Hasta junio del año pasado, el BGF adeudaba a sus bonistas unos $3,800 millones. Unos $466 millones de esa cifra están en manos de cooperativas de ahorro y crédito. (vertical-x1)
Hasta junio del año pasado, el BGF adeudaba a sus bonistas unos $3,800 millones. Unos $466 millones de esa cifra están en manos de cooperativas de ahorro y crédito. (GFR Media)

A menos de una semana para que expire la suspensión automática de litigios provista en la Ley federal PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no ha completado el análisis de los planes fiscales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec), dos planes críticos tanto para el futuro del otrora agente fiscal como para decenas de cooperativas en la Isla, agencias de Gobierno, municipios y hasta la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La JSF indicó a El Nuevo Día que los planes fiscales individuales de todas las entidades cubiertas por PROMESA -según determinó el ente fiscal en su primera reunión pública- “siguen bajo evaluación”, pero no se indicó cuándo se completaría dicho análisis.

Los planes del BGF y Cossec, pero tampoco aquellos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) no han sido divulgados por la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencial Fiscal (AAFAF) o la JSF.

Ello, a pesar de que el regente fiscal solicitó tales documentos a la AAFAF hace unos dos meses.

“Los planes fiscales de Cossec y BGF continúan ante la consideración de la JSF”, confirmó el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela. “Dichos planes serán divulgados públicamente una vez se concluya el proceso de certificación”.

El próximo 1 de mayo, aparte de que termina la protección contra acciones de cobro de bonistas que el Gobierno ha tenido por espacio de ocho meses, el BGF debe pagar a varias decenas de cooperativas aproximadamente $40 millones en notas que no pudo honrar el año pasado. Específicamente, a finales de abril de 2016, el BGF llegó a un acuerdo con sobre una veintena de cooperativas de ahorro y crédito para extender sus acreencias por otros 12 meses. Ello con la expectativa de que en ese período de tiempo, el BGF pudiera modificar los términos de su deuda pública.

Hasta junio del año pasado, el BGF adeudaba a sus bonistas unos $3,800 millones. Unos $466 millones de esa cifra están en manos de cooperativas de ahorro y crédito.

En el año fiscal 2016, el BGF incumplió parcialmente con sus bonistas al no pagar unos $360 millones, según documentos oficiales. En este año fiscal, el BGF debe pagar unos $430 millones, cosa que tampoco ha hecho.

Mientras, a junio del año pasado, el BGF también era custodio de unos $3,700 millones en depósitos.

En un hilo los depósitos del BGF

Así las cosas, el BGF no ha pagado a sus acreedores, pero tampoco ha restituido la mayor parte de los depósitos que custodia y que pertenecen a agencias de Gobierno, municipios y tampoco a la UPR. En el caso de la UPR, cuyo plan fiscal debe presentarse a la JSF en o antes del próximo 30 de abril, el BGF le adeuda unos $91 millones correspondientes a depósitos del centro docente que no han sido honrados.

“Los depositantes del BGF, los que consisten principalmente del Gobierno y sus corporaciones públicas, podrían sufrir también pérdidas significativas como resultado de la incapacidad del BGF para pagar en su totalidad a sus acreedores, incluyendo los depositantes, lo que a su vez, podría afectar aún más la capacidad de esas entidades de continuar prestando servicios gubernamentales esenciales y cumplir con sus (respectivas) obligaciones financieras”, advirtió el Gobierno en diciembre pasado, cuando divulgó su informe operacional.

Los estados financieros

La falta de un plan fiscal certificado en el BGF, es un factor de incertidumbre para bonistas y depositantes, pero ello también afecta otros aspectos de la renegociación de la deuda.

Según fuentes de este diario, la falta de un plan certificado en el BGF impide que esa institución avance en la preparación de sus estados financieros auditados, un documento clave -a su vez- para que el Gobierno y la JSF puedan avanzar en la renegociación de la deuda pública. Hasta ahora, los principales grupos de acreedores de Puerto Rico objetan el recorte promedio de 80%, a 10 años, en el servicio a la deuda que ha recomendado la JSF y que se certificó en el plan fiscal.

Complejo panorama en Cossec

De igual forma, según las fuentes, mientras la JSF no decida qué sucederá con el BGF o del lado opuesto, qué hará en Cossec, el regulador cooperativo también está maniatado para atender a sobre una veintena de cooperativas en riesgo de descapitalización.

Según el borrador del plan fiscal de Cossec, revelado por El Nuevo Día, aunque el sector posee reservas para encarar pérdidas en los bonos del Gobierno, en el peor de los estimados, las cooperativas estarían cortas en liquidez por $1,221 millones si no pueden recuperar lo prestado al Gobierno.

Sin embargo, tales estimados, según fuentes de este diario, podrían quedarse cortos, pues la oferta del Gobierno a sus acreedores principales, es decir, a los bonistas de Obligaciones Generales y aquellos principales de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) rondaría entre 50 y 60 centavos de dólar.

De ser el caso, la oferta del Gobierno a otros créditos como el BGF y la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés) estaría incluso, en niveles de un sólo dígito, cosa que anticipó El Nuevo Día hace poco más de una semana, al citar al analista de Municipal Market Analytics (MMA), Matt Fabian.

Negociaciones

A pesar de la ausencia de un plan fiscal certificado en el BGF, tres fuentes separadas de El Nuevo Día, aseguran que el grupo Ad Hoc-BGF, representado por Ducera Partners, y ciertas cooperativas de ahorro y crédito participan del proceso de mediación que encabeza el juez Allan S. Gropper.

De igual forma, según las fuentes, otros grupos de acreedores organizados y las aseguradoras municipales también participan del proceso.

El año pasado, el BGF llegó a un acuerdo preliminar con los acreedores que representaba Ducera, ofreciendo a estos unos 47 centavos de dólar. El acuerdo, que requería la participación del 100% de los acreedores, nunca se concretó.


💬Ver 0 comentarios