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Durante décadas el sector privado ha reclamado una reforma laboral que flexibilice la reglamentación actual. (GFR Media)

Una brecha se ha abierto en el panorama laboral del País. De un lado se ubican los portavoces de la empresa privada, del otro, los portavoces de los trabajadores, y en el medio, se sitúa esa relación histórica de patrono y empleado.

Bajo la premisa de que las leyes laborales en Puerto Rico, por su rigidez y excesividad, desalientan la contratación de nuevos empleados y la inversión, durante décadas el sector privado ha reclamado una reforma laboral que flexibilice la reglamentación actual. Esta vez, han sido escuchados casi a plenitud.

El proyecto de ley impulsado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para la “transformación y flexibilidad laboral”, dispone, entre otras medidas, eliminar la Ley de Cierre, disminuir el bono de Navidad y los días acumulados de vacaciones y enfermedad para los nuevos empleados, permitir negociar entre patrono y empleado un horario flexible, aumentar el número de horas para empleados a tiempo parcial de 115 a 130, entre otras.

Efectividad del proyecto

Para los portavoces de los empresarios privados, esta medida es, sin lugar a dudas, de desarrollo económico. Desde su punto de vista, a través de la flexibilización de las leyes laborales, el terreno se hará más competitivo para la inversión de nuevo capital, a la vez que los patronos actuales abrirán sus puertas a nuevos empleos que podrán reducir la cifra de 133,499 personas actualmente desempleadas.

Para portavoces de los trabajadores, así como para las voces críticas de la medida, la reducción de beneficios de los empleados, como toda política de austeridad, redundará en el recrudecimiento de la crisis económica y de la ola migratoria, mientras que, “como una afrenta”, se deshechan avances laborales que se obtuvieron a lo largo de la historia.

El exsecretario del Trabajo, Ruy Delgado Zayas, reconoció que apremia la necesidad de efectuar cambios en las leyes laborales para hacerlas más sencillas en términos burocráticos, para uniformar términos, para permitir la digitalización. Sin embargo, la reducción de beneficios, a su juicio, no debe estar contemplada en esa transformación.

“No es necesario quitarle derecho a los trabajadores para hacer atractivo montar un negocio en Puerto Rico. La experiencia que hemos tenido es que quitar derechos nunca ha producido más empleos, es más, se ha reducido la tasa de participación y se ha reducido el porciento de personas buscando trabajo porque se hace más atractivo vivir del desempleo o marcharse a Estados Unidos”, lamentó el licenciado.

Delgado Zayas, quien fuera secretario del Trabajo bajo el segundo mandato del exgobernador Rafael Hernández Colón, recordó, además, que mientras menos poder adquisitivo tienen los trabajadores en término de ingreso, menos compran y menos se mueve el dinero en la economía. Por lo tanto, manifestó grandes dudas con que se “incentive” la economía.

Al otro lado del espectro, el presidente de la Cámara de Comercio, David Rodríguez, respaldó la capacidad de la medida para incentivar empleos y despertar la economía, pero solo si entran en juego otros factores.

“Hay que verlo como una cadena, este proyecto no es una varita mágica que va a resolver todos los problemas. Yo necesito estar seguro que yo tengo unos permisos que puedo obtener fácilmente, que yo puedo contributivamente aportar al País lo justo, que yo puedo tener la posibilidad de negociar con mis empleados la relación del trabajo y que el Gobierno sea menos burocrático. Si logramos eso, vamos a tener un sistema que va a ser competitivo”, estipuló.

“Volver a la esclavitud”

Para el designado secretario del Trabajo, Carlos Saavedra Gutiérrez, este proyecto lejos de arrebatar beneficios a los trabajadores, son decenas de derechos los que añade. Por ejemplo, igualaría a las empleadas a tiempo parcial el derecho al tiempo de lactancia. A la vez, elogió el llamado “flexi-time”, dado que los empleados tendrán la oportunidad de negociar sus propios horarios de trabajo, ajustándose a sus necesidades, pues queda en sus manos la decisión final.

Sin embargo, el gremio de empleados se opuso férreamente al proyecto de ley, tildándolo de “abusivo”. “Mientras más horas trabajas, menos visión, menos fuerza para producir”, reaccionó el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí.

Incluso, tanto él como el presidente de la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada (Fetem), Víctor Villalba, denunciaron que esta medida es una forma de “regresar a los tiempos de esclavitud”.

“La Coalición del Sector Privado se ha comportado como unos vividores y unos buscones, porque lo que quieren es arrebatarle conquistas a los trabajadores para ellos enriquecerse aun más... Nos entristece que el gobernador le haya entregado el País a los ricos y a los empresarios”, sostuvo.

De los beneficios que se reducen, como el cálculo del bono de Navidad basado en el 2% del salario, en vez del 3% actual, o la reducción de días acumulados por vacaciones y enfermedad, Saavedra Gutiérrez recalcó que esto solo aplica para los empleados nuevos, por lo que dichos derechos adquiridos, para los trabajadores actuales, se mantendrán intactos.

A esto, Irene Maymí, respondió que el proyecto termina convirtiéndose en un atentado contra los jóvenes, que no encontrarán atractivo para quedarse en el País trabajando por menos dinero y con menos beneficios.

Pero Alfredo Hopgood, miembro de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM-PR), recordó que en Estados Unidos, mediante el empleo “at-will”, existen menos beneficios.

“Ya no estamos en la década de los 30 de las centrales azucareras y el aislamiento de las economías. Estamos en una época de globalización donde tenemos que ser competitivos”, sostuvo.

Pequeños empresarios

Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Nelson Ramírez, que agrupa a pequeños y medianos empresarios, se manifestó a favor de las modificaciones laborales.

“Hay pequeñas empresas con un margen de ganancias de 3% o 5%, a la hora de pagar los gastos de la empleomanía, podría significar la ganancia entera de un año”, sostuvo.

Sin embargo, se opuso a la eliminación de la Ley de Cierre, pese a que su entidad decidirá su postura oficial en una reunión próxima. Panaderías, farmacias de la comunidad, mini-markets, supermercados, todos esos negocios serán los principales afectados por la derogación, dijo.

“La pregunta es a quién beneficia, si a los grandes emporios o a las empresas nativas. En ese sentido entendemos que se hará más difícil para las pequeñas y medianas empresas competir con las grandes”, concluyó.


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