El editor de Negocios, Rafael Lama, y la periodista Joanisabel González dialogan sobre los procesos de la vista dirigida por la jueza Laura Taylor Swain

La jueza federal de distrito Laura Taylor Swain estableció ayer las reglas de juego que regirán el ajuste de deuda pública más grande de la historia estadounidense, al tiempo que subrayó que invocar el Título III de la ley federal PROMESA supondrá “dolor” y “decepción” para todas las partes, pero el proceso debe redundar en “una ruta futura” para Puerto Rico.

En un plazo de tres horas y media, Taylor Swain escuchó al principal asesor legal externo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Martin Bienenstock, y a casi una decena de abogados de bonistas, aseguradores municipales y otros acreedores, quienes dijeron que las partes están dispuestas a colaborar para llegar a acuerdos y facilitar los trabajos de la corte.

Empero, aunque Bienenstock reiteró que la JSF interesa llegar a acuerdos consensuales, también aceptó que completar el proceso de ajuste de deudas no será factible sin resolver controversias entre acreedores como aquella entre los bonistas de Obligaciones Generales (GOs) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), así como disputas contractuales y de alcance constitucional.

Por su parte, los abogados de los acreedores -en mayor o menor grado- aprovecharon los pocos minutos que tuvieron en sala para expresar preocupación ante la posibilidad de que sus clientes -tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico- resulten afectados.

Orientada al detalle

Ayer, tal y como anticipó El Nuevo Día, Taylor Swain aprobó tres de las seis mociones de la JSF (conocidas en el mundo del Código de Quiebras como “órdenes del primer día”), por no haber oposición a estas.

Las mociones avaladas por la jueza fueron las relacionadas con la notificación al público -mediante anuncios en prensa- del inicio de los procesos de Título III, la contratación de la firma Prime Clerk y aquella que otorga unos 60 días al Gobierno para presentar su lista de acreedores.

Taylor Swain aprobó tales mociones luego de sugerir varios cambios. La jueza, por ejemplo, pareció orientada al detalle cuando sugirió incorporar una leyenda para especificar a qué caso aplican los recursos que se le presenten, en qué circunstancias las mociones serán “urgentes” o “informativas” o cuando procuró que la JSF se comprometiera a que los avisos de Título III se publiquen en inglés y español y tomando en consideración que un número importante de puertorriqueños ha dejado la Isla.

Además, la jueza aprobó la contratación de la firma de trabajos secretariales, Prime Clerk, luego de preguntar directamente a su vicepresidente, Christopher R. Schepper si la empresa tiene capacidad para cumplir con trámites particulares del caso.

Fracasar no es alternativa

Taylor Swain entró a la sala tres del edificio Clemente N. Ruiz Nazario, que alberga el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, a las 9:29 a.m. y despachó las tres mociones no objetadas aproximadamente una hora después del inicio de la audiencia.

Allí, en la sala que regularmente suele presidir el juez federal Francisco A. Besosa, había silencio cuando Taylor Swain dijo sentirse honrada con la encomienda que le dio el juez presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John G. Roberts.

“La ruta futura incluirá dolor”, advirtió la jueza al indicar que el gobierno puertorriqueño no tiene dinero para pagar “en su totalidad y a tiempo” la deuda pública y los servicios a la población.

Acto seguido, Taylor Swain instó a las partes a colaborar y pareció definir su encomienda. Esto, al explicar que “los sacrificios” que hagan las partes deben resultar en un Puerto Rico más sólido que retenga los talentos de la Isla, que resulte en una educación de calidad, asegure el bienestar de los retirados y una economía “vibrante” que agregará valor a quienes han invertido en el futuro de Puerto Rico.

El tono conciliatorio de Taylor Swain, empero, no encontró ecos inmediatos en sala.

Diferencias

A pesar de que la orden de Taylor Swain para la audiencia de ayer solicitaba conocer si puede emplearse el recurso de la mediación, las partes no abundaron en el tema.

En su lugar, los abogados de la Coalición Cofina y del Grupo de Fondos Mutuos, Susheel Kirpalani (de Quinn Emanuel) y Thomas Moers Mayer (de Kramer Lavin Naftalis & Frankel), respectivamente, objetaron las mociones de administración conjunta de los casos de Título III. Ello, ante el temor de que la consolidación -para fines procesales- limite los derechos de sus representados o si el Gobierno dispone de fondos restrictos como ahora permite la Ley de Cumplimiento Fiscal.

Bienenstock y Scott K. Rutsky, ambos de Proskauer, refutaron el asunto, indicando que la JSF no ha tomado postura en la controversia GOs-Cofina y que solo se busca fleixibilidad para atender el caso.

A ello, la abogada Marcia Goldstein, en representación de National Public Finance Guarantee, aseguró que la JSF tomó su postura, una vez incluyó los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) en la base de ingresos del plan fiscal.

Tras escuchar los planteamientos y por entender, que los reclamos eran prematuros, Taylor Swain denegó las objeciones y dio paso a las mociones de administración conjunta procesal (no sustantiva) y aquella de manejo del caso.

Asuntos pendientes

La jueza Taylor Swain dejó en el tintero una moción acerca de las cuentas bancarias del gobierno.

En ese caso, la JSF, la Aafaf y los acreedores tendrán que negociar un lenguaje para que el Gobierno notifique con al menos 30 días de anticipación cualquier movimiento de dinero de un fondo a otro.

También quedó en el tintero una moción de emergencia del fiduciario Bank of New York Mellon, que solicitó instrucciones para pagar a los bonistas de Cofina.

Contento el gobierno

Para el representante de Puerto Rico ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte, los trabajos de ayer favorecieron al gobierno.

“Al momento la jueza ha favorecido todas las posturas que ha presentado tanto la Junta como el gobierno de Puerto Rico”, dijo Sánchez Sifonte.

Explicó que la adjudicación del caso de Cofina tiene una injerencia directa sobre el gobierno de Puerto Rico y viceversa.

“No presenta mucha lógica llevar un caso separado con Cofina cuando básicamente, puedes resolver el asunto del gobierno de Puerto Rico… Representa un ahorro procesal y en términos de gastos. Yo no puedo entender cómo se puede argumentar en contra de eso”, indicó.


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