Assured y National retan el Título III (vertical-x1)
El pasado miércoles, 3 de mayo, la JSF presentó una petición de Título III para Puerto Rico ante la corte de distrito federal, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hiciera un pedido a esos efectos.

Alegando que el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR) es contrario a PROMESA y que con este Puerto Rico no regresará a los mercados de capital en buen tiempo, las aseguradoras municipales Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee Corp. se convirtieron en los primeros acreedores en cuestionar la petición del título III para el gobierno de la Isla.

En un reclamo de 47 páginas más apéndices, Assured y National bautizaron el PFPR con la palabra “ilegal” y pidieron a la corte que la Junta de Supervisión Fiscal que se descarte la petición del título III, que entre otras cosas, extiende a la Isla la protección contra litigios; ponga coto a lo que describen como la apropiación ilegal de fondos y gravámenes dirigidos a pagar acreencias específicas de Puerto Rico y que el ente federal tampoco pueda presentar o buscar la aprobación de ningún plan con miras a renegociar la deuda de la Isla.

Los alegatos de las aseguradoras fueron presentados por los abogados Diana Pérez-Seda y Heriberto J. Burgos Pérez, de Casellas, Alcover & Burgos y por el estudio legal Adsuar Muñiz Goyco Seda & Pérez-Ochoa.

El pasado miércoles, 3 de mayo, la JSF presentó una petición de Título III para Puerto Rico ante la corte de distrito federal, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hiciera un pedido a esos efectos.

La demanda de Assured y National se produjo entrada la noche del mismo día.

De acuerdo con Assured y National, el plan que busca servir de base para renegociar la deuda de la Isla y modificar el patrón de gastos del gobierno, no solo es contrario a la ley federal de PROMESA, sino también a las cláusulas constitucionales de confiscaciones y debido proceso.

Assured y National son dos de las cinco aseguradoras municipales que garantizan unos $12,740 millones en bonos emitidos por Puerto Rico, según documentos oficiales. De ese universo y de acuerdo con la demanda, Assured y National aseguran unos $5,400 millones y $3,600 millones, respectivamente, o el 70% de la deuda asegurada emitida por la Isla.

El Gobierno rechazó un acuerdo

“A la luz de la flagrante indiferencia del requisito obligatorio en PROMESA de respetar los gravámenes y prioridades (de pago), su descarada e ilegal apropiación del colateral de bonos asegurados y el rechazo a la oferta de un acuerdo de indulgencia que hizo Assured, la compañía ha determinado tomar las acciones necesarias y razonables para proteger sus derechos”, indicó la aseguradora.

En declaraciones escritas, la empresa indicó que continuará pagando a los bonistas asegurados aunque Puerto Rico no ha cumplido con su obligación contractual.

Según el recurso, en lugar de servir al interés público, desarrollando un plan fiscal que respetara la prioridad de pago establecida en la Constitución de Puerto Rico y planteando niveles de recorte más razonables, la JSF y el Gobierno optaron por crear y aprobar un plan que causará un menoscabo tan importante para los acreedores que ello solo servirá para “cerrar” todavía más el acceso de la Isla a los mercados de capital.

Partiendo del PFPR certificado, los asesores del Gobierno, con el aval de la JSF, presentaron una oferta a los principales acreedores de la Isla que prácticamente buscaba un recorte de la mitad del principal adeudado, así como una moratoria de 10 años en el pago de la deuda.

Según el PFPR, en ese período de 10 años, Puerto Rico solo puede pagar el 24% del servicio anual de la deuda.

Para Assured y National, en cambio, los supuestos del plan simplemente no se sostienen.

A manera de ejemplo, Assured y National reiteran en la demanda que el plan fiscal contiene una partida anual de unos $600 millones para gastos no presupuestados, lo que sería contrario al requisito de PROMESA de poner freno a los déficit estructurales que encara la Isla.

Los demandantes también buscan descarrilar el plan -lo que implicaría dejar a Puerto Rico en un limbo- porque este no provee estimados basados en leyes aplicables o en legislación que requiera proponerse, puestas estas medidas no se incluyeron en el documento.

El recurso de Assured y National llegó a la corte de distrito federal de Puerto Rico, mientras se aguarda porque el presidente de la Corte Suprema nombre al juez que verá la controversia.


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