podemos definitivamente, frenar cualquier acuerdo”.


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