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El veterano analista Richard Larkin sostuvo que con PROMESA, Puerto Rico tendrá que entrar en un proceso para salir de su “adicción” a la deuda. (Juan Luis Martínez Pérez)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que nombró ayer el presidente Barack Obama no vendrá a resolver los problemas económicos de la Isla o a mejorar los servicios que ofrece el gobierno, pues en última instancia, ambas tareas seguirán siendo responsabilidad de la clase política, el sector privado y no gubernamental y la ciudadanía puertorriqueña.

De igual forma, aún cuando medio Puerto Rico parece haber fijado sus esperanzas en la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), pasarán por lo menos tres meses, antes de que comience a implementarse el estatuto federal en Puerto Rico.

Ayer, ambas premisas quedaron claramente establecidas durante la conferencia PROMESA, evento en el que expertos en procesos de bancarrota, economistas y empresarios coincidieron en que el alcance del estatuto federal es limitado, pero podría contribuir a que la Isla haga los ajustes fiscales y estructurales necesarios para regresar a una senda de crecimiento económico.

El evento que coordinó la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) comenzó con casi una hora de retraso, como resultado de una protesta de la Jornada Se Acabaron las Promesas, en las afueras del hotel Hilton Condado Plaza. La protesta, en la que por momentos se apreciaban más agentes de la Uniformada que manifestantes, resultó en el cierre al tráfico vehicular por la avenida Ashford en el tramo entre el hotel La Concha y el puente Dos Hermanos, lo que impidió la llegada de los participantes (se esperaban unas 650 personas) e incluso de panelistas. Los principales candidatos a la gobernación David Bernier y Ricardo Rosselló, que habían confirmado sus respectivas participaciones, no se presentaron, mientras que el candidato independiente Manuel Cidre llegó al evento para reiterar la necesidad de que Puerto Rico recobre su credibilidad ante los mercados y asuma un rol proactivo ante la Junta de Supervisión Fiscal.

Pese a los cambios en la agenda, el evento se llevó a cabo en su totalidad y concluyó cerca de las 5:15 p.m.

Ajuste de expectativas

“Aunque esta conferencia es maravillosa y en última instancia, necesaria, las expectativas en torno a lo que la junta de supervisión va a hacer deben ser más bajas”, indicó Matt Fabian, analista para Municipal Markets Analytics  y quien ha seguido las finanzas de Puerto Rico por espacio de 15 años.

Según Fabian, quien cree que Puerto Rico entra en “una nueva era”, cumplir con los objetivos de PROMESA dependerá del grado de colaboración  que exista entre el gobierno y la JSF. Ello, porque de acuerdo con el analista, el énfasis continuará sobre quienes experimentarán los efectos de la legislación federal, es decir, empresarios, empleados, contribuyentes  y sindicatos. “Son estos grupos, y no la junta de control fiscal, los que estarán a cargo de lo que suceda en Puerto Rico”, indicó Fabian.

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Anticipó que será poco probable, que los integrantes de la JSF procedan con cambios “dramáticos” -como podría ser una reforma en los planes de pensiones- y que resulten conflictivos sin que estos tengan el apoyo del gobierno, particularmente si se trata de medidas de austeridad.

A juicio de Fabian, PROMESA es más un mecanismo que busca “aislar” los problemas financieros de Puerto Rico -una economía dependiente de incentivos federales como la Sección 936- del gobierno federal. Ello, en parte, porque el gobierno estadounidense lidia con sus problemas fiscales.

Fabian citó reportes de la Oficina Congresional de Presupuesto que la deuda estadounidense casi representa el 75% del Producto Interno Bruto  y esta se duplicaría en unos 30 años, propiciando déficit mayores.

“En la medida en que basen su crecimiento económico en dinero del gobierno federal y ellos tengan menos, no es una buena estrategia”, agregó Fabian al explicar que ello solo podría verse como alternativa de corto plazo. “El crecimiento tendrá que salir de Puerto Rico”, prosiguió el analista, al tiempo que sostuvo que las violaciones recientes al orden de pagos en la Constitución harán muy difícil que Puerto Rico pueda acceder a capital en el futuro cercano.  

Por su parte, el veterano analista Richard Larkin sostuvo que con PROMESA, Puerto Rico  tendrá que entrar en un proceso para salir de su “adicción” a la deuda.

“Estamos a meses de que pueda haber acción con PROMESA”, dijo Larkin al plantear que la junta tendrá que constituirse y nombrar el personal que colaborará con esta, lo que podría tomar entre tres a seis meses.

A juicio de Larkin, antes de tomar acción, la JSF tendrá que analizar la magnitud del problema fiscal, incluyendo su posición de efectivo, así como completar los estados financieros más recientes.

Además, según Larkin, tendrá que tomarse una decisión definitiva con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) e intentar recobrar parte de la reputación perdida ante el mercado inversor.

De acuerdo con el analista jefe de Stover Glass & Co., si Puerto Rico no hace los ajustes necesarios para transformar su entorno se corre el riesgo de que sea excluido de los mercados financieros por largo tiempo.


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