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Gerardo Portela, jefe de AAFAF, reconoció que incumplir con los objetivos fiscales impuestos por la JSF podría provocar la imposición de medidas más extremas. (horizontal-x3)
Gerardo Portela, jefe de AAFAF, reconoció que incumplir con los objetivos fiscales impuestos por la JSF podría provocar la imposición de medidas más extremas. (Archivo / GFR Media)

El equipo fiscal de la administración de Ricardo Rosselló Nevares defendió ayer el proyecto de ley del Ejecutivo que permitiría ejecutar el Plan Fiscal para Puerto Rico, aunque reconoció que la medida se fundamenta en unos estimados de ingresos que difieren de las proyecciones incluidas en el documento que certificó  la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Ante ese panorama, el gobierno procura identificar cuanto antes fuentes de recaudos adicionales, pues incumplir los objetivos fiscales trazados en el plan abriría la puerta para la imposición de las medidas de austeridad más extremas que anticipó la JSF, como la eliminación del Bono de Navidad para los empleados públicos, la reducción de la jornada laboral de 20% en el gobierno y el recorte en servicios de salud. 

Los jefes del Departamento de Hacienda (DH), de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) comparecieron ayer a una vista pública conjunta de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Representantes para apoyar el proyecto de administración sometido el martes  y que crearía la “Ley de Cumplimento con el Plan Fiscal”.

Durante la extensa vista pública, la subsecretaria del DH, Roxana Cruz Rivera, reveló que el gobierno determinó aminorar la magnitud del aumento al arbitrio de los cigarrillos al tomar en cuenta el impacto que ese incremento tendría en los patrones de consumo de ese producto. 

Cruz Rivera explicó que la propuesta contenida en el plan fiscal avalado por la JSF hubiera aumentado el arbitrio de los $3.40 por cajetilla que se aplica actualmente a $6.50, lo que representaba un alza de 91%. Ahora, el proyecto de ley dispone elevar ese gravamen a $5.10 por cajetilla, o 55% más que el arbitrio vigente. 

La funcionaria precisó que ese cambio conllevó un ajuste en las proyecciones de ingresos, pues en el plan fiscal se estimó que ese aumento en los cigarrillos y productos derivados del tabaco hubiera allegado $161 millones, y ahora solo ingresarían al fisco alrededor de $52 millones. 

El representante Antonio Soto, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, preguntó a Cruz Rivera cómo subsanarían esa diferencia, pero la deponente no pudo brindar una respuesta concreta.

“En el DH, estamos trabajando iniciativas de ingresos que no están en el plan fiscal, pero es parte de nuestra función en el DH. Entendemos que vamos a poder utilizar o llevar a cabo iniciativas que permitan que podamos ejecutar el plan fiscal, según certificado”, manifestó la subsecretaria durante la audiencia pública. 

Soto, por su parte, recalcó la importancia de que se cumplan con las métricas de estimados, y advirtió que la experiencia con otros aumentos tributarios de ese tipo ha sido que las personas disminuyen su consumo o se las ingenian para no tener que pagar el arbitrio.  

“El ciudadano común y corriente va a defender sus 100 centavos producto de cada dólar, y va a buscar alternativas. No tengo problema con la medida, pero entiendo que esas medidas de ingresos adicionales tenemos que sentarnos y definirlas. No podemos permitir que, en momentos como los que estamos viviendo, nuestra proyección de ingresos no se cumpla y pongamos en riesgo el cumplimiento del plan”, dijo el legislador del Partido Nuevo Progresista durante su turno de preguntas. 

Edwin Pérez, presidente de la compañía Puerto Rico Supplies Group, también alertó a los miembros de las comisiones legislativas sobre el efecto que han tenido otros aumentos al arbitrio de los cigarrillos en la industria tabacalera. Argumentó que pasados incrementos, en lugar de lograr los recaudos estimados, han perjudicado el mercado y mermado los ingresos. 

La compañía que se dedica, entre otras cosas, al procesamiento y distribución de productos de tabaco, encomendó un estudio a la firma Estudios Técnicos sobre el impacto del alza propuesta en el proyecto, y ese análisis concluyó que, si se elevara el arbitrio a $5.10 por cajetilla, la demanda por el producto se reduciría en 39%, y los recaudos por el arbitrio igualmente bajarían en más de $14.2 millones. 

“El estudio concluye que el punto óptimo para optimizar los recaudos se conseguiría aumentando el arbitrio actual a $3.88”, enfatizó Pérez Hernández.

Discuten medida con la JSF

Al abandonar el salón donde se efectuó la vista, Soto indicó que, como parte de la evaluación que llevará a cabo la Comisión de Hacienda los próximos días, se asegurará de que los estimados que sirven de base al proyecto de ley sean cónsonos con los presentados y acordados con la JSF en el plan fiscal. 

“Tenemos que asegurarnos de que esos ingresos estén porque eso es parte de lo aprobado en el plan fiscal. Si no se dan, tendríamos que buscar otras medidas de ingresos o reducción de gastos que logren el mismo resultado”, indicó Soto a los periodistas.  

El representante de mayoría destacó, además, que la Asamblea Legislativa atenderá con premura el proyecto de administración, pues la intención es aprobarlo antes del 30 de abril, fecha límite establecida por la JSF para que el Ejecutivo presente el presupuesto recomendando para el próximo año fiscal.

“La aprobación de la medida requieren un nivel de eficiencia nuestro y que se trabaje con prontitud. El presupuesto que tiene que ser sometido a la JSF está basado en unos supuestos también, y parte de esos supuestos están considerados dentro de esta legislación”, apuntó. 

Después de concluir los trabajos legislativos, Soto y el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, se reunieron con el presidente de la JSF, José Carrión III, y la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko, en la oficina del líder legislativo.

Aunque no abundó detalles, Soto confirmó a El Nuevo Día que, durante el encuentro, discutieron algunos aspectos de la legislación sobre el plan fiscal, y cuál sería el escenario si no se cumpliera con alguno de los estimados. 

“Estuvimos en diálogo con ellos sobre las medidas de recaudos, y cómo podemos mitigar cualquier situación que surja si en alguna medida no dan las proyecciones de ingresos, cómo mitigarlo, y el espacio de acción que tenemos para atender eso. Y sí, hay espacio”, se limitó a decir el representante de mayoría. 

El proyecto bajo discusión no solo contempla el alza en el impuesto sobre los cigarrillos como medida para estabilizar las finanzas del gobierno, pues además dispone equiparar los beneficios marginales de todos los empleados gubernamentales, indistintamente si laboran en el gobierno central o una corporación pública. 

Gerardo Portela, director ejecutivo de la AAFAF, indicó que las corporaciones públicas gastan un promedio de $10,840 en beneficios marginales por empleado, mientras que las agencias del gobierno central desembolsan en promedio $2,523 por cada funcionario. 

Afirmó que estadísticas de la Junta de Planificación y del BGF señalan que, para el año fiscal 2016, las corporaciones públicas fueron responsables del 72.9% del total de la deuda pública. 

“El nivel de deuda de las corporaciones públicas con respecto a las agencias es muy similar al nivel de gastos en los beneficios de empleados en dichas entidades para con el resto de los servidores públicos”, dijo Portela. 

La pieza legislativa también ampliaría la cubierta del seguro de responsabilidad obligatorio, y aumentaría las primas correspondientes, establecería un dividendo extraordinario a los miembros de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, permitiría transferir cualquier sobrante que haya en una corporación pública al Fondo General, y limitaría las partidas presupuestarias asignadas a compras en beneficio de las pequeñas y medianas empresas.


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