Sánchez Sifonte rechazó además que el gobierno haya presentado una oferta formal a los bonistas de GOs (horizontal-x3)
Sánchez Sifonte rechazó además que el gobierno haya presentado una oferta formal a los bonistas de GOs. (Luis Alcalá del Olmo)

El representante legal del grupo organizado de bonistas de Obligaciones Generales (Ad Hoc-GOs) arremetió este miércoles contra el representante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez Sifonte, quien señaló esta semana que los acreedores del Gobierno no entienden el alcance de la ley federal PROMESA y reiteró la corrección de los supuestos contenidos en el plan certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.

“La indiferencia de Sánchez hacia las reglas del acuerdo de mediación y su distorsión de PROMESA con convenientes para un gobierno que está sintiéndose cómodo con el impago, no un (gobierno) que aspira a ser tomando en serio nuevamente en los mercados de capital”, indicó el abogado Andrew Rosenberg del estudio legal Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

Las expresiones de Rosenberg se produjeron un día después de que Sánchez Sifonte explicara que el equipo fiscal del gobierno y la Junta han conversado con los bonistas para aclarar las dudas que han levantado los acreedores en torno al plan fiscal y la partida que se ha dedicado para el servicio a la deuda.

Sánchez Sifonte rechazó además que el gobierno haya presentado una oferta formal a los bonistas de GOs y aquellos bonistas principales o “senior” de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) durante el proceso de mediación que comenzó entre las partes la semana pasada.

Específicamente, hizo sus expresiones de Sánchez Sifonte durante un foro coordinado por el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) en el hotel Condado Vanderbilt, donde esta reportera entrevistó al abogado y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, acerca del proceso de negociación que se conduce en la ciudad de Nueva York, las medidas que tomaría el gobierno ante la posibilidad de que los bonistas busquen proteger sus acreencias por la vía judicial de no llegar a un acuerdo y las estrategias que se pondrán en vigor para reactivar la economía de la Isla.

Durante el evento de la CEAL, Rosselló Nevares se mostró optimista en que las partes podrían llegar a un acuerdo antes del fin de la suspensión automática en litigios provista en PROMESA, pero el mandatario tampoco descartó que el Gobierno tenga que recurrir al título III del estatuto federal para buscar un alivio en el pago de sus obligaciones.

Según fuentes de este diario, el pasado jueves, el equipo de asesores y del equipo fiscal del gobierno se aprestaba a discutir el alcance de la primera oferta de Puerto Rico bajo la administración de Rosselló Nevares, pero los bonistas rechazaron entrar en los méritos de la propuesta, pues los acreedores objetan el alcance del plan fiscal que sirve de base a la oferta.

Durante el foro, se confirmó que el proceso de mediación está encabezado por el juez de bancarrota Allan Gropper, tal como antes reportó El Nuevo Día.

De acuerdo con tres fuentes separadas de El Nuevo Día, la oferta del gobierno, con el aval de la Junta, contempla pagar entre 50 y 60 centavos de dólar a los bonistas principales de Cofina y de GOs. Según las tres fuentes, la oferta del gobierno incorpora, en parte, la propuesta que se hizo bajo la administración de Alejandro García Padilla y que ofrecía a los bonistas la posibilidad de recuperar el recorte de principal en un futuro, a través de lo que sería algún tipo de bono de crecimiento.

El proceso de mediación, en el que también se busca que los bonistas de GOs y Cofina -quienes se han acusado mutuamente en corte de poseer deuda ilegal- resuelvan su disputa, continúa esta semana.


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